Unas semanas después de asistir a su desenlace y tras vivir con intensidad un proceso que había llevado a mucha gente a pensar que un cambio de rumbo en la construcción europea era posible, las lecturas sobre la crisis griega nos dejan una sensación profundamente inquietante en la manera en que se ha resuelto este episodio. Isidro López, diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid y miembro del Observatorio Metropolitano, describe en este artículo cómo el recurso al referéndum del gobierno de Syriza ha terminado por poner de manifiesto de manera descarnada una realidad que ya hace algunos años pudimos intuir en la imposición de gobiernos tecnócratas en la propia Grecia y en Italia: la gobernanza económica en la UE ha sido sustraída a la ciudadanía, y cualquier pretensión soberana de apartarse del camino de la ortodoxia resulta ignorada, cuando no directamente aplastada, en la medida en que suponga un cuestionamiento de los dogmas neoliberales.
Al margen de la problemática de la deuda de los países del Sur, la forma en que se están llevando a cabo las negociaciones sobre el TTIP no hace sino ratificar la anterior afirmación: las políticas económicas que llevan a cabo las instituciones europeas se despliegan a una escala que escapa al control democrático. Si esas políticas entran en contradicción con los intereses generales, como ha sucedido a raíz del desarrollo de la crisis financiera, se imponen por la fuerza.
No deja de ser paradójico que el proyecto europeo, mientras que a nivel de garantías jurídicas ha sido capaz de articularse como un espacio en el cual la protección de los derechos y libertades individuales se ha visto amparada y reforzada, se encuentre a estas alturas y a su vez absolutamente desacreditado en cuanto espacio de integración, más allá de la unión monetaria, y solidaridad entre los estados miembros, con unas instituciones absolutamente sometidas al poder económico. Así, en el marco de la crisis griega y citando nuevamente a Isidro López: “La decisión del Banco Central Europeo de bloquear el ELA y dejar a los bancos griegos con sus problemas de liquidez (...) es una aberración desde el punto de vista de las funciones democráticas de un banco central. La función de los bancos centrales es proteger a los ciudadanos que dependen de él de la crisis, no provocarla por motivos políticos”.
Esta misma idea de que la crisis griega se ha abordado atendiendo a criterios exclusivamente políticos y no a ningún tipo de racionalidad económica era defendida en este medio esta misma semana por Miguel Urbán, para quien “la Troika nunca quiso negociar un acuerdo con Grecia porque ”acordar“ implica partir de posiciones distintas para llegar a un ”acuerdo“, cediendo cada parte en un proceso libre y dialogante”. La resolución del conflicto abre así, como decíamos, un horizonte preocupante, y es que “no hay una maquina más potente de generar euroescépticos en este momento que las instituciones europeas y el Eurogrupo”. No deja de sorprender, en este caso, la ceguera ante los desequilibrios que ha generado la construcción europea y la fractura social que estos conllevan, una fractura social que desde luego no va a solucionarse a base de austeridad.
Llegados a este punto, y a pesar de la sensación de fracaso y la preocupación que cabe experimentar ante el desarrollo de los acontecimientos, podríamos extraer también algunas conclusiones valiosas de lo ocurrido en estos últimos meses. En este sentido, pensamos que uno de los aspectos que hay que poner en valor es el trabajo de la comisión que ha llevado a cabo la auditoría de la deuda griega.
Hay dos aspectos que nos parece importante resaltar. En primer lugar, hay que reconocer que en el marco de una negociación que difícilmente puede reconocerse como tal y tan desequilibrada como la que se ha producido entre Grecia y el Eurogrupo, el informe de auditoría no es condición suficiente a la hora de que la parte deudora pueda plantear una quita si no va acompañado de otro tipo de medidas de presión. Y sin embargo, al mismo tiempo tenemos la impresión de que ha sido una herramienta infrautilizada de cara a ganar una batalla igualmente importante como es la de la opinión pública europea.
Dicho de otra manera, las conclusiones de la auditoría griega podrían ayudar a tender puentes y articular redes entre la ciudadanía de los estados miembros, en la medida en que pone de manifiesto lo que los mecanismos de rescate implican en términos de un gigantesco proceso de privatización de beneficios financieros y socialización de pérdidas a escala europea.
En España, y a distinto nivel, la creación de Observatorios Ciudadanos Municipales constituye un paso sumamente interesante en esta dirección, a la espera de lo que ocurra en los próximos meses y del resultado de las inminentes elecciones generales. Pendientes de cómo se desarrolle un posible proceso de confluencia entre Podemos y la nueva Plataforma Ahora en Común, pensamos que sería deseable que la cuestión de la auditoría ocupara un lugar central en los programas y en el debate público.
Si bien, y como se ha demostrado, la negociación desde abajo de una posible quita no deja de ser sumamente problemática y dependería de las alianzas que fueran capaces de establecer los países afectados por la austeridad, creemos a su vez que el potencial de la auditoría ciudadana de la deuda reside precisamente en implicar a la ciudadanía en un proceso a través del cual conocer los mecanismos mediante los cuales se ha generado el endeudamiento y, a través de ese conocimiento, exigir responsabilidades. Asimismo, y en el marco de una posible recuperación, serviría para cuestionar el modelo sobre el cual se ha asentado el crecimiento de la economía española durante las últimas décadas. Tal y como señalaba Alberto Garzón esta semana en Zona Crítica, “las reformas estructurales impuestas por la troika en los países del Sur de Europa tienen como objetivo profundizar en el carácter periférico y dependiente de estas economías”. Frente al ‘no hay alternativa’ y al discurso del miedo hacia un proceso que implique una transformación profunda, debemos ser capaces de explicar que perseverar en la especialización inmobiliaria de la economía española supone hipotecar nuestro futuro y aceptar “un modelo económico de precariedad laboral y social”.
Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.