Uno de los problemas que se le supone al sistema económico capitalista es el que tiene que ver con la desigualdad que genera. Personas, o regiones, que tienen mucho y otras que no disponen de lo básico para sobrevivir. El Estado del Bienestar fue la solución para ciertos errores del mercado, entre ellos el planteado. La prestación de servicios sociales básicos como la sanidad y educación, así como la transmisión de recursos desde las clases más pudientes a las menos, eran unas funciones que el Estado asumía, además de las típicas de seguridad nacional y legislativa. Tras años, décadas, en las que Europa fue el paradigma de este tipo de intervención estatal en la economía, parece que se ha decidido, no se sabe ciertamente desde dónde, que debe desaparecer.
La desigualdad es una situación socioeconómica que aparece en un entorno competitivo y se traduce en una ineficiencia en la toma de decisiones: ante la existencia de desigualdad social no se elige la mejor opción entre todas las posibles, sino aquella que se da entre determinada clase social, raza, sexo, ideología política, y/o cualquier otra forma de discriminar. La consecuencia más inmediata es una falta de igualdad de oportunidades en la sociedad.
Algunos estudios sugieren que aquellas regiones con una mayor desigualdad en su seno tienen una menor esperanza de vida, con mayores tasas de enfermedades mentales, de alcoholismo y de drogadicción. Los homicidios son más y, por tanto, existe también una mayor tasa de encarcelamientos. Los defensores del liberalismo económico argumentan que la desigualdad es motivadora. Pero ¿hasta qué grado de desigualdad? ¿Cuál es el nivel que una sociedad está dispuesta a mantener? No es fácil gestionar a una sociedad donde la convivencia no está garantizada, con lo que implicaría para la democracia.
España es un estado desigual comparado con otros países de nuestro entorno. Esta afirmación se sustenta con datos. Por ejemplo, el índice de Gini mide la concentración de los ingresos en una sociedad. Partiendo de la base de que 0 es la máxima igualdad y 100 representa que una persona atesora todos los ingresos (máxima desigualdad), en términos de este indicador, el valor para nuestro país es de 34, superior a la media de 27 países de la UE, que es de 30,7; o al de Francia, 30,8; Alemania, 29; o Finlandia, de 25,8 (datos referidos al 2011, Eurostat).
También nos puede dar una idea de la polarización social observar qué porcentaje de la población se encuentra en riesgo de exclusión social. Si la media de los países de la UE es de 24,2%, en España es del 27%. El dato adquiere mayor relevancia si lo comparamos con países como Francia, 19,3%; Alemania, 19,9%; Finlandia, 17,9% (datos para el 2011, Eurostat).
Estos datos no son fruto de la casualidad, sino más bien de la escasa implantación del Estado de Bienestar. Fijémonos en la contradicción en la que nos encontramos: nos están machacando con el mensaje de que nuestro Estado de Bienestar es inasumible por su elevado coste y, en cambio, los datos nos dicen que la proporción de dinero dedicada para funciones relacionadas con el Bienestar en España es menor que la de países de nuestro entorno.
Tabla 1. Elaboración Propia. Datos de 2011 de Eurostat.
Ante esta situación, desde el Gobierno, cumpliendo el mandato de la Comisión, BCE y FMI, se han tomado medidas que conducirán a un incremento de la desigualdad para los próximos años. Aumentará la desigualdad relacionada con la obtención de ingresos, ya que aquellos que obtienen la mayor parte de su renta mediante un salario lo verán mermado, al igual que les sucederá a pensionistas y funcionarios. La desigualdad de riqueza, relacionada con aquellos activos que se poseen, provocará que aquellas familias con menos recursos no tengan opción a una vivienda, activo principal de las familias antes de la burbuja inmobiliaria.
Se nos pretende hacer creer que lo que se hace es necesario, que el sufrimiento actual nos permitirá un futuro mejor cuando la economía crezca. Pero no debemos olvidar que el crecimiento económico puede acrecentar la polarización social si no disponemos de mecanismos redistributivos fuertes y eficaces, junto con unos servicios públicos de calidad que fomenten la igualdad de oportunidades. Tampoco queda claro el porqué nos tenemos que esperar a crecer para redistribuir, y no redistribuimos para crecer. Se ha demostrado que quien más tiene destina menos proporción de su renta al consumo que quien menos tiene. Una mejor distribución de la renta en una sociedad podría hacer crecer el consumo y, por consiguiente, la economía.
Ante este escenario, un cambio radical en las políticas se hace más necesario y urgente que nunca. Se necesita más y mejor democracia. Debemos ser exigentes con aquellos que nos gobiernan, pero desde el compromiso personal. Tenemos experiencia en dejar que nos gobiernen, y no nos ha ido nada bien; recuperemos nuestro espacio. Hay que echar a la corrupción del poder, pues impide que se legisle y gobierne para la mayoría. Con un estado libre de corrupción es más factible una reforma fiscal progresista y progresiva, lo que permitiría mayores ingresos públicos para destinar a políticas cuya finalidad sea una sociedad más igualitaria.
Si pensamos que la élite ejerce su poder en el sistema a través de las grandes empresas, se necesita urgentemente un mayor grado de implantación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Pero no nos confundamos de RSE. La que necesitamos es la que tiene que ver con la justicia social y no con la caridad. Las empresas no pueden ser ajenas al entorno en el que se implantan.
Los mensajes optimistas que, desde el Gobierno y cierta prensa, se lanzan sobre la proximidad de la recuperación de la economía, esconden realmente un futuro muy incierto. Nos encontraremos con un país en el que podrá bajar la tasa de paro pero a costa de unas condiciones laborales mucho peores a las anteriores, con salarios más bajos, contratos temporales y minijobs. Un país en el que se reducirán las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que esperemos no hacernos demasiado viejos, ya que tendremos pensiones que no nos permitirán vivir. Un país donde habrá una bajada de impuestos, pero en el que a cambio tendremos que pagar servicios que antes eran públicos, como la sanidad y la educación. Si al menos lo hubiésemos podido votar...
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