Sin mentir, no decir todas las verdades
Don Crisanto, un párroco de una pequeña parroquia pontevedresa, se vio interrogado por la policía en torno a una investigación por corrupción en unas ayudas recibidas para rehabilitación de bienes de la Iglesia. Nada mas darse la vuelta los investigadores, llamó al mediador en las ayudas para prevenirle. Una conversación que fue intervenida por orden judicial. En ella, don Crisanto explicó su actitud: “Preguntaron por su nombre y yo traté de ser parco y prudente. No dije mentira, pero no dije toda la verdad ni mucho menos, ¿eh?”. Ahí ejemplificaba el cura de pueblo gallego el archiconocido recado jesuítico sobre la restricción mental, es decir, sobre la forma de realizar afirmaciones que no sean falsas pero que, sin embargo, oculten la verdad. Eso parece ser exactamente lo que están haciendo Feijóo y su equipo en torno al pacto realizado por Teodoro García Egea en su día con el Gobierno en el que se preveía el desbloqueo de los nombramientos para el Tribunal Constitucional, a pesar de que se le impidiera con una reforma legal al CGPJ seguir realizando nombramientos de jueces para puestos de libre designación.
Dice ahora Feijóo que se va a saltar no ya la palabra dada por su partido sino la firma estampada. El PP es la misma realidad jurídica y política lo dirija quien lo dirija. “Cuando me reuní con el Sr. Casado no me habló de ningún acuerdo ni me dio ningún documento” afirma y llevará jesuíticamente razón porque no era el lugar ni el momento y porque eso se hizo en otra reunión de diferente nivel entre Teodoro García Egea y González Pons, que éste último no niega. “Este asunto nunca se trató en el Comité de Dirección” y será también una verdad de párroco porque no era el lugar para hablar de tal acuerdo. “Pedro Sánchez no lo mencionó cuando me recibió en Moncloa”, continúa. ¡Y cómo iba a referirse a esta cuestión concreta en una reunión protocolaria! Es harto seguro que Feijóo no miente en ninguna de esas acusaciones pero también que no nos dice la verdad.
Feijóo es seguro que sabía de ese acuerdo entre Bolaños y Teodoro García Egea porque indirectamente lo sabía hasta yo, que tengo buenas fuentes pero no mejores que las suyas, seguro. Lo cierto es que cuando el PSOE decidió respaldar con su voto, tras un pacto con el PP, la llegada al Tribunal Constitucional de Enrique Arnaldo, un tipo con todos los peros para ocupar ese puesto, muchos pusimos el grito en el cielo por haber caído tan bajo en los estándares de calidad y de exigencia para ocupar ese puesto. El órdago del PP proponiendo a su letrado de cabecera, a su asesor áulico, al hombre en el que han confiado para pedir consejo, para hacer negocios, para impartir doctrina, era de una chulería manifiesta. Salió del TC López por conducir empapado en gin-tonic y llevaron al que le encargaron su defensa. Si no recuerdo mal hasta Odón Elorza puso públicamente el grito en el cielo. Fue entonces cuando sotto voce, las buenas fuentes susurraron que esa era la condición de Casado para que llegado el momento, el PP apoyara desbloquear al CGPJ exclusivamente para cubrir las vacantes del tercio que la Constitución obligaba a cubrir en junio de este año. Eso es lo que Feijóo se quiere pasar ahora por el arco del triunfo echando balones fuera. Así casi toda seguridad la derecha habrá conseguido tener en el TC a Arnaldo y ahora faltará a su palabra para que se renueve el tercio que toca constitucionalmente designar al gobierno y al CGPJ.
Así que no nos dejemos enredar. Todo este lío de me dijeron o no me dijeron es un debate absurdo para incumplir un documento firmado por un representante autorizado de partido que sigue siendo el mismo. Una añagaza más que unir a los tres acuerdos a los que llegaron con anterioridad para renovar el Consejo y que fueron violados uno por uno y con diferentes métodos por el Partido Popular.
Apuesto doble contra sencillo a que Feijóo, Gamarra y González Pons no tienen la más mínima intención de llegar a ningún acuerdo para que se produzca la legal renovación parlamentaria del CGPJ. ¿Ustedes qué harían? La más grave anomalía institucional que aqueja a nuestra democracia va ya para los cuatro años y el mandato de un Consejo es de cinco. Si como nos dicen, los peperos están convencidos de que gobernarán tras las elecciones de 2023 ¿para qué renovar ahora? Si cumplieran con su obligación ahora, en caso de ganar las elecciones lidiarían con un CGPJ de mayoría progresista durante todo su mandato, que haría nombramientos en el Tribunal Supremo y en las presidencias de Tribunales Superiores y Audiencias. ¿Alguien se cree que no van a mantener el bloqueo tan solo un añito más a ver si la moneda les cae de cara? ¿Saben cuánto le costaría al PP en Moncloa y a todos sus medios acólitos forzar al PSOE a pactar lo que ellos no han querido en cuatro años? Pues eso, nada.
Hay en liza otra serie de cuestiones que podrían mover los hilos y que se cuecen entre bambalinas. Obviamente, Carlos Lesmes quiere ser magistrado del Tribunal Constitucional y luego su presidente. Es harto difícil la maniobra que le permitiera ser designado por un CGPJ que aún preside, aunque consta que ha tanteado la cosa, y por eso mira con codicia a la plaza que ha dejado vacante por enfermedad en el TC el magistrado Alfredo Montoya, designado por el Senado. Lesmes podría ser candidato a esa plaza que debe cubrir la Cámara Alta pero, atención, porque también hacen falta 3/5 para eso. ¿Apoyarían los socialistas a Lesmes? Lo cierto es que su designación dejaría al CGPJ sin presidente y eso obligaría a renovarlo casi indefectiblemente.
Todo esto se teje en la sombra porque son cuestiones difíciles para el gran público. Sólo un número reducido de ciudadanos conoce las peculiaridades de los órganos constitucionales y el mandato para su renovación. A la mayor parte les da además igual, porque tampoco entienden su trascendencia. Por eso al PP le sale gratis esta intolerable postura anticonstitucional. El recorrido es tan corto que los medios de masas ni siquiera tocan de refilón el tema: es oscuro y prolijo, tienen muchas derivadas, la gente no percibe su importancia ni lo entiende y las audiencias se desploman. Miel sobre hojuelas para el PP que sigue haciendo populismo barato con la cuestión y lanzando soflamas, como que el Gobierno “quiere tomar el TC”, como si no fuera la Constitución la que confiriera al Gobierno la obligación de nombrar a dos magistrados.
Mientras Feijóo, como don Crisanto, no dijo mentira pero no dijo toda la verdad ni mucho menos, ¿eh? Y además, gratis.