Uno: La Iglesia no es Estado. Es un club privado en el que uno ingresa voluntariamente.
Dos: Los funerales de Estado no los convoca la Conferencia Episcopal, sino el Gobierno.
Tres: España es un Estado aconfesional y en su Constitución dice que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal.
Y cuatro: 40 años después sigue siendo necesario recordar lo obvio por muy agotador que resulte para evitar que beatos, profesionales de la manipulación y esparcidores del odio no confundan a los parroquianos.
La derecha política y mediática, tan entusiasta siempre de una Constitución que ni siquiera apoyó en su totalidad, se olvida de la sacrosanta letra que se imprimió y aprobó por abrumadora mayoría en el 78. Los artículos 2 y 155 se los saben de memoria, no tanto el 16, el que garantiza la libertad religiosa.
Y claro, como Pedro Sánchez no acudió a la misa organizada por la Conferencia Episcopal en memoria de las víctimas de la COVID-19, se han cebado con la crítica. “No hay argumento político, social, ideológico ni de ninguna otra índole que explique con un mínimo de lógica la ausencia deliberada del presidente…”, han escrito. Los hay de sobra, cuestión distinta es que les interesen. El político, desde luego, cae por su propio peso, y es que es más importante que el jefe de Gobierno negocie el apoyo de otros líderes europeos a la ayuda de 150.000 millones que deben llegar de Bruselas para la reconstrucción del país que rezar un padrenuestro, acompañado del cardenal Osoro.
Ahora resulta que la vicepresidenta primera no es suficiente representación gubernamental para una misa y que la segunda y la tercera autoridad del Estado, las presidentas del Congreso y el Estado, no cuentan en esto del protocolo. ¡Qué escándalo! Sánchez no va a misa, luego desprecia y humilla a las víctimas, a sus familiares y hasta a los Reyes, que sí acudieron a la ceremonia. Para desprecio, el que se hizo a los familiares de los muertos a los que se impidió la entrada en el recinto.
Lo que buscaban no era rezar por los muertos, sino poner a caldo al presidente del Gobierno, al que por cierto no se invitó a la misa en primera instancia, sino después de que Carmen Calvo confirmara su asistencia. Eso no lo cuentan. Y tampoco que a Zarzuela le dijeron que se trataba de un funeral de Estado, y no lo que en realidad era, una reunión para rezar por los muertos convocada por la Iglesia Católica. Sólo cuando la secretaría de Felipe VI se puso en contacto con Moncloa para el protocolo habitual, supo que se trataba de una misa sin más oficiada por la jerarquía eclesiástica, a la que habían sido invitados también otros poderes del Estado.
Si los reyes son católicos o no es asunto de ellos y de su esfera íntima, pero el ejercicio de cinismo de la Iglesia Católica es mayúsculo. A la reina, divorciada de su primer marido, se le perdonaron los “pecados” de su anterior vida y no se la expulsa del reino de los cielos. A Sánchez, que es amigo de bolivarianos y comunistas, se le condena al averno.
La culpa es de una izquierda timorata en la defensa de sus principios, sus convicciones y hasta de la literalidad constitucional en lo que tienen que ver con la Iglesia católica. Si Zapatero no se hubiera amilanado en 2010 ni tejido extrañas complicidades, hoy la ley de libertad religiosa que su partido llevó al Congreso cuando él era presidente estaría aprobada, los funerales de Estado serían civiles o multiconfesionales o no serían, y la derecha política y mediática habría desistido de imponer su moral católica a quienes no militan en el club del nacionalcatolicismo.
Aquel texto hablaba por primera vez de la laicidad del Estado, de la neutralidad de los poderes públicos ante la religión o las creencias y de la obligación del Estado de evitar toda confusión entre las funciones estatales y las actividades religiosas. Pero Zapatero prefirió pactar con la Conferencia Episcopal a cambio de que rebajaran el nivel de crítica a su Gobierno y meter en un cajón el compromiso electoral de su partido. Lo mismo hizo con el Valle de los Caídos y la exhumación de los restos de Franco.
Igual que el traslado de los restos del dictador dejó de ser tabú con Sánchez y han salido de donde nunca debieron ser depositados, ha llegado el momento de que la aconfesionalidad del Estado sea una realidad y de que el Gobierno sitúe a la Iglesia Católica en el lugar que le corresponde, que es el de una confesión religiosa más de cuantas cohabitan en nuestro país para que dicte, juzgue o condene sólo la moral de sus fieles, y no de los gobiernos. Y eso pasa, claro, por la ruptura de los acuerdos con la Santa Sede que fueron negociados antes de la aprobación de la Carta Magna. En eso seguimos siendo preconstitucionales. Y va siendo hora de que dejemos de serlo.