La hora de los valientes
“El Museo del Prado es más importante para España que la Monarquía y la República juntas”, dijo Manuel Azaña cuando ordenó sacar hacia Valencia las obras más preciadas del museo para preservarlas del daño de los bombardeos. En la película de Mercero, la hora de los valientes le llegaba a un jovencísimo Gabino Diego que no dudaba en ponerse en riesgo, también a los suyos, para conseguir llevar a cabo esta prioridad. Hoy en día en España hay cosas más preciosas que un autorretrato de Goya que van a necesitar de todos los valientes que sea posible hallar para defenderlas. Hablo del Estado de Derecho y de los principios de la democracia liberal que están siendo gravemente amenazados por la represión que se lleva a cabo del independentismo catalán.
Rebelión, golpe de Estado y, ahora, terrorismo. La mutación de los hechos que todos vemos y vivimos en virtud de este impulso justiciero, que no justo, ha alcanzado las máximas cotas de un surrealismo represivo que no es ni mucho menos casual. Durante las últimas semanas, los que habitamos dentro de los medios, hemos asistido a un incremento de las comparaciones de las protestas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) con la autodenominada por el entorno de ETA, kale borroka o lucha callejera. Primero se empezó con la metáfora. Fueron periodistas afines al gobierno los que introdujeron la cuestión en la opinión pública y lo hicieron de forma coincidente, que líbreme Dios de decir que coordinada y orquestada. Después se incorporaron los portavoces más bocachanclas y, al poco, nos encontramos con una operación coordinada desde la Audiencia Nacional que empieza a considerar a los miembros de tales comités terroristas, dado que los detiene como a tales. Ante el desconcierto y la perplejidad de muchos, ante la indignación diría yo, van perfilándose después los juristas de guardia dispuestos a justificar y argumentar tal tropelía. Todo coincidencia. Lo mismo hicieron con el tema de Alsasua que no fue terrorismo ni para la fiscalía navarra ni para la jueza ni para la Audiencia ni para el TSJN, hasta que empezó a instruirlo la Guardia Civil, que tampoco era competente para ello, y la Fiscalía se lo llevó para la Audiencia Nacional. Este juicio, que se celebrará la semana que viene, será presidido por la mujer de un coronel de la Guardia Civil que no se ha abstenido, así que todo queda en casa.
En ambos casos se han utilizado mecanismos perfectamente estudiados para sustraer del conocimiento de las causas a los jueces predeterminados -los catalanes para los desórdenes y protestas de los CDR y los navarros para el atentado contra la autoridad y las lesiones de Alsasua-transformándolos en sendos delitos de terrorismo. Curiosamente también en ambos casos lo hacen jueces instructores “novatos” en temas de terrorismo, ambos recién llegados a la Audiencia Nacional cuando ETA hacía años que no actuaba. El que ha ordenado la detención de Tamara Carrasco, el magistrado De Egea, ni siquiera es titular por escalafón de su plaza, sino que ha sido designado a dedo por el CGPJ como juez de apoyo.
Tal vez por esto, por su falta de contacto con el terrorismo al proceder de tribunales que no lo juzgan, no quiero ni pensar que sea por otra cosa, se han olvidado de que en la reforma ampliatoria de los delitos de terrorismo pactada por el PP y el PSOE en 2015, y ante la presión y la denuncia que se hizo de la posibilidad represiva que contenía el nuevo tipo, los socialistas se autoenmendaron y así quedó reflejado en el artículo 573.bis 4 del Código Penal que dice que los delitos de desórdenes públicos sólo se considerarán terroristas si se realizan al amparo de una organización terrorista. Tal y como estaba recogido antes de esta reforma.
También parecen soslayar que el propio Código Penal español, con la redacción de los delitos de terrorismo que se alcanzó en 2015, incumple la Directiva de 2017 de la UE que afirma que “aquellos actos destinados a obligar a los poderes públicos a realizar o a abstenerse de realizar un acto, que no estén incluidos en la lista exhaustiva de delitos graves, NO deben considerarse delitos de terrorismo conforme a la presente directiva”. Les invito a que repasen la lista de delitos graves que contiene para que vean dónde queda levantar barreras, quemar neumáticos o grabar audios diciendo que hay que bloquear el puerto.
En resumen, que el terrorismo en este caso es un forzamiento de la ley tan fantástico como el de la rebelión y que en un país en el que los derechos del imputado sólo se protegen vía recurso vamos a asistir a cómo tribunales que han sido pertinentemente habitados por personas afines a la forma de pensar del poder establecido, no rectifican tamañas barbaridades.
Esto no sólo preocupa, sino que asusta y no sólo asusta, sino que indigna.
Y lo hace porque el estrés al que están siendo sometidos los principios que sustentan una democracia liberal corre el riesgo de llevarla a la fractura. Por eso ha llegado la hora de los valientes, porque es preciso dejar claro que la deriva que está tomando la respuesta judicial al problema catalán no es ni mucho menos la que debería adoptarse en una democracia sana. Hay que salir a dar la cara y a explicar que los delitos que se hayan podido cometer, tanto por los líderes políticos como por la ciudadanía que les apoya, han de ser justamente investigados y juzgados pero que eso no significa que sea aceptable la manipulación que del Derecho Penal se está haciendo para reprimir al independentismo.
Es la hora de los valientes. Es la hora de los que saben que pretender responder a la grave situación de Catalunya con las togas es un artificio que sólo se puede vehicular mediante la vulneración de derechos y que los derechos fundamentales, como el cuadro de Goya, merecen una horda de valientes dispuestos a defenderlos porque sin ellos la democracia tal y como la entendemos se extingue. Cierto es que se han levantado voces de catedráticos, de algunos jueces y fiscales con mucha prudencia, de juristas varios. Hace falta que muchos más pierdan el miedo a decir lo que está sucediendo. Entre estos muchos más se encuentran los políticos que no deben escudarse en su respeto a la separación de poderes, cada vez más endeble, cuando toca denunciar los excesos y los riesgos que acarrean.
Necesitamos que los valientes den la cara. España necesita de esos valientes. Al menos que cuando desde Europa llegue la bofetada que deje al desnudo nuestro ya discutible sistema, quede constancia de que hubo españoles que supieron estar a la altura en la defensa de los principios comunes.
