No me creo las condenas a la violencia. Son solo un artificio, una escenificación genérica de escándalo fingido en un marco político que suele ser difundido por quienes defienden el uso de la violencia en otros escenarios. No me las creo porque los hechos van en la dirección contraria y porque las condenas de violencia siempre son selectivas y la ignoran de manera sistémica cuando está dirigida al lugar que creen adecuado. Los marcos de la extrema derecha funcionan como punta de lanza y el discurso hegemónico preponderante en el panorama mediático actúa como correa de transmisión de la propaganda posfascista. Una opinión publicada de tintes ultras que conforma el sentido común mayoritario. O condenas la violencia que se te marca, solo esa, ignorando otras, o eres un violento. La trampa discursiva habitual. Porque la violencia es tolerada en determinadas circunstancias y en otras se utiliza para criminalizar la protesta. Ese es el tótem hegemónico sobre el que gira el debate público y que favorece a los intereses del discurso de orden y palos de la ultraderecha.
Enrique Rodríguez Galindo falleció la semana pasada. El general de la Guardia Civil es el símbolo de la violencia institucional, el paradigma del uso de la violencia de Estado. El guardia civil que estuvo a cargo del cuartel general de Intxaurrondo y que fue condenado a 75 años de cárcel, de los que solo cumplió cuatro, por el secuestro, tortura y asesinato de José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano. Nunca jamás le fueron retiradas todas las medallas y condecoraciones. Fue un terrorista, un hombre que usó su cargo para institucionalizar la tortura y el crimen en la Guardia Civil que dirigía. Su muerte provocó el homenaje entusiasta y las elegías de Macarena Olona, portavoz de Vox en el Congreso, y, lo que es más grave, de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Un hecho tan grave no ocupó ningún espacio en la agenda pública, no se preguntó al ministro del Interior por el hecho de que guardias civiles hagan apología del terrorismo ni se preguntó al PP si condena que un socio de gobierno haga lo mismo. Hubo un silencio atronador en los medios. La violencia no fue motivo de discusión.
Un tuit de Pablo Echenique convirtió la agenda pública en unívoca. Unidas Podemos alentaba la violencia, ahora tenía que condenarla. Todo el debate giró en torno a ese mensaje. No solo por la petición de asunción de responsabilidades a Unidas Podemos por ese mensaje, sino para trasladar al Gobierno la necesidad de la condena del mismo. El estado de opinión había sido creado. Unidas Podemos no condena la violencia, en genérico, de unos disturbios callejeros de escasa importancia que no provocaron más que daños materiales. La misma semana en la que la Guardia Civil y un partido con 52 diputados hicieron apología del terrorismo, el discurso sobre el repudio de la violencia se centra en el destrozo del mobiliario urbano. No perdamos de vista la perspectiva. La violencia no siempre está tan mal vista. Es aceptable y tolerable cuando persigue ciertos objetivos y además es una buena herramienta para hacer política contra el adversario. El cinismo de nuestro tiempo es insoportable.
La violencia es inadmisible en democracia, dijo Pedro Sánchez. Los espacios comunes como tablero de discusión política. Pero no es verdad. No les importa la violencia, es solo la moral de los hipócritas. Toda la violencia no es inaceptable, la de la Policía es jaleada aunque sea desproporcionada. Jaleada, ocultada e impune. Porque sin Policía no hay disturbios. Todos aquellos que hemos cubierto manifestaciones en primera línea sabemos que el momento en el que los disturbios van a comenzar, cuando todo está tranquilo, es cuando los antidisturbios se ponen el casco. La brutalidad policial es un debate hurtado de manera sistemática en el debate público, el elefante en la habitación de la democracia.
Porque la Policía tiene un sesgo ideológico que todos aquellos que hemos estado en manifestaciones, como ciudadanos o periodistas, conocemos de manera precisa. No se apalea en manifestaciones de cayetanos o de neonazis, ni en las de negacionistas. Se hace en las de los mineros, las marchas de la dignidad, a favor de la sanidad pública o de la libertad de expresión. La violencia policial tiene sesgo político y la violencia es marginal en las movilizaciones cuando los antidisturbios no ejercen con exceso de celo. Un hecho conocido por todos y que solo la ficción se ha atrevido a tratar en los espacios mainstream, la recreación más real de lo que ocurre en una intervención de antidisturbios ha sido a cargo de Rodrigo Sorogoyen.
Entiendan que dude de la ejemplaridad del discurso del pensamiento de orden. Una retórica que considera aceptable para el mantenimiento de la seguridad ciudadana que se saque un ojo a una manifestante y que romantiza la violencia policial compartiendo frases bíblicas para burlarse de quien pierde la visión por ejercer un derecho constitucional. La denuncia de la violencia de parte es solo un trampantojo político para criminalizar la protesta y de paso seguir haciendo cuña contra una parte del Gobierno molesta para un sector importante del poder, el que manda de verdad y dicta qué violencia hay que condenar y cuál hay que ensalzar.