Desde hace más de 40 años, a partir de la gran reforma fiscal de la transición política de 1977, se hacen enormes esfuerzos para adoctrinar financieramente a nuestra juventud y a los ciudadanos y no para enseñar los valores de la economía justa con impuestos suficientes para el gasto social a través de impuestos solidarios.
La educación financiera no ayuda ni fortalece económicamente a los ciudadanos. Al contrario, debilita a los más débiles al legitimar futuras tropelías financieras como las de las preferentes a pequeños ahorradores y jubilados. Con el argumento del consentimiento financiero informado los más vulnerables quizás no tendrán amparo jurídico para reclamar ante los tribunales ante estafas de guante blanco. No se está intentando instruir a los ciudadanos y a las familias con herramientas útiles para afrontar los problemas de la economía cotidiana.
Se trata de blindar financieramente a los poderosos. La banca ya ha puesto en práctica procedimientos engañosos donde los clientes firman “tener formación financiera” a la hora de contratar algo tan elemental como una cuenta corriente. Una comisión bancaria desorbitada, un tipo de interés abusivo, o endosar al cliente un producto financiero de riesgo ya no podría ser objetado ante los tribunales. El paraguas de la formación financiera será el argumento para consumar el escarnio a los ciudadanos.
Resolver los problemas de la vida material
La mayoría de la población del país disfruta de los ingresos necesarios para una subsistencia elemental: alimentarse, vestirse, pagar la vivienda; los servicios esenciales (energía, electricidad y gas, agua y saneamiento); gastos de transporte y comunicación; y no mucho más. En el Estado del Bienestar el suministro de los servicios básicos por los gobiernos permitía a las familias completar lo que el salario no daba para afrontar una vida decente. El Estado se obligaba a facilitarlos por mandato democrático y porque eran derechos básicos de las personas.
La privatización en las últimas décadas de algunos de aquellos bienes comunes condujo a la pobreza creciente en su consumo, como los energéticos. Desde el estallido de la Gran Recesión, en 2008, hay hogares que no pueden pagarlos y las rentas de los españoles son cada vez más escasas: el 30% de la población española es pobre y al 50% de los trabajadores se les redujo el salario. Los ciudadanos pierden bienestar y no tienen márgenes de ahorro, ni los asalariados, ni la mayoría de autónomos y tampoco los pequeños empresarios, incluidos los mal llamados emprendedores nacidos del desamparo laboral del paro. El único dinero que detraen, voluntariamente, o no, de su renta los más vulnerables es el destinado a la pensión de retiro y que, en estrictu sensu, no es un ahorro disponible sino un ingreso diferido.
¿Qué educación financiera necesita una población cuya riqueza económica se reduce a un acceso cada vez más limitado a los bienes materiales necesarios para una vida digna y que no puede ahorrar? Los ricos son monetariamente poderosos, miden su patrimonio en millones, miles de millones de dinero. Bill Gates y Amancio Ortega compiten año a año en el ranking de los 10 primeros miles millonarios. Sin embargo, para la mayoría de las personas la riqueza económica es cómo poder resolver sus necesidades vitales diarias y disfrutar del confort y la dignidad mínima acorde al tiempo en el que vivimos.
La elaboración de un presupuesto familiar no exige de formación financiera y empatar el ingreso mensual de los salarios, de un subsidio o de una pensión con el gasto imprescindible no requiere ser matemático financiero. Es una simple confrontación numérica entre lo que se recibe, se paga y se debe: simples sumas y restas. Que las cotizaciones para las pensiones no se depositen en fondos especulativos o de inversiones incontroladas e inciertas, que el Estado garantice su cobro en el momento del retiro es un derecho adquirido de las personas y no es necesario resolver un algoritmo financiero. Que los bienes y servicios básicos (sanidad, educación, agua, energía, justicia) sean de acceso universal y haya recursos suficientes para su mantenimiento es un asunto de derechos humanos de las personas, no financiero. En términos económicos, para la ciudadanía, un problema de fiscalidad y tributos justos y suficientes.
Confusión de herramientas
La CNMV y el Banco de España, que nada supieron de la quiebra de Bankia, trabajan con los ministerios de Economía y Hacienda en acciones conjuntas para difundir en todos los ámbitos la educación financiera. En la educación reglada se concreta en los programas de la asignatura de Economía de 4º de ESO para estudiantes de 15 años. Enseñan “a saber si llegaremos a fin de mes con nuestro sueldo y si vamos a necesitar un plan de pensiones privado”, aconsejando contratar uno cuánto antes.
A las mujeres se les advierte de que como cobran menos y cuidan de sus hijos deben, con más razón, completar la jubilación con un plan privado de pensiones. En la escuela primaria también se ha introducido, en la formación curricular, el concepto de emprendedor como un valor económico, alentando el esfuerzo y el egoísmo individual. Se induce a los niños a ser futuros contribuyentes de un plan de pensiones privado. A los adolescentes se les enseña el valor el ahorro personal frente al modelo solidario de reparto vigente en el actual sistema de pensiones y se argumenta, complementariamente, defendiendo la desigualdad de género y contra la conciliación familiar. Un despropósito en toda regla.
