Infiltrados, ¿dónde está el límite?

El documental ‘Infiltrats’ que TV3 emitirá este domingo explica cómo al menos cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía se infiltraron, a principios del 2020, en varios movimientos sociales de Catalunya y València. El trabajo sirve para plantear, de nuevo, dudas más que razonables sobre una figura que, a diferencia de la del agente encubierto, no tiene ningún tipo de regulación, tampoco un control judicial.

Este tipo de agentes se sitúan en una especie de limbo legal en el que actúan a partir de investigaciones que lo menos que se pueden calificar es de prospectivas. No solo eso, sino que viendo las organizaciones en las que se infiltraron, es fácil sospechar que la principal motivación es ideológica, algo que debería preocupar a cualquier demócrata, lleve o no uniforme.

Solo los prejuicios hacia los movimientos sociales pueden explicar que uno de los policías se introdujese en ‘Resistim al Gòtic’, un colectivo de vecinos y vecinas de este barrio barcelonés cuyo principal objetivo es defender el derecho a la vivienda y denunciar la especulación urbanística. Su ‘delito’ es organizarse a través de asambleas para intentar frenar los desahucios diarios que se señalan en el Gòtic. 

Otro 'topo' de la Policía Nacional participó durante dos años en entidades vecinales del barrio valenciano de Benimaclet, según desveló La Directa. La actividad de estos colectivos es pública, también centrada en derechos sociales, entre ellos, la vivienda. “De la actividad investigadora que ha llevado a cabo el infiltrado, no se ha derivado ninguna causa judicial contra estos colectivos, pero sí que habrá servido para crear una larga lista de nombres y apellidos de activistas, amplificando el trabajo que hace la Brigada de Información de la Policía Nacional en la ciudad de Valencia”, denunciaron estas entidades cuando se conoció el caso. El patrón de un policía que se hizo pasar por activista para acceder a los debates e iniciativas de organizaciones perfectamente legales se repitió también en Madrid, tal y como desveló una investigación de elDiario.es.

En el reportaje se explica cómo uno de los infiltrados en movimientos de Girona y Salt acabó participando en una reunión en la que se fijaba la estrategia a seguir en una causa judicial abierta contra uno de los jóvenes acusados por las protestas contra la sentencia del procés. El abogado Benet Salellas califica esta situación de una “perversión del derecho de defensa” y subraya que, además, de esta manera se le espió también a él mientras hacía su trabajo.     

Ya sea en su versión 'clásica' con infiltrados policiales como en el espionaje del siglo XXI mediante programas como Pegasus, lo que subyace es la poca tolerancia de un Estado hacia cualquier mínima forma de disidencia, organización o protesta. ¿Por qué hay que dedicar el tiempo (y sueldo) de un funcionario público a espiar una asamblea de vecinos, o a colectivos anarquistas o independentistas sin ningún tipo de control judicial ni indicios de delitos? El Ministerio de Interior lo considera “legítimo, idóneo y oportuno” en una respuesta a Òmnium Cultural. Pero tras conocer los detalles de estos casos no parece que sea ninguna de las tres cosas.