Españoles, después de la muerte del Estado del Bienestar, ahora también el Estado de Derecho ha muerto. El proceso de demolición ha terminado. Ya sólo queda construir en los escombros un país subdesarrollado con mano de obra sumisa y barata. Pero el desmantelamiento del Estado social anterior se ha completado en los últimos días con éxito gracias a una serie de medidas. A saber:
El Gobierno ha indultado a cuatro policías torturadores consagrando la impunidad de la violencia del Estado; el Ministro de Justicia ha aprobado las tasas judiciales que establecen la desigualdad de los españoles ante la ley; y el presidente Mariano Rajoy ha hecho el único recorte que le quedaba por hacer: las pensiones. Es definitivo, todos los españoles no somos iguales ante la ley pero casi todos somos iguales ante los recortes.
Se cierra el círculo que empezó a dibujar Zapatero. Lo que el PSOE inició, el PP lo retoma y finaliza. Los recortes de ZP comenzaron tocando las pensiones y los de Rajoy terminan rematándolas. La última decisión que tomó el Gobierno socialista fue indultar a un banquero. El último indulto del Gobierno popular ha exonerado por segunda vez de sus culpas y penas a cuatro Mossos d’Esquadra condenados por torturas.
Así que mientras el Estado consuma la pérdida de derechos de todas y cada una de las capas sociales del país, sitúa por encima de la ley a los dos estamentos sobre los que asienta su poder, la clase financiera y el aparato represor. Les concede a ambos inmunidad para actuar a su antojo al margen de la Justicia a cambio de obtener su protección económica y policial. No es un Estado, es una mafia. Sus matones recaudan a golpes el impuesto mafioso para sus padrinos.
También en estos días ha terminado otra medida de gracia para las élites monetarias que operan al margen de la legalidad: la amnistía fiscal. En lugar de perseguir a los grandes defraudadores como al resto de ladrones, el Gobierno les ha otorgado un trato de favor. Hace la vista gorda acerca del origen o destino fraudulento de sus fortunas y les ofrece una tributación del 10% para legalizar su dinero, muy por debajo del porcentaje que pagan los contribuyentes honestos. Pero pese a este regalo, no ha conseguido recaudar ni la mitad de lo que esperaba. No se puede hacer pactos con ladrones y esperar que compartan el Botín.
No terminan ahí los regalos. Hace unos días, el Gobierno anunció que vendería el permiso de residencia por 160.000 euros invertidos en una casa. Antes el Gobierno autonómico madrileño había prometido exenciones fiscales a los promotores de Eurovegas. Y en los próximos días, el Gobierno autorizará 37.000 millones de euros de la UE para rescatar a los bancos españoles en quiebra. El dinero será prestado a un interés por debajo del 1% y las entidades lo prestarán a un interés muy superior haciendo negocio con su propia deuda a costa del dinero y las prestaciones sociales de los ciudadanos. Los ricos reciben tratos de favor para hacerse aún más ricos de maneras poco legítimas. No es un Estado de Derecho, es derecho de pernada. Te cobro los diezmos y abuso de tu hija.
O te echo de tu casa. Esos mismos bancos que son salvados de su deuda con dinero público no son obligados a salvar a sus deudores y siguen ejecutando la mayoría de sus hipotecas con la permisividad del Gobierno. De nada ha servido que los jueces españoles y europeos hayan denunciado la desigualdad legal entre las partes. De poco ha servido la insuficiente medida del Ejecutivo para detener los desahucios. No pretendía parar los desalojos sino el malestar de la opinión pública por los suicidios de algunos desahuciados. Pasado el ruido, el Gobierno guarda silencio. No pretendía proteger a los ciudadanos sino protegerse de ellos.
Para protegerse de los ciudadanos tiene que proteger a sus cuerpos de seguridad cuando cometen excesos protegiendo a sus amos. Por eso, el Gobierno central ha indultado dos veces a policías autonómicos catalanes condenados por tortura y el Gobierno catalán ha exculpado a sus antidisturbios de haberle reventado un ojo a una ciudadana con una pelota de goma. El Estado dispara y esconde la mano. Pero la sacará para cobrarle dinero si ella decide recurrir a la Justicia. Como la saca si pides Sanidad, Educación, medicinas.
No es un Estado de Derecho, es un Estado del Revés. Permite a policías, banqueros y defraudadores actuar con impunidad mientras descarga toda su fuerza punitiva sobre el ciudadano. Ofrece inmunidad a antidisturbios y financieros mientras deja sin sistema inmunológico a la gente. Hay unos pocos que viven por encima de la ley mientras la mayoría vivimos debajo de ella como si las leyes no fuesen un sistema para equilibrar las desigualdades sino la losa de una tumba que se cierra inexorablemente sobre nuestras cabezas.
La losa se ha cerrado sobre el Estado de Derecho español. Ya no es un Estado democrático y social, ahora España es una mezcla de Guantánamo, Suiza y Las Vegas, un paraíso fiscal para las grandes fortunas que juegan a la ruleta con unos ciudadanos que viven en un infierno sin protección legal en el que son maltratados.
¡El Estado de Derecho ha muerto, viva el Estado del Revés!