Los dos partidos mayoritarios del Estado español representan la pantomima de ser oponentes, adversarios, rivales. Simulan ser contrarios en eso que se llama, triste y certeramente, el juego político. Indigna que los políticos se tomen la política como un juego, pues lo que se traen entre manos, mientras se divierten, es el destino de los ciudadanos: indignaría que los médicos, los abogados, los maestros se tomaran su trabajo como tal. Pero los políticos se permiten interpretar esa farsa y la mecánica del juego llega a ser, en el caso de los dos partidos mayoritarios, su naturaleza misma, la que les permite su permanencia sobre el tablero. Es una naturaleza cuya principal razón de ser es la de estar. Así que, sin el otro, no son.
Como los dos platillos de una misma balanza, se conforman con ir subiendo y bajando apenas, lo suficiente para no perder el eje, para no abandonar el poder, que entonces no consiste tanto en ejercer la responsabilidad política, bien sea de gobierno o de oposición, sino simple y llanamente en estar, en no dejar de estar. Se atacan, se desprecian, se insultan mientras conviene a la escena de ambos. Se diría que su pasión ideológica es tan firme que hasta justifica esos modos. Pero no, no se trata del enardecimiento que puede provocar la frustración de algo que quieres para el bien común: es papel, libreto, guión. Y queda a la vista cuando se trata de defender, no el bien, sino el pastel común. El de ellos dos.
Lo demostró la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, impulsada por el PSOE en el poder con el apoyo del PP en la oposición. Uno de esos pactos suyos. Las elecciones generales estaban cerca y, mientras el Movimiento 15M clamaba por una reforma que incluyera listas abiertas, circunscripciones únicas y un número de escaños proporcional al de los votos, esos dos grandes jugadores impusieron una modificación del artículo 169 que consolida el bipartidismo y obstaculiza la pluralidad: “Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección”.
O sea, los partidos o coaliciones que se presentan por primera vez a las elecciones y los partidos o coaliciones minoritarios, o, más precisamente, que no tienen representación parlamentaria, tienen que hacer acopio de recursos humanos, materiales y económicos para llevar a cabo una campaña previa, tienen que tirarse a la calle a recoger firmas (las digitales no tienen validez), tienen que validarlas ante un notario y registrarlas en la Junta Electoral Central. Para colmo, solo disponen de 20 días desde la convocatoria oficial de la elecciones. La inmensa mayoría de partidos o coaliciones se ve obligada a cumplir con estas exigencias. Obviamente, los partidos mayoritarios, que son los menos, no.
Se suponía que esta Ley solo condicionaba las elecciones generales, pero con las elecciones catalanas, que se celebrarán el próximo 25 de noviembre, ha sucedido algo muy curioso y sospechoso. Se convocaron oficialmente el 1 de octubre y hasta el día 11 la web del Parlament explicaba que para presentar candidatura no hacía falta recoger firmas de apoyo sino simplemente estar registrado como partido. Pero Cataluña no tiene Ley electoral propia (quién lo iba a decir) y, en respuesta a una consulta de alguien al respecto (se supone que algún listo del PP o del PSOE que teme perder parte del sabroso pastel), la Junta Electoral Central dicta un Acuerdo según el cual ha de regirse por la Ley Electoral del Estado. Ello implica automáticamente la recogida de firmas: se exige un 0,1% de avales por cada una de las cuatro provincias catalanes; es decir, 5.000 avales. Una injusticia.
Pero no solo eso: al notificarlo a las candidaturas el día 11 de octubre, que es cuando se hace esa pregunta (el día antes, por cierto, al puente del Pilar: con Hispanidad y alevosía, podría decirse), en vez de hacerlo el mismo día o al siguiente del anuncio de las elecciones, es decir, el 1 o 2 de octubre, se les ha robado un tiempo precioso, y legal, para recabar las firmas necesarias, puesto que el calendario electoral marca el 22 de octubre como plazo tope para la entrega tanto de candidaturas como de avales. El plazo legal dentro de ese calendario sería del 2 al 22, a fin de garantizar los 20 días para recogida de avales que marca la Ley Electoral. Así que estamos ante un doble atropello: además de una injusticia, una irregularidad.
El Partido Animalista (PACMA), una de las candidaturas afectadas, ha decidido presentar recurso administrativo ante la Junta Electoral Central, solicitando la nulidad del mencionado Acuerdo. Tal y como señala Silvia Barquero, portavoz de PACMA, esta medida, aplicada ahora para las elecciones catalanas, así como la modificación de la Ley Electoral del Estado, son auténticos golpes a la democracia y tienen por objeto obstaculizar el paso de los partidos minoritarios a la representación política institucional. A pesar de que PACMA, por seguir con un ejemplo que es muy ilustrativo, es la segunda fuerza extraparlamentaria: en 2011 obtuvo 102.144 votos al Congreso y 371.433 al Senado. Y no tiene escaño. Y aún tiene que recabar avales. Y se le roba el tiempo para hacerlo.
Luego los diputados del PP y los diputados del PSOE se extrañan y hasta se lamentan cuando la gente rodea el Congreso que tienen secuestrado, cuando oyen en las calles proclamar: “Que no, que no, que no nos representan”.