Ni quito ni pongo rey pero ayudo a mi señor
El hermano de un gobernante –que trabaja en una empresa dedicada a la iluminación– no puede obtener beneficio alguno de intermediar en una compra de material sanitario entre una segunda empresa, de un amiguete de ambos, dedicada a los cultivos no perennes, y la administración que encabeza su hermana. Que esa empresa cambie unos días antes su epígrafe de cotización para hacerla compatible, que el contrato se adjudique a dedo y sin licitación y que se reconozcan estos cobros no constituyen elementos periféricos sino agravantes de lo sucedido. Haberlo declarado a Hacienda tampoco aporta nada sino asegurar que no hay infracción fiscal. Señores, se puede delinquir en A.
Cualquiera que afirme que tal comportamiento es perfectamente legal y lícito solo muestra su escasa sensibilidad democrática y su menoscabado sentido de la honestidad. Si tal cuestión constituye un ilícito penal, un incumplimiento del código ético de un partido o siquiera si puede probarse es algo que comprobaremos, pero en ningún caso puede devenir en argumento para blanquear un comportamiento inaceptable en democracia.
La búsqueda de la verdad precisa, desde luego, de la intervención de la Justicia, que es la única capaz de rastrear los datos porque es la única con potestad para obtener documentos fiscales, cuentas, conversaciones y todo aquello que puede seguir el rastro de ese contrato, más allá de lo que oficialmente se ha mostrado. La Justicia es la única que puede tomar declaración a las personas que intervinieron; la amenaza del castigo, lo único que puede llevar a los intervinientes a contar su verdad. No obstante, ya se lo adelanto, es difícil y lento. Difícil porque para llegar a la cabeza siempre es necesario que los que están en primera línea decidan colaborar y no inmolarse, y eso se ha demostrado insalvable en casos anteriores y depende mucho de las circunstancias de poder que se produzcan. Llegar a Isabel Díaz Ayuso a través de una investigación penal no es algo sencillo ni que vaya a suceder mañana mismo. Podría incluso no suceder nunca –pregúntenles a tantas X que se quedaron sin despejar– y eso no haría menos inaceptable, en términos de limpieza democrática, lo sucedido. Tampoco les niego que si hubiera la misma constancia de estos hechos en algún otro cargo público de otros partidos, este estaría ya en la picota de los mismos que ahora se estremecen como damiselas decimonónicas a la hora de ponerle la proa a Ayuso y hasta les auguraría la eficacia de cualquier juez random en abrir las diligencias con premura.
Sin embargo, la cortina de humo de Sol no tiene humo ni oculta nada. Un ataque puede ser la mejor defensa siempre y cuando haya ataque. Pretender enredar con un supuesto escándalo de espionaje –ponerle melodía parecida para que suene a Kitchen– cuando no se ha producido tal es poco parapeto. Si acusas a tus conmilitones de haberte espiado, conviene que no salga un detective a decir que no hizo el más mínimo movimiento porque eran datos que no podía obtener de forma legal –solo un juez puede hacerlo–. Si nada se hizo, nada se pagó, así que ni hay espionaje ni hay caso ni hay humo ni tapas nada. No hay caso penal en las acusaciones indignadas de Isabel Díaz Ayuso, más allá de dar relato a los que luchan en su bando y tal vez constatar de nuevo que en la cúpula de su partido son más de guardarse las bazas que de denunciar donde deben. Es totalmente inequiparable lo que enardece a la una y lo que denuncia el otro. Lo cierto es que la cúpula del PP no fue a la Justicia en aquel momento y, lo que es peor, sigue sin acudir a entregar los datos y la documentación que obran en su poder. Cuando en la formal rueda de prensa García Egea afirmó que los servicios jurídicos del PP estaban trabajando, tuve la esperanza de que fuera para ir con todo lo que tuvieran a un juzgado. No ha sido así pero no les queda otro remedio que personarse para acusar en cualquier procedimiento que se abra sobre esta cuestión.
Esta astracanada política no es solo un juego de poder. No es un entretenimiento. No es ni siquiera la posibilidad o el riesgo o la esperanza de que el potencial electoral de unos, de otros o de sus adversarios se vea alterado. Ni siquiera es únicamente la constatación de la poca altura y valía personal y política de las personas que dirigen el Partido Popular o que gobiernan en su nombre. Es algo más grave y más difícil de solucionar. Es la constatación del descarrilamiento de la mayor parte de los resortes de control democrático.
Primero descubrimos cómo los controles internos y los parapetos de la propia institución no fueron suficientes y cómo es fácil seguir dando apariencia de legalidad, sobre todo en tiempo de zozobra, a la avaricia y el nepotismo. Luego vimos que el control externo que las democracias reservan a la oposición en las cámaras tampoco funcionó y que hasta una diputada de la Asamblea del PSOE fue acallada y expulsada cuando intentó preguntar por este caso en sede parlamentaria. El resto de grupos tampoco consiguió ni informarse ni controlar estos actos de contratación. La denuncia pública a través de la investigación periodística de este diario también zozobra, se estrella contra la falta de eco que otros medios deberían hacer de esas denuncias y contra el ambiente emponzoñado en el que hay tanta mentira que resulta sencillo hacer pasar por falso lo que sí es verdadero.
Por último, y no menos importante, asistimos a la constatación de que el principal control político y democrático que se realiza a través de las urnas no funciona tampoco desde hace tiempo. El mercado político, con su oferta de programas y gestión y su demanda en función de los resultados, se ha averiado sobre todo en el ámbito de la derecha. Si la corrupción no desincentiva el respaldo, no hay motivo alguno para no corromperse. Es más, el silogismo parece ser el inverso: “Puesto que tengo más respaldo, puedo hacer lo que quiera”. Si el único apoyo que nos queda, la única fuente de decencia, es el control penal, somos una sociedad enferma.
Todo esto es un drama. No lo digo por los que andan pegados a la pared o puestos de perfil sin saber a qué señor servir o ponerle vela. Eso solo afecta a los comisionistas de poder o de prebendas o de protección y en el pecado llevan la penitencia. Todo esto es un drama porque un país democrático, cualquiera, precisa de un partido conservador democrático, limpio, civilizado y con un comportamiento homologado y homologable. Si el PP implosiona, si se reduce a cenizas como la UCD, a nadie le cabe duda de que la ultraderecha iliberal se expandirá para ocupar ese espacio electoral y eso sí que nos debe preocupar. Enlazamos aquí con el último episodio, el que llevó a Ayuso a oponerse a Casado para defender la normalidad de gobernar junto con Vox. Si nos quedamos sin partido conservador, que la ultraderecha iliberal llegue a Moncloa solo es cuestión de tiempo.
Ahora sigan si quieren comiendo palomitas, a mí se me atragantaron hace mucho.