Cómo enquistar conflictos

La “operación Volhov” que ha llevado a cabo la Guardia Civil en diversos municipios de Catalunya ha sido dirigida por el coronel Daniel Baena y tutelada por el titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. El operativo se habría saldado con una treintena de registros y una veintena de detenciones. Se trataría de una pieza separada que derivaría de las diligencias previas 11/2016 referentes a un presunto delito de corrupción en la Diputación de Barcelona. Puede que las casualidades existan. A primera hora de la mañana también se hacia pública la decisión de la fiscalía de no presentar recurso ante la sentencia absolutoria de Josep Lluís Trapero y la cúpula de los Mossos d’Esquadra alegando “el rigor y la calidad técnica” de esta. Es más: el escrito del ministerio fiscal sí cuestiona la calidad de los atestados policiales que llevan la firma del mismo Baena. Nada nuevo, ratifica una idea que desarrolla ampliamente el fallo.

Avancemos. Hoy jueves se celebra en el Congreso de Diputados una votación importante: el contenido y el alcance del Estado de Alarma, instrumento que debería ser el paraguas para la gestión de la pandemia durante esta segunda ola. A diferencia de marzo, se constituyen en autoridades competentes delegadas las presidencias de las CCAA. Serán ellas, en función de desarrollo de sus competencias, las que modularán las medidas que se crean más convenientes en cada contexto. Hasta el último momento hay negociaciones en marcha: sobre la duración y el control parlamentario de este instrumento, sobre la inclusión de la posibilidad de confinamientos domiciliarios diurnos, y hasta la potestad de ordenar el teletrabajo. De entrada, parece que la mayoría gubernamental cuenta con los votos de, como mínimo, los que apoyaron la investidura. Puede que más.

Avancemos más. El martes pasado el gobierno aprobó una propuesta de presupuestos que sus responsables caracterizaron como “expansivos” y “progresistas”. Y estos deben encarrilar su curso. Las cuentas, que aumentan un 10.3% en gasto público, buscan atender las prioridades actuales pero a la vez contemplar inversiones para transformaciones de fondo de el sistema productivo. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias le han dado trascendencia a una de las leyes más importantes del funcionamiento de la legislatura: esta supone la adopción de una senda nueva que puede permitir afrontar retos estructurales socio-económicos del país. Se prevé una entrada de nuevos recursos con el aumento de impuestos a las rentas más altas de capital (más de 200.000 euros anuales) y de trabajo (más de 300.000); así como a grandes empresas y sociminis. Junto a esto los morados han conseguido arrancar un acuerdo para la regulación del precio de alquileres con un plazo de 4 meses y mejoras de acceso al IMV.

Para que la triangulación de progresista y plurinacional se consolide resulta imprescindible avanzar en dos direcciones: la consecución de la estabilidad del bloque de la investidura con la aprobación del estado de alarma y los presupuestos generales; y la distensión de la crisis catalana. Ambas cosas van de la mano, difícilmente una va a avanzar sin la otra. Para desplegar la potencialidad de la correlación de fuerzas más disruptiva desde la II República se requiere que ningún vértice de la figura geométrica (PSOE, Podemos y ERC) se baje del carro. Si se caldea el ambiente pre-electoral catalán los republicanos pueden recibir presiones para desentenderse de la batalla. Coger el toro por los cuernos en esta crisis del régimen del 78 requiere plantear transformaciones profundas en la administración pública, poder judicial y cuerpos policiales, entre otras. Las resistencias serán importantes y la existencia de ruido puede a la vez generar tensiones en algunos sectores socialistas. 

Retornamos a lo que decía antes. Puede que las casualidades existan. Pero también cabe decir que en nuestro país tenemos una amplia experiencia de voluntad de interferencia de determinados sectores de los aparatos del Estado para comandar el devenir político. Y su activación para bloquear ciertas salidas negociadas de conflictos enquistados. Se identifica una suerte de consciencia corporativa de que los sujetos estatales perviven en el tiempo y que los gobiernos van pasando. Además, la constatación cada vez más amplia del agotamiento de algunos consensos territoriales, políticos y socioeconómicos genera mayores y más virulentas resistencias al cambio. En definitiva, dejando al margen la valoración sobre el contenido del proceso judicial en marcha (aún no han trascendido informaciones fiables) resulta como mínimo pertinente poner en duda la gestión de los “tempos” en la ejecución del operativo. Y precisamente por esto, será importante observar si los principales actores de la triangulación tienen capacidad de poner luces largas y cabeza política. Parafraseando una gran campaña de otros tiempos, lo que más les duele.