Personas migrantes llegan casi diariamente a las costas canarias, de Ceuta o de Melilla sin que los periodistas puedan fotografiarlas de cerca, conocer sus condiciones o el paradero que les espera, en un contexto en el que la estrategia del Gobierno es retenerlas allí, aisladas del continente europeo. Un grupo de periodistas lleva días exigiendo en Canarias su derecho a acceder a ellas, pero una barrera policial se lo impide.
Las autoridades violan así el derecho a la información de la sociedad española. No podemos conocer cuántas personas llegan, cuántas son rescatadas, si se están respetando sus derechos básicos o cuáles son sus historias. “Siempre hay que ir demasiado lejos, porque es allí donde encontrarás la verdad”, escribió Albert Camus como consejo a cualquiera que se dedique al oficio de informar.
Esta censura impuesta por el ministerio del Interior a informadores y fotógrafos y, por tanto, a toda la sociedad, no es la excepción que confirma la regla. Obedece a una cultura de la impunidad que, por ejemplo, ha perpetuado la vigencia de una ley obsoleta procedente del franquismo: la de Secretos Oficiales, de 1968, modificada parcialmente en 1978, que hace de España una anomalía en su entorno europeo, porque limita notablemente el derecho de acceso a la información. Esta ley no establece un procedimiento claro para clasificar y desclasificar información pública, ignora el test de proporcionalidad y de necesidad y, a diferencia de buena parte de los países del mundo, no contempla plazos de desclasificación, permitiendo que estos sean eternos.
A través de ella, gobiernos del PP y del PSOE nos han ocultado información de inteligencia, de asuntos exteriores, de energía, de industria, de cuestiones militares y de política interior. Tenemos menos conocimiento que otras democracias de nuestro entorno sobre qué hacen nuestros gobiernos y por lo tanto carecemos de capacidad para aprobar o cuestionar decisiones que se nos siguen ocultando, como las ventas de armas a países en guerra. Así mismo, esta ley nos condena a ignorar nuestro pasado reciente, puesto que capítulos esenciales del franquismo y el posfranquismo forman parte aún del laberinto prohibido por dicha normativa.
Somos un país amnésico por la fuerza, que no se conoce a sí mismo, que no dispone de herramientas para identificar eventos del pasado trascendentales que explican nuestro presente. Si alguien quiere acceder a documentos oficiales sobre ciertas etapas de la represión franquista, la descolonización del Sáhara Occidental, el intento de golpe de Estado del 23F, el papel de la monarquía o las operaciones de los GAL verá su deseo frustrado, a pesar del tiempo transcurrido. Se trata de temas cuyo conocimiento público no afectaría ya a la seguridad nacional, pero sin embargo hay resistencia desde ciertos sectores a que dicha información sea revelada. ¿Quizá porque podría quebrar falsos pilares con los que se han construido los pesos y contrapesos del poder?
“La Ley de Secretos Oficiales es un obstáculo para avanzar en la investigación de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, indica Amnistía Internacional. Varias organizaciones no gubernamentales se unieron hace un tiempo a través del programa “Armas bajo control” precisamente para exigir acceso a la información sobre las exportaciones de armas.
España dispone de una Ley de Transparencia y de otra sobre el control del comercio de armamento (2007). Además, ratificó en 2014 el Tratado sobre el Comercio de Armas, pero todo ello se topa en la práctica con muros y agujeros negros originados por la Ley de Secretos Oficiales y por dos acuerdos posteriores aprobados en Consejo de ministros: Uno, de 1987, suscrito bajo mandato de Felipe González, que convierte en secretas todas las actas de la junta interministerial encargada de aprobar las exportaciones de armas, y otro en 2010, bajo mandato de Rodríguez Zapatero, que autoriza la clasificación de 14 áreas completas de la política exterior española.
Greenpeace acaba de llevar ante los tribunales el secretismo oficial en la venta de armas, alegando que la ausencia total de control parlamentario a las exportaciones de armamento español se salta la ley nacional e internacional y poniendo como ejemplo dos casos: la venta de morteros de la empresa NTHS a Arabia Saudí, país involucrado en la guerra de Yemen, y un envío de bombas racimo de la empresa Expal también a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos. Uno de los recursos ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La venta de los morteros es significativa, porque recientemente un vídeo ha demostrado la presencia de varios morteros españoles -modelo Alakran de 120 mm- en la zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudí, uno de los lugares más caliente del conflicto yemení, considerado por la ONU como la mayor crisis humanitaria contemporánea. Este hallazgo vuelve a cuestionar la legalidad de las autorizaciones de exportación de armas concedidas por las autoridades españolas.
El Gobierno actual anunció hace unas semanas que propondrá una nueva Ley de Secretos Oficiales que pretende tener lista a finales de año, después de que el PNV haya solicitado su reforma en repetidas ocasiones. Esta vez parece que no habrá, como ocurría en el pasado, bloqueo por parte de PP y PSOE, pero queda por ver qué plazos contemplará la nueva normativa para poder acceder a información hasta ahora prohibida y si ésta permitirá unos márgenes satisfactorios de vigilancia periodística y social sobre las decisiones políticas del presente y un conocimiento público y general del pasado reciente, tan oculto, tan atado.
Las dinámicas heredadas de la dictadura se resisten aún a ofrecer todos los derechos propios de las democracias contemporáneas, pero sus vigas están visiblemente carcomidas. Hay que terminar con las resistencias que solo conseguirían prolongar la agonía de una etapa que debe llegar a su fin. Como bien indica la recomendación 13/2000 del Consejo de Europa sobre una Política de Acceso a los Archivos, “un país no se convierte en democrático completamente hasta que cada uno de sus habitantes tiene la posibilidad de conocer de manera objetiva los elementos de su historia”.
Esto es aplicable a la defensa de la transparencia por parte de los poderes públicos y del ejercicio del periodismo con unos cánones de libertad propios de una democracia europea. Porque la información es uno de los pilares básicos de las sociedades libres y democráticas. Porque una sociedad mal informada es fácilmente manipulable.