Propuesta socialista: la formación de los trabajadores como solución de país
La formación de los trabajadores y trabajadoras es un factor clave para mejorar la competitividad de nuestro país. Una economía basada en bajos salarios y escasa cualificación de la fuerza de trabajo no es propia de un país que se pretende moderno y avanzado. Ni siquiera es eficiente desde la perspectiva económica. Origina pobreza laboral, rotación y precariedad en el empleo, bajo interés por el trabajo y escasa productividad. De ahí la transcendencia de la formación de los trabajadores, estén ocupados o en situación de desempleo. Sin embargo, hay que reconocer que el modelo de formación profesional para el empleo que hemos tenido hasta ahora, aunque pudo tener resultados valorables en el pasado, ya no da más de sí.
Es necesario, por ello, proponer a la sociedad un nuevo modelo de formación profesional para el empleo.
Para empezar, la formación profesional para el empleo no puede ser cosa únicamente de trabajadores y empresarios, porque la formación de los trabajadores es hoy, esencialmente, un problema de país que requiere una solución de país. En la actualidad tenemos casi 3 millones de trabajadores en desempleo con un nivel de estudios tan bajo que necesitarán formarse y reciclarse profesionalmente como única forma de tener esperanza de encontrar un trabajo. Por eso es un problema de país, porque no podemos perder la fuerza productiva, la capacidad y el talento de 3 millones de trabajadores.
Para ellos y ellas la propuesta de los socialistas es la siguiente:
como problema de país que es, necesitamos una mayor inversión en la formación de los trabajadores ocupados y desempleados. Las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresarios (el famoso 0,7% para la formación) no pueden considerarse “patrimonio” de quienes las aportan, sino formando parte de una “bolsa” económica común que habrá que complementar con otras fuentes de financiación para sufragar la formación de los trabajadores ocupados y desempleados. En 2015 se han presupuestado 1.867 millones de euros para la formación de trabajadores. Una cantidad claramente insuficiente para la ingente necesidad formativa que debe atenderse. Nosotros proponemos que a esta cantidad se sumen dos tercios de las inversiones presupuestadas para bonificaciones a la contratación, que en 2015 son de 1.500 millones de euros. De esta forma destinaríamos casi 3.000 millones de euros a formación profesional para el empleo, sin que ello supusiera mayor coste. Hace tiempo que todos conocemos la escasa eficacia que poseen las bonificaciones, reducciones y tarifas planas como fórmulas de creación de empleo. Empobrecen la caja de la Seguridad Social y ponen en riesgo las pensiones del futuro, pero apenas sirven para generar ocupación, sobre todo cuando se disponen de manera generalizada y no se concentran en colectivos de trabajadores especialmente vulnerables. Pues bien, dediquemos estos fondos que hoy reciben las empresas por contratar trabajadores a la mejora de la formación y la profesionalidad de estos últimos. A medio plazo ambos saldrán ganando.
La infraestructura que utilizaremos en la formación profesional para el empleo será la infraestructura propia del sistema educativo, esencialmente la pública, pero también los centros privados de calidad (no queremos volver a tener “chiringuitos” –academias y centros de dudosa procedencia y calidad- en la formación de los trabajadores). Tenemos colegios, institutos, centros de formación profesional y universidades a lo largo y ancho de todo el territorio de nuestro país que pueden, y deben, convertirse en la centros para la formación de trabajadores. También tenemos muchos maestros y profesores que las políticas de austeridad del Gobierno han expulsado del sistema educativo y que pueden, a través de esta vía, tener una oportunidad de trabajo en la formación de personas. Utilicemos a todos esos docentes en la formación de ocupados y desempleados. Utilicemos, en definitiva, todo el potencial de nuestro sistema educativo para la formación de los trabajadores.
La gobernanza, planificación y estrategia del sistema de formación profesional para el empleo debe acordarse por todos los agentes implicados en ella: las administraciones laboral y educativa de ámbito estatal, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas (la participación institucional está reservada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical solo a ellas), las administraciones laborales y educativas de las CC.AA. (son ellas las competentes en materia de políticas activas de empleo –y la formación profesional para el empleo de personas desocupadas es una política activa- y también las competentes en la ejecución de la política educativa).
Las organizaciones sindicales y empresariales deben salir, sin embargo, de la gestión del modelo de formación profesional para el empleo. Aunque no compartimos la filosofía del decreto-ley de formación para el empleo que aprobó recientemente el Gobierno y que se convalidará mañana, sí valoramos la lucha contra el fraude que pueda haber habido en relación con la formación profesional para el empleo. De ahí que, para evitar equívocos en relación con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en el sistema de formación profesional para el empleo -y el propio descrédito social que ello las está acarreando-, defendamos su salida de la gestión de la formación para el empleo y la búsqueda, para ellas, de fuentes de financiación perfectamente transparentes y acordes con el papel de sujetos con relevancia constitucional que le reconoce el artículo 7 de nuestra Constitución.
Finalmente, y como medida particular, que ya aprobamos en nuestra conferencia política, creemos que, igual que se permite la capitalización de la prestación por desempleo para poner en marcha un negocio, debe permitirse la capitalización de la prestación por desempleo para que las personas desempleadas puedan desarrollar procesos de formación/reciclaje profesional que deriven en la obtención de un título de grado o postgrado universitario.
Un último párrafo para subrayar la importancia de la formación y el reciclaje profesionales. Es de T. H. Marshall en Ciudadanía y case social, escrito en 1949, pero de plena actualidad: “juzgamos a un hombre de 40 años por un examen que hizo a los 15, porque al acabar los estudios en el instituto o en la universidad le dieron un billete para un viaje que durará toda su vida. Quien saca un billete de tercera clase, no será admitido en un vagón de primera”. Frente a ello, los socialistas queremos que todos los trabajadores, pero especialmente esos 3 millones de trabajadores que necesitan un nuevo proceso de formación o reciclaje profesional, tengan la edad que tengan, vuelvan a tener la oportunidad de comprar un billete de primera para volver viajar por el mercado de trabajo.