Además, los programas enmarcan la educación financiera en la visión unívoca del mercado, que no garantiza la provisión de los servicios públicos universales. Los bienes comunes son derechos económicos universales y no es admisible que el acceso a los mismos dependa de una renta suficiente para comprarlos. Los ciudadanos no se comportan racionalmente como agentes de mercado en la demanda de estos servicios necesarios, no abandonan, salvo en situaciones extremas, su consumo porque su precio suba. Y los proveedores son oligopolios que fijan precios y cantidades según beneficios esperados: no es posible el precio de equilibrio de mercado en estos servicios que son derechos y no mercancías.
Adicionalmente, los poderes económicos no quieren pagar impuestos porque sustraen recursos para la producción de bienes mercantiles con lucro privado. Consiguen rebajas tributarias llevando el problema del déficit público a crónico y a la carga social de la fiscalidad en injusta al eliminar y rebajar los impuestos directos al capital y no los que gravan el consumo de todos. Así, el déficit público se convierte en insoluble y los recortes de derechos económicos de los más débiles en una constante, como viene sucediendo en los últimos años en la economía española. La educación financiera viene para quedarse, legitimar la economía liberal y financiera del mercado, para advertirnos sobre el riesgo de nuestros ingresos presentes y futuros amedrentando a los ciudadanos con verdades económicas falsas; entre muchas, la quiebra del sistema de pensiones.
Financiarización insolidaria de la economía
FinanciarizaciónLa crisis económica en curso tiende a la concentración de capitales, al monopolio y a la financiación creciente de la actividad empresarial al tiempo que la automatización y el avance tecnológico envían al paro a los trabajadores y reducen salarios. Esto es, emergen problemas de demanda y riesgo para las inversiones y de sobreproducción que animan a los empresarios a financiarse con crédito ajeno. El ahorro empresarial para amortizar la inversión en innovación y amortiguar la crisis del capital se hace a cuenta de los impuestos – desgravaciones- y se utiliza, sin permiso, el ahorro o la liquidez de las familias en los bancos: en cuentas corrientes, en depósitos, en fondos de pensiones y otros productos financieros, para acometer inversiones de riesgo o especulativas.
Ahí está la burbuja inmobiliaria. Se demanda crédito al tiempo que la elusión tributaria desvía flujos de beneficios privados del circuito productivo a paraísos fiscales que vuelven blanqueados en patrimonios personales que agravan la inequidad social. Este comportamiento perverso para la economía y los ciudadanos lo instrumentan educados directivos a través del conocimiento financiero profundo y la ingeniería fiscal de la evasión.
En materia de educación cívico fiscal, La reforma de los años 70 dio lugar a programas voluntarios, la mayoría aislados, sin carácter institucional y obligatorio, explicativos de la importancia del gasto público y los impuestos, instrumentados a través de actividades lúdicas y visitas a instituciones públicas y oficinas de la Hacienda Pública. En los 90, la colaboración entre el Ministerio de Hacienda y el de Educación dio lugar al nacimiento de del PECT (Plan de Educación Cívica y Tributaria). Pero no llegó a institucionalizarse en un formato educativo curricular.
Más de lo mismo que se venía haciendo desde la década de los 70. Ya a inicios de éste siglo, y como contrapartida a la exclusión de la religión del currículo evaluable en la asignatura de religión, se introdujo la asignatura de Educación para la Ciudadanía incorporándole contenidos de Hacienda Pública. La ultima ley educativa, la LOMCE eliminó esta materia y la Agencia Tributaria paralizó por razones presupuestarias el PECT.
No hay ahora ninguna formación que empodere a los jóvenes con los derechos económicos básicos y su financiación. Por el contrario, a partir de los efectos de la crisis de la Gran Recesión y sus coletazos en asuntos como las preferentes, crece el interés por introducir la educación financiera. Y para la mayoría de los ciudadanos, como ya dijimos antes, la economía no es un asunto de las finanzas sino del pago de los impuestos en proporción justa a su renta y de un Estado que a través de la redistribución de los ingresos desde los que más tienen a los más débiles, asegure la provisión de los bienes comunes.
La educación fiscal y tributaria compromete a la población en el valor de los impuestos, el gasto público, la igualdad, la solidaridad y prepara a los ciudadanos para que no están indefensos frente a los que con educación financiera los engañan, los empobrecen y los convierten en vulnerables y excluidos económicos. Somos campeones destacados entre los países desarrollados en corrupción, la Unión Europea acaba de denunciar que España no tiene ni estrategia, ni instrumentos, ni recursos para combatir el fraude que defiendan a los ciudadanos del expolio del dinero público. Incluso, insiste no sólo en la impunidad de los grupos de presión, sino también en que la ley favorece a los corruptos. Frente a ello, está claro: más educación y responsabilidad fiscal y tributaria y menos finanzas.
Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor.