Por fin llegaron los indultos, con menos oposición social de la que algunos habían anunciado y alentado. Ha sido una decisión de alto riesgo en la que la gestión del tiempo político ha sido determinante, confirmando que los “tempos” son una de las materias primas de la política.
Si destaco el factor político del tiempo es porque, junto a la gestión de las expectativas -y su antónimo, la frustración- y el gobierno de los desencuentros, va a ser determinante para que esta pequeña rendija abierta en un conflicto largamente empantanado permita la salida de las aguas putrefactas.
Un factor que puede obturar el estrecho sendero del diálogo son las resoluciones de los tribunales, que actúan con una lógica y un tiempo distintos a los de la política, como se ha podido comprobar con la “piedra en el camino” del Tribunal de Cuentas. Algunos se han autoimpuesto el deber de “salvar al Estado”, mientras un sector del independentismo está empeñado en cargar sobre las espaldas del Ejecutivo actuaciones que corresponden a otros poderes del estado. También incidirán, esperemos que de manera favorable, las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo.
No deberíamos obviar la evolución del estado anímico de la ciudadanía. En el horizonte aparece el riesgo de que todas las tensiones acumuladas durante el confinamiento irrumpan en forma de rabia social, ese “momentum” que las derechas españolas y catalanas están esperando.
Todos estos y otros ingredientes, como la pugna insomne en el seno del independentismo, componen un escenario complejo que imposibilita diseñar una hoja de ruta cerrada para la mesa de diálogo. Aunque ayudaría mucho que se aprovechara el mes de julio para consensuar una respuesta a estas tres preguntas: ¿ahora qué?, ¿ahora cómo?, ¿ahora quiénes? Tres interrogantes que además están fuertemente interrelacionados.
La respuesta al ¿ahora qué? pasa por asumir que esta primera fase del diálogo debe encaminarse a consolidar la salida del conflicto, que no es exactamente lo mismo que la solución. Sobre todo si esta se entiende como una solución sistémica, absoluta, en mayúsculas, sea referéndum o reforma constitucional.
Salida y solución son cosas distintas, aunque en la propuesta independentista la amnistía como salida y referéndum de autodeterminación como solución vayan cogidos de la mano.
No parece que este pack del independentismo sea digerible para el gobierno español, ni para el conjunto de la sociedad española, ni tan siquiera para una parte importante de la sociedad catalana.
Si el indulto, que tiene un anclaje constitucional nítido, ha topado con tanta oposición, la amnistía que carece de este encaje en nuestra constitución no parece que pueda ver la luz en la mesa de diálogo. Y lo mismo sucede con el referéndum de autodeterminación.
Creo que eso lo saben hasta los que lo proponen, pero en estos momentos quizás no puedan hacer otra cosa que plantear sus reivindicaciones en estos términos. Y con ello ganar tiempo y margen en el proceso de descompresión del conflicto.
A dar respuesta a este dilema va encaminada la pregunta ¿ahora cómo?
A pesar de que los 3.000 “represaliados” solo existen en la exitosa retórica procesista con la que se generan imágenes icónicas, aunque ficticias, lo cierto es que en estos momentos hay procedimientos penales en marcha por actos producidos en el marco de las movilizaciones impulsadas por los dirigentes independentistas que ahora han sido indultados. Sin olvidar las reclamaciones de naturaleza patrimonial del Tribunal de Cuentas.
Algo parecido sucede con el referéndum de autodeterminación. Después de considerar el referéndum pactado como pantalla pasada, de haber apostado por la DUI, de insistir reiteradamente en el mandato democrático del 1 de octubre, asumir ahora la inviabilidad de la unilateralidad requiere de un proceso de descompresión lenta que pasa por plantear como supuesta alternativa el referéndum de autodeterminación.
Para afrontar esta situación puede ser útil una regla básica para el éxito de cualquier negociación. Cada interlocutor ha de ponerse en el lugar de la otra parte, entender el porqué de sus planteamientos, conocer sus límites y saber lo que no se le puede pedir. Ser conscientes de que si se plantea algo imposible de aceptar por la otra parte -para no generar frustración entre los propios- la propuesta no puede ser en forma de exigencia.
Esa lógica comporta que el Gobierno español debería aceptar que la amnistía y el referéndum formen parte del contenido de las reuniones. Y los representantes del gobierno catalán deberían asumir que son propuestas de difícil por no decir imposible aceptación por sus interlocutores.
El orden del día será la primera roca en el camino que deberán afrontar los negociadores y para no tropezar a la primera de cambio igual les funciona la técnica de pactar los desacuerdos, cuando los acuerdos no son posibles. Eso pasaría por asumir que la buena fe negociadora incluye el derecho a poder hablar sobre todo lo que planteen las partes, pero no incluye la obligación de pactar sobre ello.
