La justicia española tiene poca capacidad para sorprendernos en los últimos años después de las causas generales contra Podemos, el independentismo y los movimientos sociales de izquierdas, pero con el proceso inquisitorial contra Begoña Gómez nos está dando una nueva lección de causa política sin garantías jurídicas que expresa sin ningún género de dudas la capacidad que tienen poderes no elegidos para imponer su voluntad. El proceso político contra Pedro Sánchez por la vía interpuesta de Begoña Gómez es un ejercicio disciplinante para que toda la izquierda vea de lo que son capaces de hacer y que no tienen límites para recuperar el poder.
Una visión analítica del proceso de instrucción del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez es suficiente para encontrar las irregularidades de un proceso que ha dejado de ser jurídico para convertirse en inquisitorial. La ley de enjuiciamiento criminal establece que se investiga el hecho sobre el que iniciar el proceso, es decir, no se puede iniciar una investigación sobre una persona para ver si puedes pescar alguna actuación delictiva en su proceder. Eso es lo que se denomina investigación prospectiva, y está totalmente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.
Carmen Lamela, juez del Tribunal Supremo, estableció en una sentencia de noviembre de 2021 las bases de la jurisprudencia más firmes para rechazar las investigaciones prospectivas como la que está sufriendo Begoña Gómez: “El objeto y finalidad del proceso penal determina sin duda alguna la proscripción de la inquisitio generalis, también llamada fishing expedition, investigación o causa general. Sin duda, el hecho objeto de investigación, con independencia de su complejidad, debe estar delimitado. No es posible iniciar procesos penales para investigar en general a una persona, un entero ámbito profesional o empresarial o un fenómeno social, por atroces o lamentables que puedan parecer. La inquisitio generalis no tiene legitimidad constitucional aun cuando se realice con metas de prevención delictiva. La reacción de la maquinaria del Estado frente a posibles hechos delictivos no debe ser pretexto para una actuación irreflexiva y desproporcionada, pues solo cabe seguir un proceso penal, incluso desde su fase inicial de investigación, cuando existan indicios de la comisión de una infracción penal, sin que quepa su utilización en ausencia de tales indicios. Como señala la doctrina, un Estado Constitucional repudia la inquisitio generalis o la búsqueda a toda costa de algún tipo de responsabilidad de una persona, ya que genera persecuciones indeterminadas, pesquisas arbitrarias y no sujetas a control jurídico alguno. Existe la proscripción de investigaciones o práctica de pruebas ajenas a lo que es materia de investigación”.
Para saber lo que es una investigación prospectiva, o inquisitio generalis, se puede leer el auto que el Juez Peinado proclamó en respuesta a una petición de la defensa de Begoña Gómez en la que pedían que explicara cuál era el objeto de la investigación. En el auto el juez decía lo siguiente: “Los hechos objetos de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados a la Unión Temporal de Empresas constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento fue avocado por la Fiscalía Europea.”
Es difícil encontrar una expresión más clara de investigación prospectiva y un reconocimiento explícito de que se está realizando un procedimiento prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. Pero incidiendo de manera más precisa, la propia declaración del auto dice que se excluyen los hechos relativos a los contratos de Red.es que son aquellos a los que se achacan las cartas de recomendación para la UTE en la que participaba Carlos Barrabés, es decir, las manidas cartas quedan fuera de la investigación del juez Peinado pero a cambio incluye una nueva vía de investigación que es el haber puesto a su nombre el software que se hizo para su máster y que no tiene nada que ver con los hechos expresados en la denuncia original. Es decir, una nueva prueba de la inquisitio generalis del Juez Peinado. Air Europa, Carlos Barrabés y ahora la Universidad Complutense, el caso es ir buscando entre todas las actividades para ensanchar la causa, dilatar el proceso en el tiempo y ver si pueden pescar algo. La derecha española tiene como objetivo con este proceso inquisitorial tumbar a un gobierno legalmente constituido por la vía de las togas,
Las causas generales en España tienen una funesta historia y siempre tienen al mismo objetivo: disciplinar rojos. En el año 1940 el ministro franquista Esteban Bilbao y su sucesor, Eduardo Aunós, iniciaron la Causa general sobre la dominación roja, que tenía como finalidad castigar, disciplinar, laminar y ejecutar cualquier atisbo de permanencia de las ideas de la izquierda tras la Guerra Civil. El proceso penal sumario, sin ningún tipo de seguridad jurídica, no solo fue usado para acabar con cualquier semilla de progreso en España y reprimir a quien señalaron como enemigo, sino para fijar el relato franquista y una verdad degenerada que pervive hasta nuestros días y que fija que la derecha tiene el poder por designio divino mientras la izquierda es la peste y los males de la patria. La consciencia reaccionaria sobre la historia de España fijada en una causa general tiene el poder de legitimarles para iniciar cualquier proceso inquisitorial que tenga como resultado despojar del gobierno a todo aquel que ellos señalen con la mácula de rojo. Siempre hay un hilo negro tras la voluntad de nuestra derecha.