“La balanza de la Justicia no es un mecanismo demasiado sensible, es una burda báscula que sólo se mueve cuando los platillos se llenan a quintales”
Jacob Wassermann
El caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas ha sido uno de los mayores calvarios y quebraderos de cabeza para el PP en su largo vía crucis de corrupción. Lo fue desde el principio, aunque la opinión pública no ha entendido a veces su relevancia. Los populares tenían abiertos dos frentes para que no se desbaratara el relato de los casos aislados, de las personas malvadas y de la ignorancia radical del propio Partido Popular de todo lo que se hacía en su nombre, tanto para ganar elecciones como llenarse los bolsillos. El primero era la acusación de Gürtel por la cual se le consideraba partícipe a título lucrativo. Sí, esa por la que fue condenado y cuya sentencia le costó la moción de censura y la pérdida del poder. Ya hemos relatado todo lo que el PP hizo y deshizo para evitar ese final y todo lo que está dispuesto a hacer incluso en el futuro para cobrarse la pieza del magistrado De Prada al que consideran verdugo de sus intereses. El segundo frente no era otro que el procedimiento en el que ayer fue absuelto.
Este segundo proceso ha constituido una espada de Damocles de enormes dimensiones para el Partido Popular. Era la primera vez que el sentado en el banquillo por un delito era el propio partido como persona jurídica. Una condena hubiera supuesto el derrumbe de toda la estrategia sobre la ignorancia y la limpieza de un partido que, ¡qué mala suerte!, se vio poblado inopinadamente de rufianes conocidos y otros que aún vamos a conocer. Como castigo se llegaba a pedir su suspensión como partido. Ayer, el magistrado Eduardo Muñoz de Baena se puso de perfil y aceptó la tesis de la Fiscalía valiéndose de tres elementos fundamentales: la falta de pruebas, el in dubio pro reo y la doctrina Botín. Ahí es nada.
Voy a centrarme en la absolución del Partido Popular en sí, más allá de la de su personal, porque esa es la verdadera clave de todo este asunto. La cuestión mollar es cómo los ocultos resortes de la Justicia han propiciado que quede absuelto un partido político sobre el que pesaba la grave acusación de haber entorpecido la propia labor de la Justicia destruyendo pruebas de una instrucción judicial. Habrá recurso, pero sobre una sentencia absolutoria tiene pocas posibilidades.
Siempre les he hablado de los casos en los que se oye rechinar el sistema —el caso Nóos, por ejemplo— y éste ha sido uno ellos. Fue un juez, el juez Ruz, el que envió la cuestión a Plaza de Castilla cuando se percató de que se la habían jugado y una de las pruebas que había pedido al Partido Popular le había sido entregada totalmente inservible. La cuestión llegó así a Plaza de Castilla y en el juzgado de instrucción, la magistrada sustituta que entonces lo ocupa, lo archiva de plano sin realizar la más mínima diligencia. Las acusaciones no están conformes con tal archivo y lo recurren para que sea la Audiencia quien decida. Me van a decir que es casualidad, pero en ese paso la causa se pierde, se desvanece, se esfuma. No está. Nadie dice nada hasta que las acusaciones no se mosquean por el retraso y van a preguntar. La funcionaria insiste en que lo mandó, la Audiencia en que no se recibió. ¿Dónde fue por el camino? ¿Por qué de los cientos de miles de recursos que se tramitan vino a suceder con éste? No olvidemos nunca que durante todo este devenir procesal es el Partido Popular quien sigue gobernando la nación, la Comunidad y, por supuesto, nombrando fiscal general.
Es la verdadera titular del juzgado, Rosa Freire, la que a su regreso pone todo su empeño profesional en sacar adelante la instrucción reconstruyendo el procedimiento evaporado e investigando hasta enviarlo a juicio. En ese momento llegan no sólo las recusaciones del PP sino las descalificaciones sobre esta magistrada. Lo de siempre.
Por si fueran pocos avatares, el propio perjudicado, Luis Bárcenas, abandona en un momento dado la acusación. Curioso. Es el paso preciso para que, dado que la Fiscalía no acusaba tampoco, se planteara por el PP la aplicación de la Doctrina Botin, como efectivamente hace la sentencia. Nunca sabremos a ciencia cierta si ambas cuestiones están relacionadas. La doctrina Botín es esa “legislación” realizada por jueces en la que se altera y restringe una figura constitucional como es la acusación popular, sin que haya mediado intervención del Parlamento. Esa que permitirá a cualquier poderoso, siempre que pueda hacer desistir a Fiscalía, deshacerse del problema penal dándole unos mimos o unos sustos al perjudicado para que retire su acusación. Un arma que hasta ahora ha servido muy bien a los de arriba y que ya va siendo hora de que el legislador desmonte en una votación democrática.
Así que el magistrado, el que no nos dejó ver ni oír el juicio porque aceptó la petición del PP de no televisarlo, afirma que no ve pruebas de que cuando se ordenó resetear y destruir el contenido del disco duro, supieran que ahí podía haber algo importante y eso porque estima que no tenían por qué estar al corriente, ni la gerente del PP ni los demás, de que en la Audiencia Nacional se investigaba a su ex tesorero y la contabilidad B del partido. Lo que hace vivir in albis.
Falta de pruebas, in dubio pro reo y Doctrina Botin. A la sentencia, en sus excesivas 74 páginas, no le falta un perejil para hacer lo más fácil en este caso que es ponerse de perfil y absolver. Eso sí, sin ahorrarles el juicio, para que el PP no se salga en todo con la suya, y resolviendo aplicar la doctrina Botin no antes sino en sentencia. El juzgador ve tan plausible que se destruyeran los discos para entorpecer la acción de la Justicia como que se borraran para aplicar los protocolos y reasignar los ordenadores. “Es sabido que ante dos alternativas de hecho admisibles, compatibles con la lógica y potencialmente susceptibles de general convicción, el principio in dubio pro reo obliga al juzgador a inclinarse por la que más favorezca al acusado”, explica. Resulta que la testifical de Bárcenas no resultaba muy fiable, dice, aunque “en absoluto se ha concluido que Bárcenas hubiera faltado a la verdad”.
El más favorecido es el PP que precisaba la absolución en este caso para no cargar con el insólito estigma de la condena a la organización, para que el relato se sustente, para poder seguir apelando a la presunción de inocencia de todos los que siguen siendo imputados, para poder afirmar que las ranas y la charca nada tenían que ver con ellos. Al menos el juez ha tenido el detalle de no condenar en costas a las acusaciones populares que son las únicas que han conseguido impedir la evaporación de este procedimiento que inició, no lo olvidemos, otro magistrado.
El PP respira. Es el gran alivio.