En España, el responsable de la Seguridad Social, que regula las políticas de empleo, no tenía el currículum que nos “vendieron”. A partir de aquí, ¿qué más podemos decir? En efecto, nos dijeron que el secretario de Estado, Tomás Burgos, era médico, pero no lo era. Ahí sigue este buen señor, le pagamos y vela por el trabajo en la nación. Puede ser el mejor ejemplo de cómo se infla un historial académico y no se dimite, con una absoluta falta de respeto a la sociedad a la que, supuestamente, se sirve.
Que un político, como servidor público, falsee un currículum puede ser una buena prueba de cómo se miente, se aparenta o se pasa por el forro la cultura del esfuerzo y el valor de la Educación que debería representar un título. Y, sobre todo, en España estos casos suelen demostrar que rara vez se dimite. Ni dimitió Burgos, ni tantos otros, ni quiere dimitir la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que decía que era diplomada en Magisterio, pero solo tenía estudios, como ha ocurrido con impostores similares.
En la España del paro y la precariedad, estos casos resultan especialmente sangrantes. Los primeros que deberían predicar con el ejemplo son aquellos a los que pagamos para que nos administren. ¿Con qué autoridad pueden pedirnos que respetemos las normas si ellos han mentido hasta con su tarjeta de visita antes de abrirles la puerta? Si su expediente era falso al ser elegidos para un cargo público, deberían dimitir o ser destituidos ipso facto.
Suele ocurrir que se protege al falsario, si es de los tuyos. Especialmente memorable es que en España dirigiera la Guardia Civil alguien, como Luis Roldán, que terminó fugado, y que llegó al cargo diciéndonos que era ingeniero y economista. José Luis Corcuera, exministro del Interior, que hoy pontifica en alguna tertulia, dijo después que Roldán era “competente y sacrificado”. También afirmó que su patrimonio era “ortodoxo e inferior al que tienen miles de españoles”. Nos había robado a manos llenas.
Hay casos variopintos. El líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, no era licenciado en Dirección y Administración de Empresas; Sadat Maraña, de Ciudadanos, también mintió con esta carrera; la eurodiputada socialista Elena Valenciano no tenía ni Derecho, ni Ciencias Políticas; Javier Viondi, de Izquierda Unida, no era médico; Joana Ortega, exvicepresidenta catalana, no era licenciada en Psicología...
“Hay miles de jóvenes desesperados, porque a nuestra generación se le prometió que si estudiábamos, tendríamos futuro y se nos engañó”, decía Estela Goikoetxea como telonera de Susana Díaz en su carrera a liderar el PSOE. La primera que engañaba era ella, que era directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, pero sin ser biotecnóloga, como decía. Dimitió dos días después de presumir en aquel mitin de afiliarse a las Juventudes Socialistas con 16 años.
En España, los contactos, el peloteo y la zancadilla se imponen al mérito con demasiada frecuencia. El trepa y el enchufado abundan. También la falta de transparencia. Aquí el Gobierno aumentó un 17% el gasto en asesores durante la pasada legislatura y los 25 millones de euros que nos cuestan no van acompañados de un proceso selectivo y publicidad para sus currículos. Mientras, durante la crisis, el paro juvenil ha rondado el 50% y los jóvenes que se han ido del país han aumentado un 80%. A ellos los echamos y no precisamente por falsear su currículum.