La OCDE ha situado a España como el motor de una eurozona lastrada por un crecimiento pírrico. La inflación en nuestro país ha caído por cuarto mes consecutivo hasta bajar al 1,5% en septiembre. Es el dato más bajo en tres años y medio debido sobre todo a que los precios de los carburantes, los alimentos y la electricidad están más baratos. Pero da igual. Todo mal. Siempre mal. No hay formato periodístico que haya dedicado el mismo espacio a este dato que el que ocupó ese 10% del IPC -el más alto desde 1984- de hace dos años. Páginas y páginas, portadas de informativos, minutos de radio y televisión, mesas de tertulia…
En EEUU lo llaman agenda setting y es la teoría según la cual los medios de comunicación son los que determinan qué asuntos tienen interés informativo y cuánto espacio se les otorga para influir así en la agenda pública. Los académicos estadounidenses Maxwell McCombs y Donald Shaw acuñaron el término en la década de los 70 del siglo XX al demostrar que la audiencia suele otorgar importancia a los asuntos en función de la frecuencia y profundidad con la que estos son tratados en los medios. Es, en resumen, el arte de modelar la percepción de la opinión pública mediante la selección y amplificación de unos asuntos al tiempo que se silencian o minimizan otros. Unos lo hacen más que otros. Y hay incluso quien se empeña con tanta intrepidez que raya el ridículo. Busquen, comparen y comprueben cuánto espacio dedicaron aquellos medios que abren cada día con la investigación judicial sobre la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno a la cobertura de los delitos de fraude fiscal y falsificación documental cometidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso. Es un claro ejemplo de lo que interesa transmitir y lo que conviene callar.
Estos días se hunde otra vez España porque el Gobierno, siguiendo el mandato de Bruselas, ha puesto fin a la rebaja del IVA de los alimentos, una medida adoptada en plena escalada inflacionista tras el estallido de la guerra en Ucrania que, por cierto, fue ninguneada en su día por los mismos que hoy la consideran imprescindible para las economías domésticas. De las subidas salariales y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores mientras se quintuplican los beneficios empresariales casi nunca se habla. Desde luego, no lo hacen los empresarios que, acompañados por la trompetería mediática de guardia, han puesto el grito en el cielo con la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales desde las 40 horas actuales.
La medida está en la página 11 del acuerdo que el PSOE y Sumar suscribieron para la formación del Gobierno de coalición. En Francia está en vigor desde 1999, y no para la jornada de 37,5 horas, sino de 35. Y lo mismo en Islandia. En Bélgica, es de 38 horas. En Dinamarca, de 37,2. En Países Bajos, de 38,3. Y, en Noruega de 38….
Pero aquí si el Gobierno cumple con su compromiso se hundirá la economía, será la ruina de miles de empresas y llegará el Apocalipsis. Lo de siempre. Lo mismo dijeron con la subida del SMI y con la derogación de la reforma laboral que recuperó derechos para el trabajador, pero el cataclismo nunca llegó.
Hoy leemos y escuchamos páginas y minutos de información con testimonios de empresarios y expertos economistas que claman contra la medida, al tiempo que vituperan al Gobierno, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a los sindicatos y, si se tercia, también a los trabajadores, a los que echan en cara la alta tasa de absentismo laboral .
En un descarado intento por ocultar la realidad, se oculta deliberadamente que la reducción de la jornada está en línea con la mayoría de los países vecinos; que casi 13 millones de trabajadores del sector privado se beneficiarán de ella; que la medida mejora la productividad de las empresas; que contribuye a avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o que es una cuestión de justicia social.
Han decidido que lo importante no son los avances sociales, ni la salud de los trabajadores, ni la conciliación sino que hay un gobierno progresista que quiere crujir a los empresarios. Empresarios que, por cierto, nunca son noticia por el abuso de las horas extra no pagadas en España. Son 2,61 millones a la semana y suponen un coste laboral de 3.254 millones no abonados en términos de salario bruto y cotizaciones sociales.
Cada persona explotada con horas extra realiza 6,3 horas no pagadas por su empresarios cada semana. Pero en eso consiste el arte de modelar a la opinión pública. Aunque esta práctica supone un abuso muy habitual para cientos de miles de trabajadores y es una forma de explotación laboral, no lo verán en los titulares de portada, ni en las cabeceras de los informativos, ni en las tertulias televisivas. Y eso que hay una norma específica que obliga al registro de la jornada de trabajo y todo lo que hoy excede a las 40 horas es ilegal.
Aunque aúllen, acierta Yolanda Díaz cuando dice que si no hay acuerdo en la mesa de diálogo social para la reducción de la jornada laboral, el Gobierno actuará. Ya tocaba.