En estas circunstancias el principal objetivo de la mesa de diálogo debería ser ganar tiempo y para ello es importante la mentalidad del corredor de fondo. No se resuelve en dos momentos un conflicto que lleva endiabladamente empantanado durante muchos años.
Esperemos que las partes negociadoras apliquen la técnica del “culo di ferro” que tan bien utilizó Enrico Berlinguer, dirigente del Partido Comunista Italiano. Lo peor que podría suceder es que alguien sucumba a las presiones externas o internas -que las habrá y serán muy duras- y tenga la tentación de levantar el culo de la silla de negociación.
Para soportar las tensiones de un diálogo difícil y la crispación que alimentan los partidarios, a babor y estribor, del cuanto peor mejor, será importante la gestión de la gesticulación. Hay que estar preparados para ello y darle la significación justa. Los gestos pueden actuar de válvula de escape, a condición claro de que sean gesticulaciones gobernables, como creo que lo ha sido la salida de la cárcel de los dirigentes independentistas.
Todos estos factores tienen como objetivo ganar tiempo para poder avanzar en la lógica de los micro acuerdos, ante las dificultades de alcanzar grandes soluciones.
Deberíamos asumir que las diferentes soluciones sistémicas, con respuestas absolutas, son prácticamente inviables, al menos a medio plazo. El referéndum, aunque sea recuperando la pantalla pasada de su carácter consultivo, tiene problemas importantes. Plantea respuestas binarias que dividen en bloques cerrados la sociedad catalana. Además, los acontecimientos producidos a partir del 2017 han aumentado la polarización social y hoy es aún más difícil que en 2014.
Una alternativa que tiene grandes ventajas y va en la dirección del viento de la historia es la reforma federal de la Constitución. Pero es una propuesta que, aunque aguanta bien el papel escrito o la tertulia, soporta mucho menos la realidad política. Una reforma de esta naturaleza requiere de amplios acuerdos en Catalunya y en España que, desgraciadamente no existen y no parece que puedan llegar a corto plazo.
Todas las hipotéticas soluciones globales deben responder a la pregunta sobre quiénes han de formar parte de estos acuerdos. No basta con un pacto de los gobiernos respectivos, por muy legítimos que sean. Espero que todos hayamos aprendido que las grandes reformas requieren de acuerdos muy amplios y transversales que, al menos hoy, no parecen viables. Y este es su principal obstáculo.
Llegados a este punto puede parecer que nos encontramos en un callejón sin salida, pero no es así. Hay mucho margen para avanzar en acuerdos, a condición de que no nos obcequemos en unas lógicas fracasadas.
Algunas claves para hacer avanzar el diálogo son el rechazo a la unilateralidad de cualquier tipo, no obsesionarse con las soluciones sistémicas, no apostarlo todo a las reformas legales, institucionales, cuando en el terreno económico hay mucho margen de mejora. Y relacionar las reivindicaciones de la sociedad catalana con las que plantean otras comunidades autónomas.
Debería haber una renuncia nítida de todas las partes a la unilateralidad, entendiendo por ello no solo la DUI independentista, sino también el trágala de imponer unilateralmente por la vía de los hechos el mantenimiento del statuo quo.
Que no sean viables soluciones sistémicas no significa que no haya margen para trabajar en las micro soluciones. Algunas de las regulaciones que el Constitucional consideró que no caben en el Estatuto de Catalunya pueden recuperarse por la vía de las leyes estatales. Lo han explicado diversos constitucionalistas y lo detalla en su libro. “Sobrevivir al procés”. el Letrado del Parlament Antoni Bayona.
El “conflicto catalán” ha eclipsado otro problema importante: el progresivo agotamiento del estado autonómico, fruto de la confluencia del aluminosis de los materiales con los que se construyó y el desgaste producido por el paso del tiempo.
Un agotamiento que se manifiesta en la lógica dominante del agravio comparativo, la falta de espacios de cooperación federal y la poca cultura de lealtad institucional, como se ha puesto de manifiesto durante la pandemia. También se expresa en las críticas generalizadas a un modelo de desarrollo radial que desequilibra el territorio y actúa como aspiradora de recursos en beneficio de Madrid Región.
La federalización de nuestro estado autonómico, que permitiría avanzar en más autogobierno y cogobernanza, es una vereda que en algunos tramos no requiere necesariamente de grandes reformas constitucionales y cuenta a su favor con la complicidad de otras CCAA.
Esta apuesta por las micro soluciones, como alternativa a los bloqueos diversos, puede parecer modesta, pero me parece que es la única viable y existen amplios márgenes para hacerla posible. Aunque para que prospere hará falta un buen gobierno de los tiempos políticos y mucho “culo di ferro” de los negociadores.