El fin de semana que recién pasó trajo la posibilidad de una liberación temprana para Lula, esto es, de elecciones legítimas. Pero desde 2016 en el gigante del Sur, todo es incierto y en deterioro. Apenas existe el espacio para actuar y demandar derechos que fueron arrebatados a millones, al perpetrarse el golpe de Estado contra quien era la mujer más poderosa del hemisferio.
La represión a líderes sociales va en escalada y cualquier intento de desnudar a aquellos en el poder se neutraliza con calles militarizadas. Otro correo me llega, de una de esas organizaciones internacionales, que me pide “actuar” para pedir “justicia” en Brasil. Me miente, diciéndome que con miles de firmas de lugares remotos y personas anónimas conseguiremos presionar al gobierno para que resuelva ejecuciones extrajudiciales perpetradas por ellos mismos.
Peticiones pidiendo que nos digan lo que ya sabemos: que a Marielle Franco la mató el Estado. Y que es precisamente el Estado, el mismo sistema que tiene en prisión a Lula, el que está dedicando recursos a asesinatos indiscriminados de jóvenes vulnerables. A una política de “limpieza social”.
En este sistema, no hay justicia para Marielle Franco y para todos los jóvenes asesinados por el Batallón 41, el más violento escuadrón de Río, que ella denunció antes de morir. A más de cien días del asesinato, la única noticia alrededor del caso es la de la estricta prohibición de hablar del mismo para las autoridades a cargo.
Esperar justicia que venga en algunos años es parte de su plan
La operación en la que se asesinó a Marielle fue encubierta, involucrando a distintos mandos de inteligencia estatal, en un territorio con la más sofisticada vigilancia electrónica, donde cada movimiento en cada esquina y cada cuadrante queda registrado. En una situación de ocupación militar y dentro de un patrón de ejecuciones judiciales selectivas toleradas por autoridades estatales al más alto nivel.
Pedir justicia a los arquitectos de la impunidad es ingenuo. Es el país donde las órdenes judiciales para liberar al líder político de las mayorías se ignoran aceleradamente, mientras en el caso de Marielle no hay hoy órdenes de captura.
Asesinar a Marielle fue un acto de defensa. Los autores intelectuales de su asesinato buscaron reducir el escrutinio de su propia incompetencia. Buscaron evitar que se desnudara la guerra abierta que, con balas, con persecuciones judiciales y con austeridad, los líderes golpistas han emprendido contra los pobres del país.
El silencio sobre el asesinato de Marielle se contrasta con las voces elevadas cuando se refieren a Lula. De esos mismos señores uniformados, hombres blancos en trajes grises, que tienen secuestrada la democracia. Saben bien que la dictadura tiene fecha de expiración, que se aproxima una elección, y que tienen hoy tan poca legitimidad que deben recurrir a silenciar con balas las críticas de un liderazgo político emergente que es tan distinto a ellos. A un modelo de representación que es imparable y que solo empieza a emerger. Les aterroriza que haya cientos de Marielle. Que la gente diga no más al miedo y no se limite al voto si no, como Marielle, decida ejercerlo y representar a los más.
A estos señores les caracteriza un racismo y brutalidad que no pueden ocultar. A aquellos que no pueden matar con un balazo en la cabeza, los encarcelan. Y sus acciones son bien recibidas por algunas capas medias caracterizadas por racismo cada vez más abierto, autoritarismo nostálgico y jóvenes movilizándose por la austeridad, como caso inaudito, disparándose simbólicamente a si mismos. Matando la posibilidad de un futuro.
El Gran Hermano del Norte, cómplice de asesinatos políticos
Las agencias de inteligencia, como la NSA, con operaciones sofisticadas que vigilan sin parar a la élite política del gobierno, oposición y milicia, si se calculan sus capacidades, habilidades y permiso para operar en el país, sabrían perfectamente quién y cómo se planificó el asesinato de Marielle. También lo sabría el Estado, si se considera que el crimen ocurrió a pocos pasos del Centro más sofisticado de vigilancia electrónica y física de Latinoamérica. Solamente una Comisión de Investigación formada por expertos independientes puede tanto dar con los autores intelectuales como exponer la política sistemática de escuadrones de la muerte dedicados a ejecuciones extrajudiciales, que debe instalarse a la mayor brevedad. Con o sin el consentimiento del Estado. Con el apoyo de todos.
Y es que el riesgo que corren Brasil y el resto de América Latina es grande. Es el de la consolidación y reinstalación de los delincuentes uniformados. Un regreso al pasado donde militares y empresarios unidos reprimen hacia dentro con vía libre, siempre que garanticen que ciertos intereses están cuidados. Pero esta vez es más complejo y más peligroso, porque cuentan con herramientas digitales poderosas para reprimir, vigilar, suprimir y manipular como nunca.
Mientras se privatiza y endeuda al país y a la región, y se corta el gasto social, la incertidumbre sobre las elecciones próximas en Brasil impera. En la víspera, están matando la democracia a tiros. Silenciando el escrutinio público. Desplegando miles de soldados en calles hambrientas de justicia y equidad.
De momento, con impunidad imperante y asesinatos políticos, es la democracia de doscientos millones de brasileños la que está enfrente del Batallón 41, suplicando sobrevivir.