La importancia de las elecciones del 25 de mayo frente a otras citas electorales europeas viene dada por el momento crítico que vive la Unión Europea y por el hecho de que el Parlamento Europeo (PE) va a tener mayores competencias (no, desde luego, las que permitirían afirmar que el funcionamiento de las instituciones europeas es ya democrático). A pesar de ello, se prevé una elevadísima abstención y un avance serio de las fuerzas políticas antieuropeístas hasta el punto de que algunas de ellas pueden vencer en países de la talla de Francia, Italia y el Reino Unido.
No es difícil encontrar las causas de esta aparente paradoja. La primera de ellas, el fracaso clamoroso en la gestión de la crisis por parte de los líderes políticos europeos, con sus secuelas de desempleo, pobreza, desigualdad y deterioro de las prestaciones sociales y servicios públicos que caracterizaron el contrato social y los Estados de bienestar que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, y que constituían una de las principales señas de identidad de la Unión Europea. La segunda, que viene de más lejos, es la falta de transparencia y de democracia en la toma de decisiones por parte de las instituciones europeas. Y, esta vez, las decisiones han afectado directamente y de forma negativa a las condiciones de trabajo y de vida de decenas de millones de personas, especialmente en los países del sur de Europa y en otros llamados “periféricos”. En tercer lugar, hay una percepción generalizada de que se ha gobernado en favor de los intereses de los poderes financieros y económicos, olvidando los intereses de la mayoría de la ciudadanía, percepción muy fundada. Por último, la crisis y su gestión han puesto de manifiesto que la UE y, en particular, su zona euro carecen de instrumentos eficaces y democráticos de gobierno.
No es de extrañar, por lo tanto, que la confianza en la UE esté bajo mínimos en la gran mayoría de los Estados miembros y que haya caído de forma dramática en aquellos que, como España, mayor apego manifestaban al proyecto europeo. La mala gestión de la peor crisis económica vivida por el mundo en 80 años, a través de las llamadas políticas de austeridad, ha generado una crisis política profunda. El hecho de que la desconfianza en las instituciones políticas nacionales sea mayor en muchos países, entre ellos el nuestro, sólo añade profundidad a la crisis europea. Soy consciente de que esta percepción de la ciudadanía afecta también a organizaciones sociales tan importantes para cualquier sociedad democrática como son los sindicatos y las organizaciones empresariales.
La gestión de la crisis y las alternativas económicas y políticas para salir de ella deberían haber sido el núcleo de la campaña de las elecciones europeas. Lamentablemente esto no ha sido así. Desde luego no en nuestro país y sólo parcialmente en los debates entre los candidatos a presidir la Comisión Europea. Tendrá que hacerse inmediatamente después. Es inaplazable, porque la continuidad de un camino que produce tantas desigualdades y divergencias entre los Estados sólo puede llevar a la destrucción del proyecto europeo.
El sindicalismo europeo, superando las diferencias políticas y culturales nacionales que, lógicamente, le afectan, ha hecho un esfuerzo propositivo a la altura de la gravedad de la situación. Comento a continuación sus ideas clave.
La llave de la recuperación económica es la inversión productiva. Hay que realizarla con unos objetivos claros de reindustrialización, desarrollo sostenible, suficiencia energética y aumento de la productividad basado en la formación, la investigación y la innovación tecnológica. El plan de inversiones que propone la Confederación Europea de Sindicatos (CES) podría canalizar el exceso de liquidez mundial para financiar a bajo coste, principalmente a través del BEI, proyectos de inversión por un monto en torno al 2% del PIB europeo. Aplicado durante diez años podría crear cerca de 11 millones de empleos. Los proyectos transeuropeos y los de los países más castigados por la crisis tendrían prioridad.
Refundación política de Europa
El gobierno económico de la UE no puede limitarse a una mini unión bancaria y al control de los ajustes presupuestarios nacionales. La UE y la zona euro, con distintos grados, necesitan un gobierno económico democrático, controlado por el PE. Sus principales instrumentos deberían ser: un BCE reformado que tuviera competencias equivalentes a las de la Reserva Federal de los EE UU y que actuara de garante de último recurso del euro; un Tesoro común con capacidad de emitir deuda en euros; una fiscalidad europea armonizada y progresiva con un plan de acción eficaz contra el fraude y los paraísos fiscales; políticas sectoriales europeas, en particular industriales y energéticas; y, un presupuesto europeo más fuerte que comenzara a tener ingresos fiscales propios (impuesto a las transacciones financieras). La reducción de los déficits y las deudas son, por supuesto, objetivos necesarios. Prescindir del gasto superfluo y combatir la corrupción ayudan pero los instrumentos fundamentales para lograrlo son la reactivación y la fiscalidad. No lo son ni la austeridad ni la aceptación del dumping fiscal.
Es imprescindible la construcción de un nuevo contrato social europeo que pasa por la restauración del diálogo social a todos los niveles, con la ampliación y renovación de sus procedimientos europeos y con el fortalecimiento de una negociación colectiva basada en la autonomía de las partes. La UE tiene que establecer un sistema de normas sociales y laborales básicas, aplicables a todos los Estados que incluya cuestiones como los salarios mínimos, las rentas básicas o un seguro de desempleo de carácter europeo.
Una parte de estas propuestas requieren la reforma de los tratados de la UE. Pero salir de la peligrosa encrucijada en la que la UE se encuentra necesita, sobre todo, de un nuevo proyecto político compartido que sea apoyado por una mayoría de la ciudadanía europea. Este es el sentido de hablar de una refundación política de Europa. Hay que trabajar por llegar a una Convención constituyente, plenamente democrática y con participación de las organizaciones sociales, que la aborde. Para mí su horizonte son los Estados Unidos de Europa. Pero no se puede perder ni un minuto para gobernar lo más urgente. Si la troika ha impuesto la austeridad y la devaluación interna sin competencias y vulnerando la Carta de Derechos Fundamentales y los convenios de la OIT, ¡cómo no se va a poder gobernar ya en positivo para sacarnos de esta maldita crisis!