El titular de este artículo es una broma, ligeramente parafraseada, que circula desde hace años entre los sectores progresistas de toda España. Un chiste, un sarcasmo y una exageración que, sin embargo, ha dejado ya de tener gracia porque lo que nació comedia, ha terminado convertido en un drama inquietantemente realista.
Es verdad que esto viene de muy lejos, podríamos decir que de las propias raíces del sistema. Son pocos los ingenuos que alguna vez se han creído eso de que “la Justicia es igual para todos”. Más allá del habitual trato de favor que el engranaje jurídico brinda porque sí al poderoso frente al robagallinas, ¿alguien puede o ha podido argumentar seriamente que, en un pleito, tiene las mismas oportunidades el reo defendido por un abogado de oficio, por brillante y trabajador que este sea, ante el ejército de letrados y bufetes que representa a un magnate, un político, un lobby o una gran empresa? Todos conocemos la respuesta a esa pregunta y nos la hemos tragado, a pesar de saber que suponía una flagrante violación del artículo 14 de nuestra Constitución. Tenemos tan asumida la desigualdad económica que, al fin y al cabo, ¿por qué iba ser diferente a la hora de sentarnos en el banquillo de los acusados?
Siendo grave esta normalización de la injusticia, aún lo es más que estemos tolerando que ese trato desigual, paso a paso, se vaya ampliando en función de criterios políticos, sociales e ideológicos. Basta repasar lo ocurrido en los últimos días para encontrarnos con algunos sangrantes ejemplos y poder visualizar aquellos perfiles y/o profesiones que te sitúan en una posición privilegiada a la hora de afrontar cualquier problema con la Justicia.
1.- POLICÍA. Este jueves conocíamos la noticia de que el policía que golpeó a varios fotoperiodistas en una manifestación, celebrada en 2014, no tendrá sanción alguna. La jueza, en un auto demencial, reconoce que el agente agredió al menos a dos fotógrafos, pero afirma que eso no supone una vulneración del derecho a la libertad de dar y recibir información porque no les confiscó sus equipos ni sus grabaciones. Les pegó hasta que cayeron al suelo, pero como no les robó las cámaras… ¡Claro que sí, señora jueza! ¡Si no siguieron informando desde el asfalto y con el cuerpo amoratado es porque no quisieron! Zanjado ese asunto por la magistrada, no existe delito, pero sí una falta de lesiones que, ¡oh sorpresa!, ha prescrito y, por tanto, no puede ser castigada. Lo que no dice la jueza en su fallo es que la demora temporal en el proceso que ha provocado la prescripción obedece a que el agente no llevaba visible su número de identificación y a que, posteriormente, sus superiores pusieron todo tipo de obstáculos para evitar que el tribunal conociera la identidad del agresor. En resumen, la estrategia de un presunto delincuente y de sus mandos, con la aquiescencia de la judicatura y de la Fiscalía, funcionó para que el hecho investigado quedara impune.
2.- SACERDOTE. El prior del Valle de los Caídos sigue hoy negándose a cumplir las sentencias judiciales que le obligan a facilitar varias exhumaciones en la mayor fosa común de España. Repito porque parece que no se ha entendido: “se niega a cumplir las sentencias judiciales…”. ¿Ha pasado algo? ¿Ha actuado la Fiscalía? ¿Ha ido la policía a garantizar que se cumplan los dictados de los jueces? No, no y no. Una pasividad que resulta aún más grave después de que conociéramos este miércoles el descorazonador estado en que se encuentran las decenas de miles de cuerpos enterrados en el Valle. No se trata de enterramientos muy “cristianos” que digamos y, por ello, resulta tan incomprensible la actitud de nuestra Justicia como la indiferencia inhumana de la Conferencia Episcopal. La Iglesia española y El Vaticano se han convertido en cómplices y corresponsables de todo lo que ha hecho, haga y vaya a hacer este religioso cuya mayor preocupación es depositar cada mañana flores frescas en la tumba de Francisco Franco. Un religioso que no solo incumple sentencias, sino que se ha burlado del Parlamento al negarse a comparecer ante él y que viola sistemáticamente la Ley de Memoria Histórica al ensalzar el franquismo y humillar a sus víctimas.
3.- GENERAL Y FRANQUISTA. Este lunes conocíamos la carta en la que el general Juan Chicharro Ortega asumía la presidencia de la Fundación Nacional Francisco Franco. En un escrito con un insufrible tufillo golpista, el que fuera ayudante del rey Juan Carlos prometía “propagar las ideas” del dictador y, en definitiva, anunciaba su intención de violar la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica, sí, esa ley que hasta el presidente el Gobierno se jacta de incumplir.
4.- DELINCUENTES DE GUANTE BLANCO. El pasado domingo leíamos como el exalcalde de O Grove, condenado por blanqueo de capitales y absuelto de narcotráfico in extremis por el Tribunal Supremo, amenazaba de muerte a Nacho Carretero, el periodista que escribió Fariña. “Si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba al tipo y le pegaba un tiro en la cabeza”, dijo en una entrevista publicada por El Mundo. No sé a ustedes, pero a mí me recordó mucho al momento en que el radiopredicador ultraderechista Federico Jiménez Losantos expresó públicamente su deseo de asesinar a varios dirigentes de Podemos. ¿Ha actuado la Fiscalía de oficio en alguno de los dos casos? ¿Entendemos, por tanto, que es legal decir, por ejemplo, “si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba a Bea Gondar y le pegaba un tiro en la cabeza”? ¿Damos por hecho que un periodista, mañana, puede decir en una radio: “si veo a Rajoy, o a la Cospedal o a la Soraya y llevo la escopeta, disparo”?
Es solo una breve muestra que se puede ampliar hasta el infinito y más allá, según retrocedamos en la hemeroteca. En ese recorrido inverso encontraríamos infantas y presidentes del Gobierno testificando bajo palio, partidos políticos a los que se avisa una docena de veces antes de proceder a registrar sus sedes, cargos públicos absueltos por “inevitables” prescripciones, empresarios corruptores sobre los que la Fiscalía nunca pone el foco….
Me he ahorrado las comparaciones para que cada uno elija el alter ego de cada caso según sus propias inquietudes. Tienen donde elegir: titiriteros que son detenidos en plena función y enviados a la cárcel fulminantemente, vecinos de Murcia que acumulan más de 40.000 euros en multas por manifestarse contra las vías del AVE, tuiteros, raperos, humoristas y, últimamente y sobre todo, independentistas perseguidos inmisericordemente. Este mismo jueves hasta una revista satírica como Mongolia era condenada por… hacer humor. En todos estos casos, y los que cada uno quiera añadir, no solo se aplica la ley con rigor, sino que se retuerce la legislación vigente hasta donde haga falta. Incluso llegado el caso, tal y como ocurrió con el asesinato en Iraq del reportero de Telecinco José Couso, si el juez no se doblega ante las presiones políticas y las maniobras del ministerio fiscal para dejar impune el crimen… se cambia la ley para que el magistrado se quede sin caso y a tomar por saco. ¡Sin complejos!
Alguien decía esta semana en Twitter que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no va a dar abasto ante la infinidad de recursos que le van a llegar desde España por las graves vulneraciones de derechos fundamentales cometidas en los juzgados a instancias de nuestros gobernantes. El fallo que ha dado la razón a los dos jóvenes que quemaron fotografías del Rey es solo el primero. Vendrán muchos más porque en nuestro país la Justicia ya no es ciega, es tuerta, y ve divinamente con su ojo derecho.