En estos momentos la prioridad política de Alberto Núñez Feijóo no es tumbar a Pedro Sánchez, que eso dependerá de la convocatoria electoral, sino antes de eso, reducir el peso electoral de Vox, que se mantiene incólume en todos los sondeos. Y como ya viene ocurriendo desde hace unos años, la única táctica en la que el PP cree para lograrlo es hacerse tan de ultraderecha como el partido de Santiago Abascal. El actual viaje de Feijóo a Italia para alabar la política antiinmigración de la neofascista Giorgia Meloni es la prueba de que el camino emprendido por los populares en esa dirección no tiene límites.
Parece claro que uno de los motivos más relevantes del apoyo popular a Vox (un 13% del total, según el último barómetro del CIS) es su postura radical en materia de inmigración y concretamente su exigencia de que los inmigrantes que aun regularizando su situación en España sean devueltos sin más miramientos a sus países de origen. Ello trufado con las denuncias sistemáticas de que buena parte de los delitos que se cometen en España tienen como protagonistas a inmigrantes. Lo cual es radicalmente falso, según todas las estadísticas.
Pero la desconfianza hacia la inmigración, en distintos grados, es un fenómeno amplio, no nuevo, pero puede que creciente y que alcanza a los electorados de otros partidos, incluso los de izquierda. Un reciente informe del Centre d'estudis d'opinió de Barcelona concluye que, aunque el total de catalanes que se opone a la inmigración ha caído bastante en los últimos años hasta ser sólo una conspicua minoría, un 56% sigue creyendo que los inmigrantes tienen un impacto negativo en los servicios públicos, un 48 % tiene una opinión negativa sobre el alto número de inmigrantes y un 51% cree que las leyes al respecto son demasiado tolerantes. Y entre los partidos de izquierda, PSC y Esquerra, esos porcentajes son sólo ligeramente inferiores.
Por su parte, el citado barómetro del CIS añade que la inmigración es ya el primer problema para sus encuestados -exactamente para 30,4 % de los mismos- aunque pasa al 5º lugar si se les pregunta en qué medida el asunto les afecta personalmente.
Más allá de esas estadísticas no precisamente apabullantes pero sí significativas sobre las dimensiones que está adquiriendo el asunto, es evidente que la inmigración se ha convertido en estos años en una cuestión fundamental en el debate político europeo. Lo es en Francia, en donde la ultraderechista Marine Le Pen alzando la bandera contra la inmigración logró en el 50% de los votos en las elecciones legislativas del pasado mes de junio. Lo es ya en Alemania en donde la ultraderecha de la AFD acaba de conquistar su primer gobierno regional, podría ganar en breve su segundo y donde el gobierno federal, presidido por el socialdemócrata Scholz, ha ordenado controles policiales extremos en el interior del país para tratar de calmar esa oleada radical.
Lo es también en el Reino Unido, provocando un endurecimiento hacia la emigración por parte del partido laborista, recientemente ganador de las elecciones. Y lo es también en los países nórdicos. Y, por supuesto, en Italia, en donde la primera ministra Meloni ha hecho de la reducción del fenómeno migratorio una de las principales banderas de gobierno.
La política migratoria de la señora Meloni tiene tres directrices principales. La primera es la lucha contra la inmigración ilegal. La segunda es un plan de inversiones en Libia y Túnez a fin de que estos contengan, como sea, a los inmigrantes que a ellos llegan de toda África para luego dar el salto a Italia. Y la tercera, una feroz represión de la actividad de las ONG que rescatan a inmigrantes en aguas del Mediterráneo.
Feijóo se ha mostrado entusiasmado con esa política. Sin reparar que el gobierno español ya la viene practicando desde hace tiempo en lo que a los dos primeros puntos se refiere: son conocidos y se han intensificado últimamente los acuerdos y apoyos financieros a Marruecos, Senegal y Mauritania. Y tampoco en que la represión de las ONG es casi siempre ilegal y contraria a cualquier principio humanitario. De hecho, el vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, está acusado de graves delitos por haber impedido atracar al barco español Open Arms con 127 inmigrantes a bordo y se le piden 6 años de cárcel por ello.
Feijóo no ha debido de ser informado de ello o le ha importado muy poco. Seguramente porque lo que más le preocupa es que los portavoces de Vox no puedan acusarle de hacer seguidismo a la política de Pedro Sánchez, que es lo que vienen haciendo con especial insistencia en los últimos tiempos, con indudable reflejo de ello en los sondeos. Y no contento con sus alabanzas a la señora Meloni, ha propuesto un “alianza europea” con ella y otros países sobre la cuestión migratoria.
Por ahí se va perfilando la política exterior del PP, mientras Esteban González Pons y otros portavoces del PP inventan cada día una patraña para asegurar que el gobierno español es un cómplice de todas las barbaridades del venezolano Maduro.
Esa ofensiva pasará, como ha ocurrido con casi todas las campañas que el PP se ha sacado de la manga desde que quedó frustrada su aspiración de entrar en La Moncloa. No está tan claro, en cambio, que el giro de Feijóo hacia la ultraderecha por la inmigración no vaya a tener secuelas importantes.
Porque la inmigración no es un problema. El problema son las reacciones, políticas y sociales, que el fenómeno produce en los habitantes del país receptor. Que unas veces responden a atavismos y otras, las más, a campañas, difusas o concretas, de entidades reaccionarias, políticas o religiosas.
En España la cosa está aún mucho más contenida que en otros países europeos. Y una amplia mayoría de la población convive sin mayores problemas con los inmigrantes y comprende que estos son necesarios para la marcha del país. Aquí, hoy por hoy, es impensable que unas elecciones se jueguen sobre ese asunto. A Vox le puede venir bien para quitarle votos al PP. Pero con eso no se gana.