La economía va a ocupar un espacio central en las políticas de un Gobierno de coalición que se ha comprometido con ambiciosos objetivos sociales, conocedor de los límites que impone la situación económica y los márgenes que ofrece la Unión Europea y la zona euro.
En contra de una interesada opinión publicada, la plural composición del ejecutivo, lejos de ser un problema, constituye una oportunidad para avanzar de manera simultánea en la reversión de la reforma laboral del PP y en el impulso de reformas estructurales largamente aplazadas.
En el centro de esa agenda reformista (las izquierdas no deberían dejarse robar esta bandera) se sitúa un nivel de empleo aún escaso y de baja calidad y ello tiene repercusiones en muchos ámbitos. Comenzando porque contribuye a mantener e incrementar los brutales niveles de desigualdad social y es un claro factor de ineficiencia económica. Además, con empleo precario es imposible garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social, condición necesaria aunque no suficiente de unas pensiones dignas y revalorizadas periódicamente.
Existe en la sociedad española un amplio consenso en relación a los efectos perversos de nuestro modelo de empleo, pero ese acuerdo se desvanece cuando se trata de analizar sus causas. Incluso existe gran discrepancia en la propia definición y delimitación del fenómeno, hasta el punto de que lo que para muchos es precariedad para otros es flexibilidad empresarial o modernidad. Y sobre todo existen ciertos comportamientos esquizoides o farisaicos que combinan el quejido sobre los efectos de la precariedad con políticas que la incentivan.
Aunque el problema más importante de diagnóstico quizás sea dónde se sitúa el foco. Así, cuando se habla de políticas de empleo se dirige la mirada exclusivamente a la legislación laboral, tanto desde la óptica de los que denunciamos que la ley incentiva la precariedad del empleo, como de los que exigen más y más desregulación, que eufemísticamente llaman flexibilidad. Y suelen olvidarse los factores económicos, de modelo productivo, que inciden en la creación o destrucción de empleo y en su mayor o menor calidad.
Para encarar con posibilidades de éxito cualquier agenda reformista la concertación social deviene clave. Y en este marco, quizás lo primero y más importante es disponer de un diagnóstico compartido sobre nuestros principales déficits y retos.
En este sentido existe una amplia coincidencia en algunos de los endémicos problemas de nuestro tejido productivo. Carencias formativas, insuficiente innovación, poca densidad exportadora, baja productividad, elevada dependencia energética y poca cultura de sostenibilidad. Y en el origen de todo ello una determinada y desequilibrada especialización sectorial.
Todos estos factores merecen muchos matices. Así, se habla de las carencias formativas de las personas trabajadoras y muy poco de la escasa formación de muchos de nuestros empresarios, especialmente de las PYMES. Cuando dirigimos la mirada hacia nuestros déficits en innovación todo el mundo se fija en los avances tecnológicos, sin prestar atención a la importancia de la innovación de productos y sobre todo en los procesos, claves en la mejora de la organización del trabajo. Si de capacidad exportadora se trata es útil profundizar un poco más y constatar que España ha aguantado muy bien los embates de la gran recesión, ha aumentado el número de empresas pero no conseguimos mejorar el nivel medio tecnológico de los productos o bienes exportados. Los datos agregados de productividad esconden que en ese bosque, junto a sectores de muy baja productividad hay otros que aguantan muy bien cualquier comparación, en un entorno mundial – hay que decirlo todo- de poco crecimiento de la productividad.
En cambio hay un factor de nuestro modelo productivo sobre el que se habla mucho, pero se profundiza poco. Me refiero al pequeñísimo tamaño medio de las empresas españolas. Una preocupante laguna en la reflexión colectiva dado que se trata de un factor que recorre, tiene efectos transversales y se encuentra en el origen de gran parte de nuestros déficits productivos y económicos.
El pequeño, mejor seria decir micro, tamaño medio de nuestras empresas, sobre todo en términos comparativos, es un dato conocido, del que incluso se alardea -especialmente en el mundo de la política-, pero que pasa desapercibido y es ignorado cuando se trata de sacar conclusiones sobre sus efectos. A lo sumo sirve para que todo el mundo repita litúrgicamente la necesidad de dar apoyo a las PYMES.
