Contra la invasión, intervención económica

El estallido de la invasión de Rusia en Ucrania, tan evitable como absurda, está generando una espiral de incertidumbre y efectos económicos adversos, incluyendo los devastadores efectos humanitarios, que son difíciles de evaluar cuantitativamente, aunque sí se pueden intuir las tendencias a corto y medio plazo si el conflicto se prolonga.

No hay que olvidar que la economía occidental, en la que se incluye la española, está intentando superar y digerir el impacto de la pandemia sobre las principales variables económicas que ha supuesto la casi paralización económica durante meses, y que ahora parecía que se había dejado atrás, salvo en lo referente a la inflación energética. Durante este periodo los estrategas neoclásicos han tenido que recluirse en oscuros pasadizos ante la avalancha de medidas intervencionistas y la emisión masiva de dinero, en los países soberanos monetariamente hablando, que han devuelto al enfermo a la vida y así se ha podido recuperar la mayor parte de riqueza y empleo. Las reglas fiscales europeas, tan absurdas como inútiles, han quedado varadas y ahora será complicado que se vuelvan a implementar, máxime si el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se alarga en el tiempo.

Estos dos efectos adversos de oferta combinados ya están provocando una recaída en el convaleciente ya que algunas de las variables relevantes, precios de la energía, suministros, logística y comercio mundial nos pueden retrotraer a meses anteriores, reduciendo la capacidad productiva y afectando, como siempre, a las rentas más bajas y vulnerables. Ante esta nueva embestida de los desequilibrios y desigualdad generados por el modelo económico insostenible que nos hemos dotado, solo cabe esperar la multiplicación de esfuerzos públicos por sostener a empresas y consumidores ante un grave deterioro de la demanda efectiva, única variable a seguir y a sostener.

En el caso de la economía española, tan dependiente y obsoleta en su estructura económica, los efectos de la invasión rusa se verán muy rápidamente. Somos una economía dependiente energéticamente hablando del petróleo y gas ruso, aunque es cierto que contamos con una capacidad de regasificación importante que no estamos siendo capaces de poner en marcha. Esta dependencia se agrava porque nuestra apuesta por la diversificación de fuentes energéticas alternativas es muy lenta y poco consistente, especialmente en el transporte privado en las grandes ciudades. Esto hay que añadir que seguimos primando al gas como referente para la fijación de precios de la energía domestica e industrial, especialmente en la energía nuclear e hidroeléctrica. Es hora de cambiar drásticamente el sistema de fijación de precios e introducir directamente un control de precios que puede ser coyuntural para aliviar la carga de hogares e industria y comenzar a pensar en subsidios a los consumidores finales más vulnerables, soslayando el fracaso del bono social en manos de las eléctricas que se ha demostrado tan inútil, como regresivo. Todo esto sin abandonar la idea de la creación de un proveedor público de energía que, como otras economías avanzadas, pueda mitigar el impacto de los diferentes shocks de oferta, que sólo benefician a las grandes petroleras y sátrapas como el propio Putin. 

El segundo efecto nocivo tiene que ver con el suministro de materias primas agrícolas en las que Rusia, pero también Ucrania, son proveedores muy relevantes de la economía española. El trigo, por ejemplo, o el aceite de girasol son algunos de los productos que mermaran la capacidad productiva y de suministro para el campo y el ganado español, lo que, de nuevo, abre la pregunta de por qué se siguen generando cuellos de botella por falta de diversificación en las compras, o la desidia para poder generar dichas materias primas en el interior dada nuestra capacidad potencial. Este abandono de muchos cultivos en España, por falta de oportunidades, la atomización crónica de nuestro sector primario y la presión de los intermediarios en la cadena alimentaria hacen de España un país muy vulnerable, a diferencia de economías cercanas como la francesa o la italiana. La urgente modernización de las estructuras agrarias, la democratización del campo y la eliminación de los privilegios de los grandes terratenientes que sin mover un dedo son financiados por la UE, primando en muchos casos cultivos excedentarios, dejando a un lado otros que, como se está demostrando, son básicos para la supervivencia de la propia población.

