El Parlamento exigirá al Gobierno que saque del Valle de los Caídos los restos mortales del dictador. Igualmente decidirá que se establezca el 11 de noviembre como día de homenaje a las víctimas del franquismo y planteará, entre otras medidas, la necesidad de que la Administración colabore en la localización y exhumación de las fosas en que yacen más de 100.000 hombres y mujeres asesinados por la dictadura. Si fuéramos vírgenes e ingenuos y no tuviéramos memoria, hoy estaríamos celebrando por todo lo alto las decisiones debatidas este martes por el Congreso de los Diputados, para reactivar la Ley de Memoria Histórica, que a pesar de las diferencias que existen entre los grupos de izquierda todo apunta que se aprobarán este jueves.
Si lo fuéramos, no daríamos importancia a la fecha en que se ha producido este debate: mayo de 2017. Sí; nuestros políticos democráticos han tardado 41 años en decidir que Franco, el sátrapa genocida, no puede estar enterrado con los honores de un faraón; han tenido que pasar cuatro décadas para darse cuenta de que las víctimas merecen salir de las cunetas en que siguen enterradas como si fueran perros.
Si lo fuéramos, no analizaríamos el porqué de la negativa del Partido Popular a apoyar esta iniciativa. No nos preguntaríamos las razones por las que su portavoz en el debate parlamentario buscó mil y una excusas, hasta llegar a Stalin y a Venezuela, para oponerse a la propuesta. No nos rechinarían los dientes al escuchar a Alicia Sánchez Camacho eludir la palabra dictador y preferir referirse a él como “el señor Francisco Franco”. No nos indignaría comprobar cómo la formación política que nos gobierna se niega a liberarse de sus vínculos con el franquismo. No nos avergonzaríamos de que, con su voto y su discurso, el partido con más apoyo popular en España reafirme su distancia con la derecha europea representada por Angela Merkel y se sitúe a un paso de las tesis revisionistas del Frente Nacional o de Alianza por Alemania. Apenas hay diferencias entre quienes cuestionan la existencia de las cámaras de gas y los que niegan el carácter totalitario y criminal del régimen franquista. El discurso del PP suena igual que el de historiadores condenados por su infame blanqueo del nazismo como David Irving.
Si lo fuéramos, no recordaríamos que este tipo de decisiones suelen quedarse en un llamativo titular y una bonita fotografía. Por poner solo un ejemplo de esos fuegos artificiales que tanto gustan a nuestros políticos: hace ya dos años que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad reconocer y homenajear a los 9.300 españoles y españolas que fueron deportados a campos de concentración nazis. 24 meses después no se ha cumplido este mandato; el Gobierno se ha declarado insumiso y la oposición no ha ejercido su papel de recordarle, diariamente, su repugnante incumplimiento.
Si lo fuéramos, preferiríamos olvidar que Felipe González tuvo 15 años para desmantelar los vestigios de la dictadura y no quiso hacerlo. Tres mayorías absolutas consecutivas en las que no se atrevió a sacar al dictador de su mausoleo ni a dar un entierro digno, entre otros, a sus compañeros socialistas que habían muerto por defender la democracia republicana frente al eje Franco-Hitler-Mussolini. El gran Felipe estaba en otras cosas, sin duda importantes, y no le pareció relevante que como país, realizáramos una revisión histórica rigurosa que habría acabado, de una vez por todas, con la historiografía franquista que aún contamina los libros de texto que estudian nuestros hijos.
Si lo fuéramos, ignoraríamos que Zapatero permitió a la parte más conservadora de su partido descafeinar su Ley de Memoria Histórica y olvidaríamos que tuvo siete años para llevar a cabo las iniciativas que ahora plantea desde la oposición. Si lo fuéramos, no nos vendría a la cabeza la casi lasciva satisfacción que emanaba Mariano Rajoy al explicar orgulloso que su Gobierno había asesinado y enterrado la Ley en otra cuneta, al dotarla de un presupuesto anual de cero euros.
Para nuestra suerte o nuestra desgracia no somos vírgenes, ingenuos ni desmemoriados. Vemos cada día el letal fruto de la cobardía y los complejos con que los políticos demócratas han abordado este tema durante los últimos cuarenta años. Esa es la razón por la que hoy vivimos un auge del revisionismo franquista. El negacionismo de nuestro Holocausto viaja a través de Internet, contamina ondas de radio y televisión y alcanza las portadas de los periódicos de papel. Basta con que unos supuestos historiadores se quiten momentáneamente sus camisas azules y escriban un libro repleto de falsedades y medias verdades para que el producto consiga calar en la sociedad.
Así ocurrió recientemente con 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular en el que Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa legitiman el golpe de Estado franquista demostrando un supuesto pucherazo electoral de la izquierda en las elecciones de febrero del 36. Sin cuestionarse mínimamente el sesgo que ya habían demostrado los autores en obras anteriores, ni contrastar sus conclusiones con otros historiadores de, estos sí, reconocido rigor y prestigio, numerosos medios dieron por buenas sus tesis y las reprodujeron como si de verdades absolutas se tratara. Dos meses después, tras analizar detalladamente la obra, el catedrático de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona José Luis Martín Ramos la ha desmontado punto por punto en Público. Lamentablemente, su estudio no llegará a las portadas y los espacios que, por mala fe o por pura ignorancia de los periodistas de turno, copó el sesgado relato de Villa y Tardío.
No será la última vez que ocurran cosas similares. La democracia acomplejada ha permitido que varias generaciones de españoles crecieran en la ignorancia, cuando no en la tergiversación franquista, de nuestra historia reciente. Nuestros políticos socialistas, centristas y comunistas han tolerado que uno de los lugares turísticos de la capital del Reino sea la tumba de un criminal que secuestró nuestras libertades durante 40 años. Nuestro régimen de libertades no ha querido evitar que se siga equiparando a víctimas y a verdugos.
El terreno está abonado, pues, para que el revisionismo franquista siga creciendo hasta el infinito y más allá. Lo hará si no arrancamos de cuajo sus raíces. Podríamos pensar que la iniciativa debatida este martes en el Congreso de los Diputados es un paso decisivo para realizar esa poda sanadora con unas tijeras de democracia, cultura y verdad. Podríamos pensarlo… si fuéramos vírgenes e ingenuos y no tuviéramos memoria.