De entrada es importante destacar de que estamos hablando. Nuestro tejido productivo está formado – si se utilizan los datos del Registro del Directorio Central de Empresas del INE por 3.363.197 empresas, de las que 1.882.745 no tienen asalariados. Del resto, el 61% solo tienen 1 o 2 asalariados, el 89,9% tienen menos de 10 personas en sus plantillas y el 98,3% tienen menos de 50 asalariados. El registro de la Seguridad Social nos dice que solo 39.000 empresas 38.935 tienen más de 50 trabajadores, 17.623 tienen más de 100 personas trabajadoras contratadas y solo 2.364 más de 500 empleados. Para hacerse una idea comparativa, mientras en España se considera PYME a las empresas de hasta 50 trabajadores, en la UE esta clasificación alcanza a las empresas de hasta 250 trabajadores.
Lo que sucede en el mundo de las PYMES tiene una gran incidencia en el conjunto de nuestra economía. Según el Facts Sheets de la UE del 2018 las PYMES españolas aportaron el 62,2% del valor añadido total y el 72,4% del empleo (el 41% del empleo total si hablamos de las micro-empresas).
El tamaño de las empresas es un factor determinante en relación a todos y cada uno de los factores que consideramos puntos débiles de nuestro tejido productivo.
De entrada nuestras pymes y micro empresas tienen serias dificultades para incorporar la innovación a sus prácticas. Por supuesto hay de todo y va por barrios, pero en general la innovación no forma parte de la lógica de las pymes y micro empresas. Según la última encuesta de innovación empresarial del INE, en el 2018 cerca del 40% de las empresas de más de 250 trabajadores destinaron recursos a innovación empresarial, pero solo un 13,7% de las de 10 a 249 asalariados lo hicieron. En el caso de empresas de hasta 10 trabajadores (la mayoría) los datos son insignificantes. Destacable es la distribución sectorial que también tiene relación con el tamaño empresarial. Un 6,2% de las empresas en la construcción, un 9,2% en la Agricultura, un 12,5% en servicios (aquí las diferencias subsectoriales son abismales) y un 25,6% en Industria destinaron recursos a innovación.
Lo mismo sucede en el terreno de la formación, en el que los trabajadores/as de estas empresas tienen mucho menos acceso a las acciones formativas, sea cual sea su modalidad. En el año 2018 hicieron alguna acción de formación bonificada un 21,2% de las empresas susceptibles de ser destinatarias de estas acciones. La distribución por tamaño empresarial es significativa. Un 92% de las grandes empresas, el 81,2% de las medianas, el 49,7% de las pequeñas y el 16,6% de las micro-empresas.
Además de la desigualdad en el acceso a la formación que ello comporta, estos datos pueden explicar muchas cosas. La menor formación suele ir acompañada de menos estabilidad en el empleo –no hay incentivo empresarial para consolidar plantillas- menos innovación y menos productividad.
Aunque las mayores carencias formativas de las pymes y micro empresas no se dan entre las personas trabajadoras, sino entre los empresarios, en los que muchas veces se mezcla el rol de propietarios y directivos.
El tamaño de nuestras empresas está también directamente vinculado a los niveles de precariedad. Ese inmenso ejército de pymes y micro empresas propicia su utilización por las empresas centrales –que controlan productos y mercados, pero externalizan la producción de bienes y servicios- a partir de procesos de descentralización productiva ineficientes, porque no están basados en la especialización sino en la reducción de costes a cualquier precio, vía subcontratación en cadena y sin límites.
Ello incentivado por una regulación legal (subcontratación, primacía del Convenio de empresa sobre el sectorial) que no solo propicia sino que incentiva la utilización de las pymes y micro empresas en esta estrategia de externalización precarizadora.
Todos estos datos hacen evidente que el tamaño medio, micro, de nuestras empresas constituye hoy uno de nuestros más importantes problemas, porque transversaliza y está en el origen de muchas de nuestras carencias productivas. Lo que requiere actuar de manera coordinada desde diferentes ámbitos de la acción de gobierno (económico, fiscal, laboral, innovación).
Me atrevo a decir que este es uno de los grandes retos –sino el más importante- de cualquier agenda reformista. Que requiere cultura política del larga mirada, perseverancia, cooperación entre diferentes administraciones y concertación social para construir una estrategia de país que nos permita a medio plazo aumentar de manera significativa el tamaño medio de nuestras empresas.
Porque, no nos engañemos, en relación a las empresas el tamaño sí importa y mucho. Es determinante.