Anticorrupción ha dedicado 21 páginas a argumentar por qué en el tema de las preferentes no hay delito. Casi una sentencia. Fuentes fiscales aseguran que el fiscal general del Estado lleva diez meses impartiendo órdenes para que la posición frente a las querellas sea de archivo. En el propio informe presentado ante el Juzgado Central 4 se recoge que “la preferencia de la vía civil sobre la penal fue acordada en el encuentro celebrado en la Fiscalía General del Estado de 21 de septiembre de 2012 al que asistieron, entre otros, los fiscales superiores de los diferentes TSJ”.
Llegan tarde, esa es la buena noticia. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha ordenado al juez Andreu que admita a trámite no sólo la querella sobre preferentes que obra en su poder, sino aquellas que le lleguen, y no sólo referidas a Bankia, sino también a las cajas que se integraron con Caja Madrid para formarla.
Lo que a todas luces es un órdago para mantener a los banqueros fuera del alcance de la jurisdicción penal -o sea de la cárcel-, ha quedado de facto anulado. Ese y no otro parece ser el empeño de la Fiscalía General en este tema. Primar la vía civil es primar que se pague con dinero -eso siempre puede conseguirse- y evitar que se pague con la prisión si fuera menester. Y los afectados por las preferentes quieren recuperar su dinero, eso es evidente, pero muchos de ellos también quieren justicia y ésta pasa por la búsqueda de responsabilidades entre los que han convertido su vida en un calvario.
Lo mejor del informe de Anticorrupción es lo que dice, no la conclusión a la que llega. Hace una descripción perfecta de las preferentes y nos reconoce que la CNMV admite que sus afirmaciones sobre el cumplimiento de la normativa “se basan solo en los procedimientos establecidos y en la documentación aportada y que no se puede comprobar si, como alegan los clientes, hubo recomendaciones verbales para que las adquirieran”. Pero claro, Anticorrupción hace un sesudo análisis de fondo de la cuestión y llega a la conclusión de que “dada la cercanía entre el ilícito penal y el civil, su diferenciación a veces resulta muy compleja”. ¿Deciden por tanto investigar y que sea un juez el que lo determine? No, ¡vive Dios!, concluyen entrando en el fondo del asunto que lo suyo es lo civil y que nanay de investigar por lo penal.
Vamos, lo que siempre hace la Fiscalía. Compre usted un camión a letras. Deje de pagarlas. El fiscal pedirá que le investiguen por estafa, por si acaso usted ya hizo la compra pensando en dejar de pagar. Ya se ve, el mismo criterio.
Hay incluso dentro de la carrera fiscal quien ve en estos argumentos una defensa del banquero y una eventual apertura de cuenta de la responsabilidad de los bancarios. Una especie de puerta abierta a purgar a los capitanes y salvar a los generales.
El papelón ya se veía venir antes de este informe. En su reunión anual de hace unos días, la Unión Progresista de Fiscales afirmaba: “Es preocupante la pasividad que está mostrando la Fiscalía General del Estado ante un problema de gran impacto social y posible trascendencia penal como es el de las preferentes. Aunque hay evidencias de una posible estafa a gran escala, ejecutada a partir de instrucciones con origen en las más altas instancias de las instituciones financieras (...), tal pasividad resulta especialmente grave si se la compara, por ejemplo, con la reciente iniciativa de la Fiscalía General encaminada a la valoración (...) jurídico-penal de los escraches”.
Más allá de lo dicho, en la propia descripción realizada en el informe de Anticorrupción, además de la estafa podrían verse indicios de administración desleal o de falsedad contable. No a los ojos de la Fiscalía, como queda claro, en este informe realizado en la fase de admisión a trámite que se cierra en banda a cualquier investigación, a cualquier práctica de prueba y que incurre incluso en la falta de respeto de entrar a analizar el fondo de la cuestión.
No vamos a pensar en a quien beneficia esta postura.
No vamos a señalar que la mano de la Fiscalía General del Estado es larga.
También se han filtrado otras razones más prácticas para no aceptar esta acción penal. Que se colapsaría el juzgado de la AN que lleva el caso. Que harían falta refuerzos. El juez Andreu no cree ninguna de las dos cosas. No quiere que el CGPJ elija a un juez para que lleve parte de sus causas. Y llevará el caso penal por las preferentes.
No vamos a pensar en que quieran desplazar causas de un juez a otro bajo la amenaza del exceso de trabajo.
Vamos a pensar... que para ser feliz quiero un camión...