“España es una república bananera”. El mantra de la derecha política y mediática en los últimos años. No hay semana sin que un portavoz de partido, un columnista o un tertuliano usen la manida expresión. ¿Gobierno de coalición con Podemos? República bananera. ¿Pactos con Bildu o ERC? República bananera. ¿Ley de amnistía? República bananera. ¿Cambio de mayoría en el Constitucional? República bananera. ¿Desplante de algún socio del gobierno al rey? República bananera. ¿Un mediador salvadoreño? ¡Por favor, eso es de república ba-na-ne-ra!
Los últimos en apuntarse al estribillo, el presidente de los empresarios y la presidenta madrileña. A Garamendi, de CEOE, no le gustó que la vicepresidenta Díaz opinase sobre los sueldos de los directivos del Ibex: ¡intervencionismo propio de república bananera! A la presidenta madrileña, Ayuso, tampoco le gustó que otra vicepresidenta, Ribera, cuestionase el sentido de la oportunidad de un juez: ¡tratan a la justicia como si España fuese una república bananera!
La verdad es que, de tanto oír a unos y otras decir que vivimos en una república bananera, a veces hasta yo me pregunto si no será cierto. Pero en seguida me digo que no, que es una exageración. España no es una república bananera ―es decir, un país corrupto donde no se respetan las leyes―, sino una democracia consolidada. Ni caso, son exageraciones.
Si España fuese una república bananera, el gobierno bananero podría, qué se yo, perseguir a rivales políticos usando para ello a la mismísima policía. El partido gobernante bananero crearía un cuerpo parapolicial bananero que con dinero público se dedicaría de manera sistemática a acosar policial, judicial y mediáticamente a cualquiera. Fabricarían pruebas falsas para hundir reputaciones, investigarían sin orden judicial, chantajearían para obtener información, destruirían pruebas en causas que le perjudicasen.
Si España fuese una república bananera, el gobierno bananero haría circular dosieres con información falsa para atacar a sus rivales. Contaría además con jueces bananeros que le siguieran el juego y abriesen causas que tarde o temprano acabarían archivadas, pero que por el camino permitirían difamar, perjudicar a dirigentes de otros partidos, influir en procesos electorales, hacer perder el escaño a diputados, encarcelar a inocentes, involucrar a un jefe policial en una trama de narcotráfico, acosar a todo un fiscal jefe si se le ocurriese levantar alguna alfombra. Habría listas negras de funcionarios, políticos y empresarios; se inventarían cuentas falsas en paraísos fiscales. Y además contarían con medios de comunicación bananeros que lo publicarían todo.
Si España fuese una república bananera, el partido gobernante bananero se aliaría con comisarios corruptos bananeros y con las peores ratas de la cloaca bananera. Y de todo ello serían puntualmente informados el ministro bananero del Interior, la secretaria general del partido bananero y el mismísimo presidente bananero del Gobierno. Y por supuesto, no habría tribunales que lo investigasen pese a las evidencias y las denuncias de los afectados: los jueces bananeros se pondrían de perfil.
Pero no, por suerte España no es una república bananera. Ni lo es hoy, ni lo fue en años anteriores. No exageren.