El gasto total cuenta, pero no lo es todo
A pesar del impacto de las políticas de austeridad (las mismas que ya no convencen a Margallo y Montoro, al FMI y la OCDE y, más pronto que tarde, a la propia Comisión Europea), el gasto total de las administraciones públicas españolas es mayor que antes de la crisis. Entre 2008 y 2015 el gasto público aumentó en más de 9.000 millones de euros nominales, al tiempo que el PIB disminuía en unos 35.000 millones.
El gasto no sólo ha aumentado en moneda corriente desde el inicio de la crisis, sino también en valor real (descontando el efecto de los precios), en puntos de PIB y en euros per cápita. Se mida como se mida, no es posible concluir otra cosa que no sea que el gasto total de las administraciones públicas es mayor en la actualidad del que era al inicio de este largo via crucis. Si necesitan referencias, pueden consultar este trabajo de FEDEA y BBVA Research.
El problema surge cuando se pretende usar esta evidencia para quitar hierro al ajuste presupuestario de los últimos años. Y es que, aunque probablemente somos los únicos monos capaces de hacer ciencia, nuestra lógica de primates puede jugarnos malas pasadas. No olvidemos que durante siglos defendimos con vehemencia que la Tierra era plana y que el Sol giraba alrededor de nuestro planeta.
El gasto público se incrementó en más de 9.000 millones entre 2008 y 2015. Cierto. Tan cierto como que, en el mismo periodo, el gasto en pensiones se incrementó en 33.600 millones, el servicio de la deuda en 18.800 millones y las prestaciones por desempleo en otros 9.500 millones más. Si estas tres partidas se incrementaron conjuntamente en unos 62.000 millones, otras han tenido que reducirse por importe de 53.000 millones para que el saldo final se ajuste a los citados 9.000 millones (véanse gráficas).
Así, los números sólo encajan cuando se tienen en cuenta los 2.400 millones de recortes en sanidad, los 9.400 millones en educación y cultura, los 6.600 millones en la financiación de los restantes bienes y servicios públicos, y los 34.000 millones menos en inversión (que en lugar de actuar como contrapeso de una inversión privada deprimida, ha caído más del 50% con respecto al nivel anterior a la crisis). Hemos cedido en todas estas partidas para apuntalar el gasto en las tres primeras: pensiones, deuda y desempleo.
Conviene no pasar por alto que el incremento del gasto en pensiones casi triplica el importe conjunto de los recortes en sanidad, educación y cultura efectuados entre 2008 y 2015. Esto introduce un elemento distorsionador a la hora de evaluar el impacto de la crisis en el deterioro de las finanzas públicas, pues más de la mitad del incremento de las tres partidas principales de gasto no ha sido consecuencia directa del entorno económico. Tenemos un serio problema con la financiación de las pensiones, aun asumiendo que un mejor funcionamiento del mercado laboral debería de incrementar los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social.
Es evidente que los recortes han existido a pesar de que el gasto total ha aumentado. Presumir del esfuerzo en consolidación fiscal sin haber incrementado la recaudación (el Programa de estabilidad la mantiene anclada en el 38% del PIB), y negar al mismo tiempo la dureza de los recortes carece de consistencia intelectual. O cumplimos con los objetivos de déficit, y entonces asumimos los recortes como necesarios, o razonamos el incumplimiento de dichos objetivos buscando estímulos al crecimiento y una mayor cohesión social. El resto son unicornios.
*Este artículo refleja la opinión personal de su autor
