España vive hoy, todavía, las consecuencias de la impunidad del franquismo. De la dictadura en sí. De esa historia que se fue arrastrando con la democracia suprimida durante largos periodos sin que nunca sus autores rindieran cuentas. Los muertos del franquismo, y de la Transición que iba a cerrarlo, se revuelven en sus armarios, ya no pueden taparlos más. El problema no era –como decían- abrir heridas, sino dejarlas sin limpiar. No nos faltó más que la hegemonía sobrevenida de la banalidad.
Dos listados de firmas de apoyo –una a Juan Carlos de Borbón y otra al ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa- nos devuelven a esa imagen de la democracia tutelada con la que nació la Constitución del 78. Y es sobrecogedor constatarlo cuatro décadas después. Más de 70 altos cargos de distintas épocas han puesto su firma para avalar las andanzas del anterior jefe del Estado. Pedían respetar su presunción de inocencia y “su legado”. La presunción de inocencia la dejó en nada su propio hijo, el actual rey Felipe VI, y él mismo al huir a Emiratos Árabes. Algo que conocen perfectamente los firmantes. Lo grave es la manga ancha con la que admiten su escandalosa conducta por su labor “en beneficio de la democracia”. Como si fuera una dádiva y no una obligación y como si pudiera justificar y tapar cualquier atropello.
Lo mismo ha sucedido con Rodolfo Martín Villa. Como informó en primicia Olga Rodríguez en ElDiario.es, los cuatro expresidentes vivos, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell y antiguos líderes de los sindicatos, entre otros, han escrito a la jueza María Servini de Cubría en apoyo del exministro franquista, el único imputado en la querella argentina dispuesto a declarar. El único, otro dato para anotar en el retrato de nuestra democracia.
Todas las investigaciones sobre los crímenes del franquismo –y aun de la Transición- han sido boicoteadas en España. Responsables de asesinatos y flagrantes torturas fueron recibiendo el amparo del Estado español. Un listado que merece la pena recordar. El intento de Baltasar Garzón, que osó además simultanearlo con la investigación de la Gürtel del PP, acabó con el magistrado condenado y fuera de la carrera judicial. Luego se puso en marcha la querella desde Argentina. En aplicación del principio de justicia universal. Como una conquista de quienes no se conforman con la impunidad. Martín Villa ha de responder por “delitos de homicidio agravado” en un contexto de crímenes de lesa humanidad por sucesos como los de los Sanfermines de 1978 o la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976.
La carta de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido una de las más chirriantes. Lo entrevistó también Olga Rodríguez. Ante las insistentes preguntas, Zapatero argumentó: “Sin haberlo vivido no es posible un juicio objetivo”. Josep Borrell, jefe de la Diplomacia Europea nada menos, lamenta incluso que Martín Villa quiera declarar y dice a Servini de Cubría que el exministro fue “figura clave en la política que hizo posible la democracia española”. Los abogados de la querella argentina aclaran que “la causa que imputa a Martín Villa juzga crímenes, no es un asunto político, es judicial”. Y hacen constar esa presión que los firmantes han querido ejercer sobre la jueza Servini de Cubría, que no solicitó sus opiniones.
Cualquier persona honesta y demócrata se pregunta cuál es el contexto que permite usar el cargo de Jefe del Estado para hacerse con una inmensa fortuna y ocultarla hasta de sus obligaciones fiscales. Cualquier persona honesta y demócrata se pregunta también qué contexto justifica, entre otros crímenes, entrar con pistolas y metralletas, disparando fuego real, a sacar manifestantes de una Iglesia en Vitoria, con el balance de 5 muertos y 150 heridos. CCOO lo contaba así en 2016. Antonio Gutiérrez, exsecretario general del sindicato, también ha apoyado a Martín Villa, incluso dándole las gracias. Él fue torturado por Antonio Tejero, dice, y exime a Martín Villa de los delitos por los que es investigado.
Quien gritó “la calle es mía” fue el entonces Ministro del Interior y luego fundador de Alianza Popular, hoy Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne. Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales en un momento en el que los sindicatos no habían sido aún legalizados. Luego ocuparía la cartera de Interior y otros muchos cargos.
Aquella terrible noche de marzo de 1976 alguien captó y difundió en reducidos círculos las grabaciones de la policía, con las órdenes de entrar y sacar a los manifestantes de la forma que fuera. Igual están aún en esos arcones con secretos oficiales que ocultan. Empezábamos en periodismo, a casi inventarlo muy jóvenes y tras la cerrada censura; en democracia también. Con estos mimbres. Llegado Juan Carlos de Borbón a la jefatura del Estado, por designación de Franco, fue cubierto desde el principio de una protectora campana de silencio. Cualquier roce parecía fuera a romper la frágil democracia sacada con fórceps y con la fuerza de la lógica a los vencedores de la guerra.
Con su leyes de impunidad. El eurodiputado Miguel Urban recuerda cómo el filósofo Jon Elster en un estudio comparado, afirmó que “el caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional”. Y lo siguen haciendo, eso es lo más aterrador.
De esta forma, se ha permitido que poderosas élites del franquismo y su secuelas sigan presentes en la España de 2020 incluso. En la justicia, sin lugar a dudas. En las estructuras empresariales –hace poco llamaron “emprendedores de posguerra” a quienes se lucraron del franquismo-, en los amaños que compran, venden, fusionan o regalan desde bancos a la salud. En los medios de comunicación. En cuanto ha hecho posible la insufrible tolerancia a la ultraderecha que vivimos ahora como uno de los mayores peligros que nos acechan. No hace falta raspar mucho para ver la decisiva influencia de todo ese entramado en muchas de las grandes carencias y fallos estructurales de la España actual. Todo esto es lo que pagamos con las leyes de impunidad establecidas en el 78. Argentina también blindó su dictadura con las “Leyes de Punto final”, pero terminaron siendo abolidas y juzgados y condenados sus responsables. Chile, no. Aunque Baltasar Garzón confinó allí a Pinochet gracias a la justicia universal. España, no.
Y así vivimos fraudes democráticos como los que Ignacio Escolar detallaba aquí en la justicia. Con gravísimas consecuencias. Un Partido Popular que se niega a renovar la cúpula del Poder Judicial que “permite nombrar a jueces de por vida en el Tribunal Supremo”. Y que “un Poder Judicial en funciones, con el mandato vencido, siga ascendiendo a jueces en nombre de una soberanía popular que caducó”. Y con maniobras de fuerte repercusión: “Hay tres nombramientos que están al caer y que preocupan enormemente al Partido Popular. Tres plazas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la que pasan todos los casos de corrupción, la que decidirá todas las denuncias contra el Gobierno por la pandemia, la que juzgaría –si es que ese milagro ocurre– al rey emérito por corrupción”, escribe Escolar. Y mucho más. Con la cuidada selección previa, vemos a jueces y fiscales que más parecen arietes de una cruzada.
Los muertos del armario no son siquiera del pasado. Esas obscenas cartas son alimento para que pervivan en perenne intoxicación de la vida de los españoles. Parecen advertir que la democracia que nació tutelada por todo el aparato del franquismo y sus derivados corruptos, lo sigue estando. ¿Qué quieren ocultar con tanto ahínco y por tan largo tiempo? ¿Qué más de lo que por las evidencias y consecuencias se ve? Sea lo que sea, lo que no pueden es seguir cargando a la sociedad española del siglo XXI con sus miserias. O sí pueden, de hecho. Evidentemente se les deja hacerlo. Una vez más.