Hace algo más de treinta y ocho años, el 28 de febrero de 1980, los ciudadanos andaluces decidieron en referéndum que únicamente era aceptable una interpretación de la Constitución que supusiera una descentralización completa del Estado, sin que pudiera ser de naturaleza diferente el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido a las “nacionalidades” y a las “regiones”. Todas tenían que ser titulares de un derecho a la autonomía de naturaleza política, lo que exigía que en todas hubiera una expresión inequívoca del principio de legitimidad democrática a través de un Parlamento elegido por sufragio universal. Esto es lo que significó el referéndum del 28F, que fue formalmente un referéndum andaluz, pero materialmente fue un referéndum de todas las “regiones” españolas. Andalucía definió el canon interpretativo de la Constitución en lo que a la estructura del Estado se refiere. De ahí vinieron los Pactos Autonómicos de 1981 y la construcción del Estado de las Autonomías con base en los mismos.
Ha sido el Estado más legítimo y más eficaz de la historia contemporánea de España. Con mucha diferencia. La sociedad española ha sido consciente en sus dos únicas experiencias inequívocamente democráticas, la de 1931 y la de 1978, que el Estado unitario y centralista, que inicia su construcción con la llegada de los Borbones a comienzos del siglo XVIII y se perfecciona a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, llegando hasta el paroxismo con la Dictadura del general Franco, no podía ser la forma de Estado de la democracia española. La democracia exigía la descentralización política.
En mi opinión, la sigue exigiendo, a pesar de que ahora mismo la fórmula de integración de las “nacionalidades” en el Estado diseñada en 1978 está atravesando una grave crisis en Catalunya. Aunque formalmente en Catalunya siguen vigentes la Constitución y el Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, no es diferente su situación en términos jurídicos de la de las demás “nacionalidades y regiones”, a nadie se le oculta que en términos políticos la situación es muy diferente. Una parte muy importante de la sociedad catalana ya no está de acuerdo con la fórmula que se diseñó en la Constitución del 78 para la integración de Catalunya en el Estado y pretende incluso que se celebre un referéndum de autodeterminación. También sabemos que hay otra parte de la sociedad catalana, no fácilmente cuantificable, pero de tamaño significativo, que no está por la autodeterminación, pero sí quiere ser consultada sobre la forma de la integración de Catalunya en el Estado, porque no se reconoce en el Estatuto de Autonomía tras la STC 31/2010.
La integración de Catalunya en el Estado se ha convertido en un problema materialmente constituyente, para el que hay que encontrar una respuesta de esta naturaleza, de la que únicamente pueden ser protagonistas órganos legitimados democráticamente de manera directa. No hay otra respuesta posible.
En tanto no se despeje la incógnita judicial, es imposible, sin embargo, que la negociación política pueda tener lugar y estamos, por tanto, condenados a vivir durante algún tiempo en la tensión entre unas normas que siguen vigentes y la resistencia a dichas normas de sus destinatarios. No en su totalidad, pero sí de manera muy mayoritaria. Son muchos más los catalanes que no aceptan el Estatuto tras la STC 31/2010 o la aplicación del 155 CE, que los que quieren la independencia. Por eso el problema tiene la magnitud que tiene.
Al calor de este conflicto constitucional y de la calificación del mismo como un “delito de rebelión”, se ha puesto en marcha una operación que pretende poner en cuestión el propio Estado de las Autonomías e iniciar un retroceso hacia la forma tradicional de organización pre-democrática del Estado español. Operación que se está viendo impulsada por la pérdida del monopolio por parte del PP de la derecha española de estos últimos treinta años. Al calor del conflicto catalán la derecha española se ha fragmentado y ha entrado en una puja por ver cual de sus diversas representaciones saca mayor rentabilidad a la explotación del dicho conflicto. Puja que inexorablemente les conduce al pasado preconstitucional.
Este es el clima en el que se está desarrollando la campaña electoral andaluza que concluye el próximo domingo. Como hace treinta y ocho años, los ciudadanos andaluces van a participar en una consulta formalmente regional, pero su alcance va a ser materialmente estatal. No es solamente el Gobierno de la Junta de Andalucía lo que está en juego, sino el futuro del Estado de la democracia española.