Hay un tercer efecto directo, pero de difícil cuantificación, que es el turismo de lujo, cuyo impacto en algunas zonas puede ser notable. España puso en práctica un reclamo para la inversión inmobiliaria de lujo que fue la de obtener la nacionalidad española a cambio de compra de mansiones por encima de 500.000 euros, sin preguntar, ni verificar, el certificado de penales de muchos de estos habitantes. Así las costas españolas, sobre todo la Costa del Sol, pero también Alicante o Cataluña, se han llenado de ilustres oligarcas rusos de dudosa reputación en sus países, cuando no nazis camuflados en otros casos, que ahora ondean banderitas españolas a cambio de la reputada impunidad española para con los grandes delincuentes y criminales de guerra, disfrutando de nuestra maravillosa sanidad y cuyos negocios en sus países de origen no siempre son lícitos. 

Con este cóctel de oferta, lo primero que se va a ver afectado es el poder adquisitivo de muchos trabajadores y trabajadoras que ante el elevado precio de ciertas materias primas, verán disminuir su renta disponible, dada la propensión de los operadores energéticos, un precioso oligopolio consentido, a la repercusión inmediata del alza de precios en origen, no así cuando disminuyen. Dada nuestra ancestral dependencia de los combustibles fósiles y la escasa sensibilidad de muchos gestores públicos a facilitar otros medios alternativos, se va a producir una enorme transferencia de rentas desde los consumidores a los productores, algo de que los mercados financieros ya están reflejando para la alegría y algarada de los defensores de la plena libertad de capitales que, ni siquiera en estos casos, disimulan su insensibilidad ante situaciones como las actuales. 

No hay que olvidar que en este tipo de episodios, guerras o pandemias, son las grandes corporaciones las que sacan provecho de las desgracias humanas, extrayendo las rentas de los más débiles, aprovechando sus desgracias, sin que los Estados tengan capacidad de intervención, dada la desregulación implantada por los propios directivos de grandes corporaciones cuando transitan por los gobiernos de forma transitoria. 

Ante esto, el Gobierno en España tiene que reaccionar implantando un gran pacto de rentas con agentes sociales que incluya subidas salariales justas, repartiendo las cargas entre empresarios y trabajadores, limitando el reparto de dividendos, acompañando la medida, como ha hecho Francia, con subsidios selectivos al consumo para familias vulnerables.

El gran problema es que no se puede cuantificar con precisión y rigor cuál será el impacto del conflicto bélico ex ante, ya que todo dependerá de la duración, de las medidas que se implementen y los efectos cruzados, No hay que olvidar que también habrá que analizar cómo nos afectará las medidas restrictivas contra Rusia, cliente nuestro en muchos sectores, al impedir su propia financiación en el exterior, y con serios problemas internos. Por todo ello, hay que ser muy cautos a la hora de calcular el porcentaje de PIB que perderá España, aunque lo que es seguro es que si la invasión dura mucho, la recuperación que se intuía ya en vías de asentamiento puede volver a recaer, lo que generará necesidades adicionales de dinero público para intervenir la economía en todos aquellos sectores afectados, especialmente las familias. 

La única buena noticia es que las reglas fiscales de la UE volverán a ser guardadas en el cajón, y las nuevas tendencias en financiación vía emisión de dinero, como ha hecho el Reino Unido en la pandemia, se abrirán camino demostrando que las políticas monetarias clásicas han sucumbido y ya nadie es capaz de seguir relacionando los tipos de interés con la inversión o la emisión primaria de dinero con la inflación. También es una buena noticia cómo los niveles de deuda tampoco provocan quiebras en los estados emisores, ni la prima de riesgo ahuyenta la inversión extranjera. Lo que se está demostrando es que la intervención pública en la economía, y no la autorregulación de los mercados, es lo único que puede salvar a la economía mundial de la hecatombe. Ahora solo falta que se busque de verdad una mediación entre Rusia y Ucrania para acabar una guerra que nunca debió de empezar, como han señalado algunos militares españoles como Pedro Baños o el general Ayala, y se acabe con la masacre del pueblo ucraniano.