El fascismo caza a Mónica Oltra

Mónica Oltra está sentenciada antes de que la juzguen. Pero no será este humilde escribiente el que sirva de cómplice al fascismo para desbrozarle el camino a Moncloa lapidando en la plaza pública a quien esa ideología criminal ha marcado como objetivo. Pedir la dimisión de Oltra puede servir para curar la conciencia de quien no pierde nada con esa petición vana, pero en ocasiones es preciso dejarse heridas en el camino y plantarse ante quienes usan las instituciones para disciplinar a rojos. Mónica Oltra tendrá que dimitir cuando la condenen, una línea roja inequívoca cuando el que sale de cacería querría ponernos a todos sus adversarios como trofeo en el salón.

Los fascistas que han salido de cacería fingiendo preocupación por los derechos de una mujer han sido José Luis Roberto, líder del partido neonazi España 2000 y que fuera portavoz de una patronal de prostíbulos, y Cristina Seguí, fundadora de VOX, que recientemente hizo públicas las identidades de unas menores que habían denunciado una violación. No solo personajes de la ínfima talla moral de Cristina Seguí o José Luis Roberto han participado, siempre es necesaria la colaboración de una judicatura que prefiere triturar derechos de personas progresistas en vez de valorar cuál es el uso que hacen de la justicia quienes no creen en la democracia. Son múltiples los ejemplos de querellas que han contado con la colaboración cómplice de la judicatura para desacreditar la imagen de políticos, periodistas y activistas, aún sin haber sido jamás culpables de ningún delito. El caso más sangrante es el de Victoria Rosell, diputada de Podemos que tuvo que dimitir tras ser imputada por una conspiración entre un juez prevaricador y corrupto como Salvador Alba y una querella del ministro José Manuel Soria. Victoria Rosell dimitió. Después se descubrió la maniobra artera del juez Alba, pero pasaron años de sacrificio y el daño ya estaba hecho. Ese ejemplo bastaría para que cualquier persona de izquierdas mirara con prudencia cuando se realizan este tipo de operaciones. Si Mónica Oltra acaba siendo culpable, ya tendrá tiempo de dimitir. Hasta entonces la experiencia nos enseña que es mejor pecar por defecto de celo que por exceso. 

Para encontrar una brújula moral con la que guiarse es preciso acudir a los hechos. Si de algo existen indicios fehacientes y pruebas consolidadas es de que el fascismo más agresivo inició una campaña contra Mónica Oltra para hundirla por los abusos a una menor de su exmarido. De lo que no existe prueba alguna es de que Mónica Oltra haya participado en una campaña para ocultarlo, como acreditan los testimonios y como reconoce el auto de imputación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. No hay testimonio o prueba que apunte a que Mónica Oltra, de hecho el mismo auto incide en esa situación.  Trece testigos han negado que Mónica Oltra hubiera participado en ninguna actuación para ocultarlo y por eso, porque todos dicen que no, el juez infiere que a lo mejor sí y la ha imputado. Es literalmente así, como todos dicen que algo no ha ocurrido, la fiscal infiere que sí ha ocurrido: “Es imposible que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría, desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales, mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del sentido de dicha orden verbal”. 

Llegados a este punto cabe valorar los hechos basándonos en la experiencia previa para no actuar con imprudencia y convertirse en un tonto útil de los fascistas que ejercen de colaboradores necesarios para allanarles el camino. Si Mónica Oltra es culpable se dirimirá en un proceso judicial. Siempre se podrá opinar, porque una sentencia no es ley, cada vez menos en este país, pero no hace falta ser culpable para que un partido o político de izquierdas sea imputado basándose en meras especulaciones e inferencias que provoquen así un efecto político sobre la imagen de una persona o colectivo. Los jueces no se arriesgan a condenar a un inocente por mucha inquina que le tengan, la prevaricación es un delito y no pierden su carrera así como así, pero son más laxos a la hora de abrir un proceso penal en las fases previas, conscientes de que ese simple hecho provocará la asunción de responsabilidades, el desgaste político y mediático y la posibilidad cierta de acabar con una carrera. No es preciso condenar a alguien para matarlo socialmente y la judicatura funciona cada vez con más frecuencia como un verdugo sin ley. Nadie pedirá perdón si Mónica Oltra no es culpable. Al menos esperen a que se pruebe que lo sea para ajusticiarla.