¡Extradición de los torturadores!

La mayoría de los regímenes constitucionales de Europa se levantaron tras la II Guerra Mundial siguiendo el paradigma antifascista. El imaginario colectivo no podía olvidar a los nazis, los campos de concentración y las torturas. El recuerdo de la pesadilla genocida iluminó toda la normativa jurídica y permitió el proceso de concesión de determinados derechos sociales, económicos y políticos. La Constitución Italiana, por ejemplo, declaró ya en 1948 la prohibición de la recomposición del partido fascista y vetó además la capacidad de ejercer los derechos democráticos a aquellas personas procedentes del régimen de Mussolini.

En ese contexto el régimen constitucional español es una gravísima anomalía. Aquí no hubo revolución antifascista alguna, ni ruptura con el entramado político de la dictadura franquista. Muy por el contrario, la democracia española se constituyó formalmente sin renunciar al ADN franquista, heredando sus mecanismos viciados y manteniendo a sus altos cargos en las instituciones, comenzando por la judicatura hasta las propias Cortes Generales –cabe recordar que en la primera legislatura del Senado fueron designados a dedo por el rey 41 senadores. Así, a través de un proceso progresivo se fue consolidando un nuevo imaginario colectivo, el de la llamada cultura de la transición, según la cual poco a poco nos convertimos en una democracia liberal equiparable a las del resto de Europa.

Sin embargo, una democracia no puede tener miedo a su historia. Y la nuestra lo tiene. Se llama paradójicamente “ley de amnistía” y la interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho de ella impide investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, contraviniendo claramente lo establecido por el derecho internacional desde que se aprobara la “Cláusula Martens” en el Segundo Convenio de La Haya en 1899.

Como dijo Olga Rodríguez, en el aniversario del crimen de guerra en Irak del cámara José Couso, “vivimos en una democracia cimentada sobre miles de fosas comunes”. Con al menos 143.353 desaparecidos según la investigación de la Audiencia Nacional en 2008, España es el segundo país del mundo en cifras absolutas de desaparecidos. Y una democracia que abandona a millares de cuerpos enterrados en cunetas y fosas, no puede llamarse a sí misma “el gobierno del pueblo”. Valga como ejemplo las cerca de 20.000 víctimas del franquismo que sirvieron para llenar los vacíos de las tumbas del Valle de los Caídos.

Dice Vicenç Navarro que «de no hacer más, enterrando a los muertos se enterrará también nuestra historia democrática». Paralizando, obstaculizando, destruyendo y prohibiendo las exhumaciones de fosas se entierra la posibilidad de Verdad, Justicia y Reparación, pero contribuyendo a la continuidad de la cultura de la impunidad, también se consigue que el inexorable paso del tiempo acabe con la vida de las miles de personas que sufrieron la desaparición forzosa de familiares, el exilio involuntario, la tortura y el proceso traumático posterior, acompañado del miedo y la imposibilidad de ejercer el derecho a vivir una vida en paz. Como dice el Roto “no se puede juzgar al franquismo mientras siga vivo, y seguirá vivo mientras no se le pueda juzgar”.

En el Estado Español, la necesidad de construir y perpetuar el mitificado relato de la transición, dibujó en nuestro pensamiento una ilusión:’ que “amnistía” significaba “reconciliación nacional”. ¿Acaso tiene sentido poner en el mismo nivel a víctimas y agresores? La historia de los vencidos es siempre difícil de desenterrar bajo la gruesa capa del discurso oficial de la dictadura, afianzada por la fuerza de las armas y la represión, y a ello se le suma la existencia más que de una mémoire courte la de una “memoria invisible”.

En 1979 el recién nacido reino de España, ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En él se establece la obligación de emprender una “investigación oficial efectiva e independiente” en todos los casos de desaparición de los que se tenga noticia. De hecho, la persecución de los crímenes franquistas, a la luz de la legislación de la ONU en materia de persecución de los crímenes de lesa humanidad (contemplados en los artículos 607 y 607 bis del código penal), es imprescriptible. Varios organismos internacionales de protección de los derechos humanos y las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han solicitado al Gobierno de España, la derogación de la Ley de Punto Final, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles.

No es baladí que la República Argentina esté resurgiendo de su grave crisis, atacando entre otras medidas, la impunidad de su dictadura. Son pasos de higiene democrática que caminan de la mano de procesos emancipadores y de recuperación de soberanía popular. La capacidad para obtener justicia es un principio fundamental de un Estado que quiera definirse democrático y de derecho.

De nuevo la lucha ha tenido que volver a cruzar el charco, tal como hicieron miles de españoles huyendo de la represión. Y así es como las instituciones judiciales de Argentina han conseguido lo que parecía imposible, a saber, que se dictara una orden de detención internacional contra cuatro torturadores franquistas.

En estos días se ha repetido por las redes sociales que “la justicia llega tarde y lejos” y, sin embargo, algunos sólo podíamos recordar las palabras de Juan Diego Botto en su obra “Invisibles”: “lo imposible solo tarda un poco más”. Ese es el eslogan de la organización HIJOS (hijos de padres y madres desaparecidos de la dictadura argentina). Y es que, lo que ahora nos parece imposible es el siguiente paso: que Rajoy, -ése que miente ante el Parlamento, que forma parte de una organización política que no condena el franquismo, que banaliza el enaltecimiento del fascismo en sus dirigentes- permita la extradición de quienes han sido elegidos para personificar la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación de todo un pueblo.

Parece imposible que el gobierno facilite a Argentina el procedimiento judicial contra los crímenes del franquismo. Pero, sí, ciertamente “lo imposible sólo tarda un poco más” y con movilización, organización y clamor social conseguiremos que un día, como cantaba Pablo Milanés acerca de Chile, “renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán sus penas los traidores”. Porque lo importante es que no olvidemos que lo imposible ha sido posible, que hoy hay cuatro torturadores franquistas que por primera vez no dormirán tranquilos, que sentirán la carga de sus actos criminales a cada paso. Porque, como también Botto nos recordaba, “es posible que diez esté tan lejos de infinito como dos”, pero “hacer esa escalerita peldaño a peldaño es importante. Meter a un hijo de puta en la cárcel no te va a devolver los años rotos y los abrazos perdidos pero te puede restituir una finísima fibra del corazón. (…) Y si se presenta un tres hay que agarrarlo, si se presenta un diez hay que agarrarlo porque así se reconstruye nuestra identidad”.

Así que, el grito de las concentraciones en la Puerta del Sol exigiendo la extradición de los torturadores ha de ser continuado por nosotras, por vosotros, por Lorca, por Grimau, por Matilde Landa, por Puig Antich, por Manuel Girón, por las Trece Rosas, por nuestros abuelos y nuestras abuelas, por quienes esperan que escarbemos la tierra con los dientes y apartemos la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes… porque tenemos que contar, por fin, muchas cosas compañeros, compañeras del alma, compañeros.