El problema catalán amenaza nuevamente con provocar una catástrofe en España. El intento de Pedro Sánchez de entenderse con Esquerra Republicana reduciendo las consecuencias penales de los condenados del procés ha suscitado una ola de nacionalismo español -que el PP quiere capitalizar y que le ha llevado a movilizar al Tribunal Constitucional contra el Gobierno y el Parlamento- que puede terminar muy mal. Aunque no haya tiros ni amenazas grandilocuentes, la crisis de estos momentos es la más grave que la democracia española ha vivido desde el golpe del 23-F.
Este jueves, los vocales no adictos al PP del Tribunal Constitucional han logrado que el organismo posponga su decisión sobre la petición del PP de paralizar la votación del Congreso sobre la reforma del sistema de renovación del citado tribunal, en el que varios de sus miembros, entre ellos su presidente, tienen desde hace meses su cargo caducado, pero que se niegan a abandonar. Gracias a ese retraso, seguramente no previsto en el plan del PP de utilizar ese tribunal en el que tiene una mayoría ilegítima y en el que el presidente del mismo, Pedro González Trevijano, es uno de los magistrados que tiene el cargo caducado, el Congreso de los Diputados ha iniciado su pleno en el que se ha aprobado, entre otras cosas, la citada reforma del Constitucional, así como la de los delitos de sedición y malversación que reducirían las penas de condenados por el procés.
Pero la paralización podría llegar la semana que viene, cuando la petición del PP sea votada por la mayoría derechista del Tribunal y antes de que las reformas aprobadas por el Congreso tengan que ser debatidas y aprobadas por el Senado. Por tanto, el choque de trenes institucional entre el poder legislativo y el Constitucional se ha pospuesto unos días. Pero es casi seguro que va a llegar porque no parece que el PP vaya a echarse atrás después de haber dado un paso tan contundente y articulado con González Trevijano.
Núñez Feijóo ha roto su atonía de los últimos meses jugando en el tema más querido por la derecha: la unidad de España. La reforma del Tribunal Constitucional propuesta por el Gobierno es una pieza clave en el empeño de desdramatizar las relaciones con el independentismo catalán, porque si el PP pierde la mayoría que ahora tiene en ese organismo, los cambios que Pedro Sánchez quiera propiciar con ese fin podrían encontrar menos obstáculos.
En los últimos días habían llegado numerosos indicios de que la aceptación por parte de Sánchez de algunas demandas del independentismo catalán había sido muy mal recibida en amplios ámbitos de opinión. Y no solo en los de la derecha más centralista y anticatalana, sino incluso en el propio PSOE. El antinacionalismo vasco y catalán es una de las señas de identidad del socialismo tradicional desde hace un siglo y sigue presente en el partido, como lo prueban las fuertes críticas que las iniciativas de Sánchez han merecido a los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha y Aragón.
La supuesta intención electoralista de esas críticas no haría sino confirmar la solidez del sentimiento antinacionalista que existe en amplios sectores de la opinión pública y no solo de esos sectores. Hay una movilización importante de la derecha social por este asunto y se palpa en la calle y en muchos despachos de profesionales relevantes. En esos ambientes, cualquier trato de favor hacia los independentistas, por mínimo que sea, se considera una traición, y la revisión de las durísimas y en cierta medida injustificadas condenas a los líderes del procés, también.
Teniendo en cuenta esas reacciones, algunos en la izquierda se preguntan si Sánchez no ha ido demasiado lejos y, sobre todo, demasiado rápido. Olvídese por un momento la burda acusación de que el líder del PSOE ha propuesto sus reformas con el único fin de afianzarse en el poder. Porque no tiene sentido jugarse tanto cuando habrá elecciones generales dentro de un año y Sánchez se juega su futuro en las mismas por lo que decida hacer el terreno de las relaciones con el independentismo catalán. Entre otras cosas y más allá de juegos tácticos para afianzar su actual mayoría.
Que España no puede avanzar manteniendo abierta la crisis catalana es algo que han comprendido muy bien muchos líderes europeos. Aquí el fanatismo centralista no permite ver muy clara esa obviedad. Sánchez, al igual que antes Zapatero, ha decidido hacer frente a ese toro atendiendo por primera vez en años a lo que se reclama desde Cataluña, frente a la tradicional y fatídica cerrazón del PP ante esa realidad diferente e inevitablemente conflictiva. Y esa intención no puede ser criticable por muchos sinsabores que pueda provocar.
Núñez Feijóo se ha puesto a la cabeza de los que quieren parar los pies al líder socialista. Aprovechando eventuales errores de procedimiento en las iniciativas del Gobierno, posiblemente nacidos, en el caso de que existan, del apresuramiento con que éstas se han adoptado y que seguramente era necesario. Y también utilizando posiciones de fuerza como la que el PP tiene injustamente en el Tribunal Constitucional y, más en general, en la cúpula judicial.
La batalla que acaba de empezar se va a librar en ese terreno y también en el más amplio de la política. El plan de Feijóo es seguramente el de deteriorar la buena imagen que Pedro Sánchez tiene en la mayoría de la opinión pública creando la sensación de que la gestión del líder socialista solo genera problemas y que lo mejor que puede pasar es que se vaya de La Moncloa. El nuevo grito de guerra del líder del PP -“elecciones ya”- condensaría esa intención. Preparémonos porque vienen curvas y cada día va a ser un afán. No precisamente tranquilo.