El 155 y el estado de excepción permanente
Sabemos que Rajoy hubiera aplicado su particular 155 con o sin DUI, pero el escenario que hubiéramos enfrentado sin la DUI no hubiera sido tan excepcional y dantesco como el que enfrentamos ahora y, desde luego, ni el PSOE hubiera tenido tan fácil ejercer de muletilla del PP, ni el PSC estaría cosechando hoy los jugosos réditos electorales que está cosechando como fruto de ese apoyo. Sin la DUI no habríamos afrontado la imputación penal de un Govern cesado, ni de la Mesa del Parlament, aun con la sorprendente disparidad de criterios que hemos visto en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo respecto al ejercicio del derecho de defensa y a la aplicación de medidas cautelares. Hubiera sido más difícil destituir al Gobierno catalán en pleno, y vulnerar, como se ha vulnerado, tanto el derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución (y el sistema desarrollado en su título VIII) como el derecho de participación política de toda la ciudadanía en Catalunya. De hecho, como señala el Síndic de Greuges en un reciente informe, el 155 podría ser impugnado judicialmente por los ciudadanos, en amparo constitucional, más allá del recurso de inconstitucionalidad del que ya han hecho uso algunos parlamentarios.
La combinación DUI / 155 nos ha instalado a todos en un estado de excepción permanente al que, explícitamente, no se le ha puesto ningún límite temporal. Y no solo porque nadie se ha comprometido a levantar las medidas excepcionales adoptadas una vez se forme el nuevo gobierno de la Generalitat, sino porque en el resto de España, el 155 se ha convertido en un estado de ánimo gubernamental, utilizando una expresión de Guillem Martínez. Lo mismo sirve para secuestrar las cuentas de un Ayuntamiento, como el de Madrid, que, para amenazar con tumbar el gobierno legal y legítimo de cualquier Comunidad Autónoma, empezando por Euskadi, Navarra y, curiosamente, Castilla La Mancha, que parecen ser las primeras candidatas para pasar del café para todos, a la represión para todos. Ya lo dijo Zoido, hace unos días en el Senado: “El 155 está vigente para todos”, de manera que cualquiera que tenga un carguillo en el Partido Popular se cree con derecho y potestad no ya para proferir amenazas, sino incluso para aplicar directamente y de forma coercitiva el susodicho articulazo.
No sé si a alguien se le puede escapar que este giro autoritario del Gobierno central, aprovechando una crisis territorial, supone el recorte definitivo y letal de nuestros derechos civiles más básicos, así como del derecho a la participación política que se reconoce en el artículo 23 de la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este giro es la enésima mutación brutal de la misma estructura del Estado de Derecho protagonizada por el PP; una auténtica mutación constitucional sin cambio constitucional. Esta reinvención de la Constitución a manos de sus detractores, es lo que el Tribunal Constitucional Colombiano ha llamado “un estado de cosas inconstitucionales”. Eso es: “un estado de cosas” sobre el que siempre sobrevoló la aplicación anticonstitucional del 155.
Y es que el PP ya preveía este desenlace cuando reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 2015, aprovechando su mayoría absoluta en las Cortes y a fin de otorgarle al Alto Tribunal unas competencias sancionadoras inauditas, indeterminadas en cuanto al contenido, sin límite temporal, y concebidas, únicamente, para disciplinar a las autoridades de las Comunidades Autónomas que no se sometieran a sus sentencias. Dirigida a personas aforadas, y motivada por la lucha sin cuartel contra el proceso soberanista catalán, que ya se estaba fraguando, esta potestad resultaba totalmente exorbitante desde la perspectiva de cualquier derecho sancionador, dado que se aplicaba sin audiencia de las partes y sin posibilidad de recurso alguno, pero el TC, satisfecho, la confirmó no en una sino en dos ocasiones (con el voto particular de Asúa, Xiol y Valdés). En ese momento, la Comisión de Venecia consideró cuestionable que el TC pudiera suspender en sus funciones a los cargos que rehusaran ejecutar sus sentencias, cuando de esto habría de ocuparse, en su caso, el poder ejecutivo. Pero el ejecutivo del Partido Popular, ya tenía claro entonces que la externalización de este asunto por la vía judicial podría resolverle los problemas que se le avecinaban sin necesidad de asumir coste electoral alguno. Para eso, evidentemente, solo hacía falta convertir al TC en lo que ha acabado siendo: un Tribunal de Orden Público, completamente desprestigiado, y sin el más mínimo atisbo de imparcialidad e independencia.
El PSOE utilizó el 135, con apoyo del PP, para subvertir la Constitución social; y el PP ha usado el 155 para triturar la ya estrecha Constitución territorial, todo ello gracias al apoyo del Partido Socialista y combinando magistralmente la judicialización de la política y la politización partidaria de los altos tribunales. No en vano, el sacrificado Gallardón abordó la reforma del Consejo General del Poder Judicial, para asegurarse de que sus vocales colocarían a las personas adecuadas en los puestos de responsabilidad, y ahí está la Audiencia Nacional (un tribunal especial que debería desaparecer) y el Tribunal Constitucional para demostrarlo. Tanto uno como otro han jugado un papel esencial antes, durante y después del 155, criminalizando a personas, entidades y movimientos por su ideario político, incluso cuando tal ideario pudiera ser más favorable al orden constitucional que el que exhibía el mismísimo partido en el Gobierno.
La cuestión ahora es saber cómo va a reaccionar el Gobierno central y sus adláteres cuando en Catalunya haya por fin un Gobierno y qué pasará si ese Gobierno no renuncia a la independencia o al referéndum pactado estando, como estarán, vigentes las medidas de excepción. La cuestión es qué pasará en el resto de España cuando esta derecha omnipotente decida poner en marcha un uso extensivo y poliédrico del 155. En fin, la cuestión es saber cómo estamos dispuestos a reaccionar nosotros para salir airosos de este estado de excepción permanente en el que nos quieren silenciados bajo sanción.
