Contra los impuestos. Contra el bien común

Hace pocos días, en una entrevista en El País, Marine Le Pen expresaba con vehemencia su desacuerdo con los impuestos que han de pagar los franceses dado el nivel de despilfarro que genera el Estado. Milei, en una alocución ante la Bolsa de Comercio de Córdoba festejó la reducción del déficit y la bajada de impuestos para que así “los argentinos se dediquen a lo que saben que es trabajar y generar riqueza” El pasado jueves Isabel Díaz Ayuso, en su alocución de final de año y en medio de todo tipo de improperios contra Sánchez y su gobierno, prometía para el año que empieza mañana, una nueva rebaja en nueve impuestos. Son ya treinta impuestos que han visto recortados sus tipos y categorías en cinco años y medio de mandato de la líder del PP. En ninguno de los tres casos se mencionaron los efectos que tendría todo ello en los servicios públicos. Servicios esenciales para una gran mayoría de la población en temas como salud, educación, movilidad o vivienda, y que se sostienen con la imprescindible financiación de los mismos vía impuestos.

El eslogan en todos los casos es el mismo: menos impuestos genera más recaudación. Se sigue así el consejo de Arthur Laffer y su teoría de la curva:  se necesita encontrar un punto de equilibrio entre tipos impositivos e ingresos fiscales, y dada la tendencia de los poderes públicos a correlacionar impuestos e ingresos, siempre se pagan más impuestos de lo que sería necesario, sin que ello contribuya a aumentar la recaudación, sino al revés, ya que se desincentiva la generación de más riqueza. Esta es una teoría de largo recorrido que ha sido constantemente esgrimida por parte de gobernantes conservadores y ultraliberales, desde Reagan hasta Trump o ahora mismo, Díaz Ayuso o Milei. Si nos fijamos en Madrid, desde 2004, los gobiernos conservadores en Madrid han renunciado a ingresar más de 65.000 millones de euros debido a reducciones de impuestos. Las evidencias no parecen dar la razón al enunciado y mucho menos en el caso de España, que tiene una carga impositiva por debajo del punto considerado óptimo. La aplicación de estos enunciados lo que acaba generando es un incremento mayor de la renta de las élites económicas y sociales, un efecto “aspiradora” de inversiones hacia Madrid y, sobre todo, un deterioro significativo de los servicios públicos. En definitiva, un aumento de la desigualdad, como bien pueden comprobar los usuarios de los servicios públicos de Madrid, cuyos presupuestos de educación y salud están a la cola del conjunto de comunidades autónomas del estado

Todo hace suponer que este va a ser un tema clave en este año que iniciamos. Y, lo más importante, nos va a afectar a todos, ya que detrás de un tema aparentemente muy técnico (como es el ajuste entre gravamen de la actividad económica y el necesario mantenimiento de la misma) se esconde una cuestión esencialmente social y política. Hemos podido comprobar en estas últimas semanas como las posiciones del PP y de grupos como Junts o el PNV se iban aproximando cuando se trataba de reducir impuestos y esa va a ser la tónica en los próximos meses, no solo en España sino también en Europa, con el necesario aumento del presupuesto de la UE para acometer la cargada agenda de temas que requieren una intervención comunitaria.

En España tenemos una estructura impositiva similar a grandes rasgos con la Europa de los 27, aunque la presión fiscal es, en general, menor. Lo que varía es la proporción entre impuestos directos e impuestos indirectos, y entre impuesto a las personas físicas e impuestos a personas jurídicas. Los impuestos directos representan aproximadamente el 50% de la recaudación fiscal total, mientras que los impuestos indirectos no llegan al 40% de los ingresos tributarios, correspondiendo el resto a las cotizaciones sociales. La significación del IRPF ha ido creciendo, mientras que el Impuesto de Sociedades ha visto reducida su significación. Esta mayor dependencia del IRPF no beneficia la equidad fiscal y grava mucho más a los ciudadanos que a las empresas o personas jurídicas. En el 2007, justo antes de la crisis financiera, el Impuesto de Sociedades llegó a su máximo histórico de recaudación, representando el 22,3% de la recaudación total. Pero, en el 2023, a pesar de la recuperación económica posterior a la pandemia del Covid, la recaudación fue un 20% menos que en 2007, y su peso en la recaudación total se redujo al 13%.

No hace falta decir que debería ser prioritario abordar este desequilibrio, revisando las políticas fiscales actualmente vigentes, y, sobre todo, cerrando los “agujeros fiscales” que benefician principalmente a las grandes empresas. De hecho, los beneficios empresariales han superado ya los niveles pre-crisis (370.000 millones en 2023 vs 220.000 millones en 2007), pero la recaudación fiscal no ha seguido el mismo ritmo. Y, además, el tipo efectivo que pagan las empresas, de hecho, se ha reducido al 7’3%, mientras que el de las pymes es superior al 12%. La OCDE, con el acuerdo de la Unión Europea, propone la creación de un tipo único del 15% para las grandes multinacionales que, por la extraterritorialidad que las define, escapan muchas veces de sus obligaciones fiscales. El gobierno de España ha ya impulsado el anteproyecto de ley que permita transponer la directiva.

Lo que está en juego, como a nadie se le oculta, es el mantenimiento de la capacidad redistributiva de los estados, y, por tanto, la posibilidad de seguir financiando los grandes servicios públicos que constituyen el marco común de bienestar. Nuestro bien común. Aquello que de manera fundacional se planteó en 1945 el la Europa de la posguerra y que constituye la base del artículo 9.2 de la Constitución, en el que se impone a los poderes públicos la obligación de remover los obstáculos que impidan la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos.