"La Fiscalía lleva años haciéndonos descender a los españoles, escalón tras escalón, en la defensa de nuestros derechos"
Lo siento por los que la gozan enganchando por los dientes a los jueces y con simplismo devastador -misóginos, franquistas, golpistas- los echan a los leones. Lo siento porque el escandaloso caso de Murcia, el de los viejos verdes, empresarios pedófilos, que pagaban a una red de proxenetas para conseguir “carne joven y nueva”, no ha sido culpa de los jueces sino de los fiscales. Que cada palo aguante su vela y de la parte de velamen que pudiera corresponder al judicial les hablo luego.
Sabrán que ni los empresarios pederastas, babosos abusadores de niñas de 14 y 15 años de familias desestructuradas o de pocos recursos, ni las mujeres que se las proporcionaban van a ingresar en prisión debido a un “pacto” alcanzado por las defensas con la Fiscalía que, por resumir, rebaja todas las penas por cada delito individual a dos años de modo que no ingresen en prisión a cambio de reconocerse culpables. El argumento para explicar la aberración es que “aplican” una atenuante de dilaciones indebidas que hace rebajar las penas. Entiéndanme eso se aplicaría si un tribunal en un juicio oral aceptara que han existido y aplicara la atenuante pero, en este supuesto, no hace falta puesto que la Fiscalía lo asume y lo pacta o acuerda con los acusados y ante esa circunstancia el tribunal no puede hacer sino plasmar el resultado del acuerdo en una sentencia (y eso debido al principio que impide a los jueces castigar con más pena de la que piden las acusaciones).
De manera que en este escandaloso y asqueroso caso de los empresarios murcianos, poco ha podido hacer la Audiencia de Murcia. Tenemos que mirar sí o sí a los fiscales. ¿Por qué consideran que forma parte de la defensa de la legalidad y de los derechos del pueblo “pactar” o “negociar” precisamente con estos empresarios que se vayan de rositas? Les dirán que es algo amparado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal aunque esta lo que permite es alcanzar “conformidades”, es decir, los acusados se admiten culpables y se conforman con la pena sin celebrar el juicio y eso a veces “se premia” con una rebaja de un tercio de la pena. Pero eso no permite negociar ni permite juzgar si hay o no atenuantes cualificadas o no ni mucho menos puede devenir un comportamiento habitual para sacar papel y ahorrarse juicios y trabajo ni tampoco convertirse en la fórmula para sortear a los jueces y favorecer los intereses de unos u otros acusados. Yo hace tiempo que he detectado demasiadas conformidades que dejan en agua de borrajas el castigo para algunos y demasiadas que convierten en papel mojado la lucha contra violaciones y abusos sexuales.
Todos hemos visto muchas películas americanas pero en nuestro país no existe el principio de oportunidad procesal, es decir, que la acusación pida o no pena o la rebaje en función de otros intereses como obtener delaciones -de este temita en España también habría que hablar claro- agilizar el proceso, rebajar la carga de trabajo, etc. Aquí en España los fiscales tampoco se presentan a elecciones populares en las que precisen hacer campaña con el número de condenas obtenidas ni esto afecta a sus ascensos o carrera profesional, con lo que tampoco tienen ningún interés en rebajar las acusaciones para amarrar condenas que en un juicio podrían no producirse. Añadamos el problema que los citados acuerdos y pactos con el fiscal acarrean a la presunción de inocencia. Dense cuenta de que si son varios los acusados y algunos conforman con la fiscalía, el que siendo inocente o queriendo someter su caso a los jueces no lo hace, arrastra ya en su propio juicio la aceptación de los hechos de sus compañeros de banquillo.
No sólo sentarse a negociar si te pongo más o menos pena no tiene cobertura legal en España sino que sería hasta ilegal ya que el principio de legalidad obliga al fiscal a pedir lo que corresponda conforme a la ley. Ojo y a pedirlo siempre, que también hay casos de no acusación que claman al cielo.
Me lleva rondando este tema mucho tiempo pero de forma especial tras los casos de Lugo -conformidad para no ingresar a una mujer que entregó a su hermana de ocho años para ser abusada- y de Estepona -conformidad para no ingresar de los policías locales que subieron a casa de la víctima posteriormente a un control de alcoholemia y la violaron-. Tanto que en una conversación que tuve con el fiscal general antes del verano recuerdo habérselo comentado. Lo que no recuerdo es que me dijera que era inminente la aparición de una Instrucción que obligara a todos los fiscales españoles y acabara con el desmadre de los acuerdos sobre todo en casos de violencia sexual. Ese es el argumento que acaban de ofrecer tras el caso de Murcia señalando que la citada instrucción se ha retrasado “por circunstancias jurídicas y políticas” aunque forzarán que esté lista para final de año. Será que tengo mala memoria, la edad pasa factura, aunque recuerdo haber dicho claramente que tenía previsto escribir de este escandaloso tema y nada sobre que hubiera solución a la vista.
En el irse de rositas de estos asquerosos viejos verdes pederastas, con su pequeño o gran poder en la sociedad murciana, hay más datos que claman al cielo. En el referido caso de Estepona, por ejemplo, la víctima había contratado una acusación particular y, por tanto, fue parte en el acuerdo, lo asumió o propició, dado que todas las acusaciones deben suscribirlo sin excepción. Las chavalitas de Murcia no tenían esos recursos y nadie las representaba excepto el Ministerio Público. ¿Qué tipo de protección les han brindado con esa actitud que solo ha favorecido a los prebostillos murcianos? ¿Ha habido algún interés especial en proteger a las fuerzas vivas de la provincia? Leo que ahora el fiscal jefe de Murcia va a reunir a la junta de fiscales para estudiar si, tras el escándalo, piden el ingreso en prisión de las mujeres proxenetas pero, eso sí, en ningún caso de los empresarios abusadores. Obviamente les han dado un toque para el control de daños.
Un caso para reflexionar. La Fiscalía no puede ser un poder descontrolado. Jamás se anulan estos acuerdos, jamás se consideran incorrectos. ¿Qué va a pasar el día que instruyan? ¿Cómo en tales condiciones puede el fiscal general hablar de acabar o siquiera modificar la acusación popular? Respecto a las dilaciones indebidas, a los 14 años que ha costado llevar a juicio un caso de instrucción simplísima, sólo tengo dos teorías que ofrecer: la bien pensante y la mal pensante. La bien pensante es la consciente de la falta de medios debida a la nula inversión de los gobernantes en Justicia y la mal pensante, la llamo la del alto del armario, es decir, la de los procedimientos que se van quedando arrumbados -algunos sé físicamente abandonados en el alto de un armario y cubiertos de polvo- hasta que la dilación puede producir una rebaja bestial de las penas. Este tipo de corrupción ni siquiera precisa de sobornar a un juez, basta con hacerlo con trabajadores por debajo de estos. Si alguna vez se quieren ir de rositas, en el sistema español en el que la corrupción judicial es realmente baja, aunque no inexistente, lo mejor es que se vayan pasando los años con su procedimiento en el armario y después un acuerdo chachi con el fiscal. ¡Vaya, exactamente lo que podría haber pasado en Murcia!
En estos casos se impondría una inspección que investigara qué ha pasado exactamente; igual que les dije de aquellos olvidos de la juez de Benidorm que “obligaron” a poner en libertad a la mayor red de mafia rusa detectada en España o como sucedió en el caso del miembro de la mocro maffia que entre ponte bien y estate quieto se les largó en Málaga.
Muchos abogados me odiarán, a veces a los culpables sólo se les puede procurar la asistencia de uno de estas conformidades, pero es llegado el momento de que los fiscales dejen de actuar por comodidad, sustrayendo los casos del enjuiciamiento, y que vuelvan a defender a la ciudadanía acusando según la ley para que los tribunales en un juicio oral y contradictorio hagan verdadera justicia.