Cada vez que oigo que la trama de los ERE en Andalucía se montó en su origen para “mantener la paz social”, pido la cuenta, y corro a mirar la factura para ver cuánto ha costado. 680 millones, dice la sentencia que este martes ha condenado a varios ex dirigentes de gobiernos socialistas. Entonces me digo como el del chiste, aquel del mendigo que pide un euro para un bocadillo, y un listo le dice “toma dos euros y me traes otro para mí”. ¿La paz social de Andalucía cuesta 680 millones? ¡Pues póngame dos!
La expresión apareció literal en algunos documentos de la Junta que modificaban el sistema de subvenciones, o aumentaban el dinero destinado a ayudar a las empresas en crisis, en base a ese argumento: “el mantenimiento de la paz social”. En unos años, recordemos, en que la crisis económica arreciaba y grandes empresas cerraban o despedían por cientos.
Y la misma “paz social” ha sido evocada por los hoy condenados repetidas veces, cuando declaraban en el juicio o ante la prensa: la intención fue buena, era necesario ayudar a los trabajadores afectados por cierres y reestructuraciones, y evitar así un mayor daño social. Una noble idea, bienintencionada, que se habría echado a perder por culpa de unos cuantos caraduras que destinaron el dinero a otras cosas; esa es la versión exculpatoria de los socialistas. Este martes, tras oír la sentencia, el mismo PSOE andaluz insistió en defender la honradez de sus ex presidentes: ha quedado probado que no se enriquecieron, no montaron una trama para forrarse, sino para una buena causa que acabó torciéndose, dicen.
Te dicen “paz social” y no suena mal, ¿verdad? “Paz” es un concepto positivo, nadie quiere su contrario, la guerra. Y “social” presupone necesidades, sensibilidad, ayuda a los desfavorecidos. ¿Alguien puede estar en contra de que un gobierno destine dinero a conseguir y mantener la “paz social”? Pues sí. Yo, por ejemplo.
Para mí el peor delito de los ERE no está en la corrupción, el descontrol de dinero público, las cantidades desviadas, el fraude, el clientelismo, los amigos beneficiados, el favoritismo a los ayuntamientos afines, los intrusos, el fondo de reptiles, las prostitutas o la coca. Todo eso, siendo delictivo, vino después, fue consecuencia. El delito está en su origen, en el propio concepto: en esa idea de comprar la paz social dedicando unos cuantos cientos de millones para que no haya guerra social.
De un partido socialista y obrero (la S y la O de las siglas PSOE, recordemos) uno espera algo mejor que paz social: justicia social. Esa de la que siguen muy faltos los andaluces, después de décadas de gobiernos socialistas. El dinero ahora sentenciado se usó para pacificar, y se quiso hacer a cualquier precio, cuanto antes, prescindiendo de controles. Se debería haber utilizado, además de para ayudar a quienes lo necesitasen, para transformar el sistema productivo, evitar la desindustrialización de comarcas enteras, crear empleo y no solo aliviar el desempleo, combatir un modelo económico injusto, históricamente injusto, y en el que siempre pierden los mismos cuando vienen mal dadas.
Pero claro, la justicia social no la compras con 600 ni con 6.000 millones, cuesta algo más.