Cada campaña electoral es recurrente la aparición de ETA como argumento político, puntal metido a la fuerza para animar el voto, pese a que dejó de matar hace 13 años. Ahora se demuestra que ya ni siquiera es necesaria la concurrencia de unos comicios para que se le haga aparecer. Se disolvió ETA, pero no las heridas que dejó en gran parte de la sociedad vasca. Como tampoco se evaporó el recurso facilón de apelar a ella para acusar al adversario político de algo. Algo en lo que tú mismo has participado y que suele pasar por alto el desmemoriado Aznar.
El Partido Popular dejó vía libre y sin enmiendas una ley que computa los años cumplidos de cárcel fuera de España. Entre los beneficiarios están los presos de la banda terrorista, por un “injustificable error” de sus diputados y senadores, según el propio Feijóo, un fallo injustificable que acto seguido ha pasado a justificar sin pedir perdón: “El PSOE será el único responsable ante la historia”. Asunto terminado. No es del todo sorprendente la incoherencia del argumento: es el mismo partido que fue capaz de agitar ETA en la campaña de las elecciones gallegas y silenciar el tema en las vascas.
La negociación del Gobierno con Bildu para los cambios en la Ley Mordaza ha sido la antesala que ha puesto a caldear de nuevo esa utilización política. ¿Puede ser un escándalo que se pacte con fuerzas legales en un Congreso? Puede ser, en el salón de casa. Como puede serlo que se pacte el borrado de la memoria histórica en las comunidades autónomas gracias a Vox. Puede escandalizar, pero la democracia y la tolerancia requieren práctica, más allá del papel y las palabras, y se suelen ponen a prueba en situaciones que nos incomodan. Llegado el momento, se hace crítica, se busca instrumento legal para evitarlo o se trabaja para sacar más votos las próximas elecciones. Pero que no guste o parezca inmoral no es que sea ilegítimo.
Con esas guías ya puestas la semana pasada, la vuelta del terrorismo a primera línea ha cristalizado en una bronca política por la reforma legal que va a entrar en vigor y va a permitir a algunos presos de ETA descontarse en España las penas ya cumplidas, sobre todo, en Francia, por una transposición de una directiva europea. Es decir, no cumplen menos tiempo del que se les impuso por sentencia. Estuvieron de acuerdo el PP y Vox por primera vez con el PSOE y no objetaron nada en el recorrido parlamentario de la reforma legal. Acaban de darse cuenta de que votaron igual y han favorecido que salga adelante junto al “filoterrorista” Sánchez. Acaban de darse cuenta de que benefíciaba a todos los presos, también a los de ETA. Un fallo político que ha dado al traste con la supuesta alternativa que le monta todos los días Feijóo al Gobierno y ha triturado la idea de que el PP es un partido serio y de orden.
Como en esta ocasión no podían echarle la culpa a su diputado Alberto Casero, el Partido Popular ha tirado de dramatización diciendo que el PSOE les ha engañado o les ha hecho caer en una trampa que no existió más allá de una falta de celo, una negligencia o poca atención de sus propios diputados y sus senadores. Es absurdo que el partido donde se acuñó y se dejó pasar el “que te vote Txapote” haya acabado sin frenar su excarcelación. Es un error para parte de su electorado, para las asociaciones de víctimas y para su estrategia política. Ahora parece un partido desgobernado y aturdido. Si no quiere parecer además ridículo, debería agachar la cabeza, pedir perdón e intentar, a la próxima, enterarse de qué está votando.