El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quiere prohibir el aborto en la mayoría de los casos. De lograr su objetivo, España será el segundo país en Europa que pase de un régimen liberal a uno restrictivo en materia de aborto, negándole a las españolas un derecho que las mujeres tienen en casi todos los países europeos.
El aborto fue despenalizado en España en 1985, pero en ese momento era sólo legal en casos de violación, cuando el feto presentaba deficiencias severas, o cuando había un riesgo para la vida o la salud de la mujer. En 2010, el Ejecutivo dio un paso histórico al modificar la ley, permitiendo a todas las mujeres la práctica del aborto hasta la semana 14 de embarazo, sin necesidad de una causa específica.
Ahora, sólo algunos años después, Rajoy está tratando de coartar la autonomía reproductiva de las mujeres, comprometiéndose públicamente a trabajar con el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón para presentar una reforma legal antes de verano que criminalice de nuevo el aborto salvo en dos excepciones: en casos de violación y cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer.
No hace falta imaginar lo que sucederá a las mujeres que viven en España si los políticos logran restringir severamente el acceso al aborto legal y seguro; es suficiente con mirar la situación en Polonia.
Polonia es el único país en Europa que ha reformado las leyes de aborto radicalmente, lo cual ha hecho que el aborto legal y seguro para las ciudadanas polacas sea inexistente, incluyendo a las víctimas de violación y a aquellas mujeres cuyos fetos presentan anomalías. Según la ley de este país, las mujeres deberían tener el derecho a acceder a un aborto si pueden acogerse a cualquiera de esos dos supuestos; pero la realidad es muy diferente.
En noviembre del 2012, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó al gobierno de Polonia por limitar el acceso al aborto legal a una adolescente que fue víctima de violación, conocida como P. Ella había seguido la ley al pie de la letra en un intento por conseguir un aborto legal y seguro. Sin embargo, P se encontró con una serie de trabas que impidieron que recibiera ayuda de las autoridades estatales, cuya obligación habría sido protegerla.
Los obstáculos se presentaron en cada etapa. Un sacerdote católico y varias organizaciones en contra del aborto la presionaron para continuar con el embarazo. El hospital divulgó deliberadamente su información personal a todos los medios de comunicación. Los médicos amenazaron y denigraron no solamente a P, sino también a su madre por apoyarla. Incluso la policía dejó desprotegida a esta adolescente, interrogándola y luego quitándole la custodia a su madre, acusada de haber obligado a P a interrumpir su embarazo.
Finalmente, P pudo practicarse un aborto en secreto en un hospital lejos de su casa. No fue registrada como paciente y no recibió asistencia sanitaria después de la operación. Después de que P presentó su caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, la institución finalmente resolvió—más de cuatro años después—que los derechos de P fueron violados. Más importante aún, la Corte reconoció que los adolescentes tienen un derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva, y que ese derecho fue violado en el caso de P.
Polonia debe servir como un caso ejemplarizante para el presidente Rajoy y también para el ministro de Justicia respecto de las consecuencias devastadoras que tiene la restricción del aborto para las mujeres. En el país polaco, menos de 200 abortos legales son realizados anualmente, frente a estimación de entre 80.000-200.000 abortos ilegales. Esta cifra incluye abortos que son legales pero inaccesibles en la práctica debido al estigma ligado al aborto y a la negación generalizada de los profesionales de la salud de practicarlo, argumentando razones de conciencia. La ley restrictiva de Polonia es la culpable de lo que ha sucedido y esto pasará también en España si cambian la normativa actual que regula la materia.
Las mujeres tienen el derecho humano esencial de controlar su reproducción, de determinar cuándo y si quieren formar una familia. Si los funcionarios españoles logran su objetivo y niegan a las mujeres de su país este derecho fundamental, nacerá el estigma hacia aquellas que busquen servicios médicos esenciales—incluso aquellas mujeres cuyo derecho al aborto sea legalmente reconocido.
La modificación legal no evitará que las mujeres interrumpan sus embarazos. Algunas españolas podrán pagar el viaje a Portugal o a otro país europeo donde el aborto es legal. Pero muchas no tendrán esa opción y harán lo que miles de polacas están siendo forzadas a hacer cada año: practicarse un aborto clandestino que puede costarles la propia vida.
Todavía hay tiempo para evitar este desenlace. Durante las discusiones sobre el proyecto de ley del aborto, las voces progresistas deben unirse en el Parlamento español contra Rajoy y Gallardón. Porque la única manera de proteger los derechos humanos de las mujeres es asegurar que ellas tengan acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto legal y seguro.