El gran burladero
Todos los seres humanos se considerarán, desde que nacen, iguales en dignidad y derechos ante la ley y tendrán derecho a igual protección de la ley, sin distinción ni discriminación alguna
Del pasado siempre se aprende, al menos si no eres demasiado idiota. El pasado reciente nos muestra cómo la explosión de la corrupción en la familia de Juan Carlos I, aún siendo Rey de España, en torno al caso Noos solo acabó llevando a prisión a su yerno, el único de sangre plebeya del asunto. ¿Qué aprendieron los mecanismos del Estado en el caso Noos? Que cuando una cuestión de esta naturaleza está judicializada se complica sobremanera sustraerla del avance del engranaje procedimental. Durante aquella época nos pasamos meses explicando cómo y dónde se oían las crujías del sistema cuando se buscaba la fórmula para evitar el entuerto final, es decir, para que la hija del Rey no tuviera responsabilidades penales. La cosa tuvo su coste y salió regular, ya que la infanta salió del atolladero pero su marido ingresó en prisión. No salió bien la cosa, no, no salió del todo bien, entre otras cosas porque no estaba en el Supremo. Por eso luego los aforaron.
Como mera observadora les diré que los presuntos delitos cometidos por un jefe del Estado, cabeza de una dinastía, son complicados de manejar –en el sentido de evitar resultados inimaginables para el statu quo– si llegan a entrar en una mecánica judicial. El sistema judicial es como un inmenso mecanismo que una vez puesto en marcha –como hizo Maza con su fantasiosa querella– es casi imposible de detener. La cuestión con Juan Carlos es que la maquinaria suiza, con todo su mito de precisión, ya está funcionando. Tic-tac, tic-tac. También había un riesgo terrible en mirar hacia otro lado. Es ahí donde encaja mi teoría del gran parapeto, que no es otro que la aparente puesta en marcha del sistema sin que de facto lo esté de forma irreparable. Al rey emérito, antes Rey sin adjetivos, el sistema lo está protegiendo y, desde luego, no se le está tratando como al común de los ciudadanos. Eso sí, ante la evidencia de que esto ya no puede hacerse de forma gruesa, con un encogimiento de hombros, creo que se ha optado por establecer un gran parapeto, un burladero en términos taurinos, para que el asunto esté en el ruedo pero sin correr peligro, no sé si me explico.
Empecemos por el final, que no es sino la regularización fiscal del dinero de las tarjetas black procedentes de la extraña generosidad de un empresario mexicano. El ex monarca ha regularizado porque la ley española siempre ha sido generosa con todos los defraudadores y con él aún más. España es un país en el que el legislador, amparándose en que el supremo beneficio es trincar pasta y lo demás son chorradas, ha permitido que se pueda uno ir de rositas regularizando a un precio de risa, lo que dejó de declarar. La cuestión es que para que esto fuera posible aún se establecieron tres deadlines que no podían ser traspasadas: la primera, que tenía que hacerse antes de que la AEAT notifique ningún tipo de actuación de comprobación; la segunda, que el fiscal o el abogado del Estado no hubiera entablado querella o, la tercera, antes de que el fiscal o el juez instructor realicen actuaciones que permitan conocer la iniciación de diligencias.
La obviedad es que el parapeto se ha colocado para el ex monarca en el primer punto, la inactividad de la Agencia Tributaria. La AEAT ha permanecido impasible incluso tras conocer por la prensa que se había dado traspaso a la Fiscalía de la historia de la tarjeta black. ¿De verdad creen que a ningún ciudadano le sería ofrecida esta inhibición gloriosa, este encogimiento de hombros, este mirar hacia el infinito de Hacienda? Ya saben la respuesta. Así han evitado que cayera sobre él la guillotina de la primera deadline que he citado. La ventaja es que estableciendo este primer burladero, los segundos escalones citados, el fiscal y el juez, actúan con total limpieza porque el margen ya lo ha dado Hacienda, que, como nos enteramos precisamente en el juicio de Noos, no somos todos, pero que depende del Gobierno.
La siguiente andanada será contarnos que, como ha regularizado, el ex rey no ha cometido delito fiscal. Todos tendemos a pensar que, precisamente si regularizas, es porque reconoces que lo has hecho. Mas no, porque aquí entra Montoro, su amnistía y la ofensiva para decir que si regularizas no has cometido fraude fiscal. Así, al “borrar” ese delito se impide también que se pueda perseguir por el blanqueo de capitales que pendería del mismo. En el preámbulo de la Ley Orgánica 7/2012 incluyeron que quien regulariza es exactamente igual que el que no ha delinquido y así se impidió que las fiscalías intervinieran por blanqueo. Esto es lo que va a pasar con el Emérito. Ahora nos dicen que van a mirar y a remirar pero miren ustedes que les avanzo que todo va a quedar en esto.
Los otros dos asuntos abiertos en diligencias meramente fiscales ya nos han avisado de que están cubiertos por la inviolabilidad constitucional. A otra cosa mariposa. Cuando la Fiscalía archive sus diligencias previas, aquí paz y después gloria, porque cualquier otra iniciativa penal ante la Sala Segunda se la van a despachar con una inadmisión apoyada en el informe negativo de la Fiscalía. Ya ha pasado con una de Òmnium Cultural. No llegará a entrar en la sistema, porque ya se sabe que eso es peligroso.
No, Juan Carlos I no se va a sentar en un banquillo y, si lo reclamaran de algún otro país, las investigaciones hechas y cerradas en España servirían para bloquear también esa vía. La única diferencia de lo que sucede con épocas anteriores es que es ya demasiado obvio que no basta con decir no –no a la comisión de investigación, no a las querellas, no a tocar nada– y, por tanto, que alguna actividad había que desarrollar si bien fuera la menos grave. Ahora resulta que el emérito está tan impaciente, y es tan poco consciente de lo que sucede, que no se resigna ni a esperar fuera a que todo esté resuelto para evitar que la presión mediática le complique las cosas a su hijo.
La situación es, en realidad, bastante grave. Es muy complicado pasar sobre la corrupción que salpica a la jefatura del Estado y casi imposible no preguntarnos quién, por qué y a cambio de qué estuvieron interesados en regar millones sobre el anterior Rey. No somos ya un pueblo niño y sabemos que ser “primo” ni siquiera de sangre no provoca con tanta ligereza una liberalidad económica como la que estamos viendo.
La cuestión es que, si se avanza por ese camino y se cuestiona la única ventaja que tiene un régimen anacrónico como el monárquico –la ejemplaridad y la baratura, nos dijeron–, nos situamos ante un abismo institucional que a pocos les hace gracia. Por contra, a los que les hace gracia poco les importa saber qué sería de este país en una desestabilización de ese tipo. La otra cara de la moneda es la duda de si la estabilidad aguanta una mano de mierda más o si la próxima será la que termine por mandarlo todo igualmente al carajo.
Así las cosas, los del cuanto peor, mejor, esperan a ver si les cae como un regalo el desplome de la monarquía parlamentaria y los que temen que esto se lleve nuestro sistema de vida actual por delante, como en una riada, tiemblan ante las consecuencias. Mala puñeta tenemos, de cualquier forma.
Unos construyendo burladeros, parapetos o poniendo sacos terreros y otros mirando a ver cómo retirarlos porque, la verdad, las cargas explosivas las ha colocado solo el propio interesado. Como se le escapó el otro día a Ayuso, a la que le explican cosas y luego se lía, “¡El Rey no es como usted, qué se ha creído!”.
No, el ciudadano Borbón no existe, por mucho que quieran conjurarlo.
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