Lo que no es posible es imposible. Es totalmente imposible que un territorio inscrito en un Estado europeo pueda lograr crear un Estado nuevo de forma unilateral en el contexto internacional y legal actual. A lo mejor esta verdad profunda es la que han captado todos esos ciudadanos que se muestran hastiados cada vez que su programa de televisión o de radio favoritos insiste en centrarse en la grave crisis institucional que supone la situación de Catalunya. No se entendería sino porque asistimos a un pulso de dimensiones inauditas que, sin embargo, no produce zozobra sino enorme cansancio en capas grandes de la población. Ya les digo, debe ser que las verdades profundas se intuyen por más que el ruido las oculte.
Puigdemont y los suyos afirman que van a servir un plato de hechos consumados y paradójicamente olvidan aceptar una realidad que les precede y que convierte en inviable su aparentemente irrefutable lógica. Hay muchos hechos consumados que quieren obviar que están ahí inmutables y contumaces, inasequibles a las emociones y a las soflamas y a los sentimientos y a los discursos inflamados. Más acá del cielo de estrellas que los independentistas catalanes afirman estar tocando con los dedos está la realidad que vertebra a todo estado moderno y que es su complejo y robusto organigrama administrativo. La administración pública es el Estado en acción, el Estado como constructor. Un simple voluntarismo minoritario no puede destruir ni cambiar algo tan complejo.
Al día siguiente de esa cacareada independencia ¿aceptarían la mitad de los catalanes y de las empresas pagar el doble de impuestos? Es un ejemplo, pero es muy claro. La administración española no está concernida por los actos ilegales y, por lo tanto,no va a dejar de reclamar ni los impuestos personales ni los de las sociedades ¿pagarán dos veces o elegirán pagar al único Estado con poder coercitivo para reclamarles en caso de impago? ¿Acaso piensa la Generalitat que los bancos asentados en territorio catalán van a ejecutar embargos dictados desde una supuesta república inexistente a cambio de ser expulsados del sistema bancario español? Y si no existe esa capacidad de cobrar los “impuestos catalanes” ¿a quién van a pagar incluso los más furibundos independentistas? ¿cómo funciona un estado así? ¿quién aplicará sus leyes si la mayor parte de los jueces han recordado su juramento a la Constitución Española?
Romper la seguridad jurídica no es tampoco una gran manera de hacerse con las voluntades del capital. Sabemos ya que las multinacionales abandonarían “en 24 horas” sus sedes en territorio catalán y que muchas empresas medianas y muy grandes, incluso de capital catalán, tienen previstos planes de contingencia para cambiar sus sedes sociales. La ley permite hacerlo en una simple reunión del Consejo de Administración sin contar con los accionistas. Al capital global no le gustan las aventuras y todo lo que sucediera después de esa hipotética desconexión sería territorio ignoto. Catalunya es un mercado de siete millones de personas -que se reduciría tras esa independencia- pero el resto de España, de Europa y del mundo es un mercado mucho mayor. La pela no coneix les emocions. Ni siquiera el dinero catalán las tiene, cuanto menos el internacional.
La flamante república seguiría, según sus oníricos planes, usando el euro como moneda de referencia pero ¿qué es usar una divisa sin tener ninguna posibilidad de entrar en sus mecanismos de control o en los beneficios de su sistema bancario? No hay posibilidad de que un estado escindido permanezca dentro de la Unión Europea, como bien han recordado todas las instancias de la Unión. Aún menos en una Europa que ve cómo una ligera brisa vuelve a impulsar sus destinos tras la sintonía Merkel-Macron y para la que Juncker acaba de presentar un nuevo plan que olvida las dobles vías y las permanencias a la carta y que pretende que, consumado el Brexit, se consiga una unión verdaderamente homogénea en la que todos los países estén en la zona euro y en Schengen.
Los soñadores catalanes piensan que esta misma dinámica les llevaría a integrarse como europeos pero olvidan que ningún estado miembro va a aceptar una ruptura del statu quo territorial como la que pretenden, más que nada porque casi todos tienen en su seno territorios que aspirarían a seguir en cascada con una desmembración de las fronteras establecidas. No, no lo harán. El diario progresista francés Le Monde se lo ha dicho meridianamente claro en un editorial: “Rajoy debería seguir el ejemplo de Cameron, convenciendo a una mayoría de catalanes de ESTA VERDAD: su futuro europeo continua pasando por España”.
La fortaleza interior y exterior de España, sus alianzas internacionales y la globalización económica hacen imposible que Catalunya se independice como pretende. No es posible. Simplemente. El pulso ha sido llevado tan lejos y es tan brutal que es seguro además que España lo impedirá. No puede no hacerlo. Es seguro que el Estado español tiene las medidas legales y coercitivas para reconducir la situación así que sólo asistimos a una prudente gradación de su uso y de los tiempos. Lo que no quiere decir que se deba traspasar ni una sola línea ni pisotear un sólo derecho para hacerlo.
No, no habrá independencia unilateral de Catalunya pero esto no es un triunfo de las posturas intolerantes y rígidas mantenidas hasta ahora por el Partido Popular en el poder. A partir del 2 de octubre todo tiene que cambiar. No queda tampoco otro remedio. “Desde 2010 dos lógicas se enfrentan con una ausencia total de diálogo. Es una espiral peligrosa para toda España, para Cataluña y para Europa”, concluía el editorial del diario francés. No se puede seguir enfrentando el nacionalismo irreflexivo y centralista con el nacionalismo exacerbado de los catalanes. Pasado este armagedón sólo cabe una solución al largo problema territorial de España que implique a todos los actores políticos y que no se ancle en una cerrazón como la que nos ha traído hasta aquí. Que se haga la Claridad al fin. Por ley.