Entre el 28F de 1980 y el 2 de diciembre de 2018 hay una frontera, esto es “contacto” y “separación”. En principio, no parece que exista conexión alguna entre lo que ocurrió en Andalucía el 28F de 1980 y lo que ha ocurrido este 2 de diciembre de 2018. Y, sin embargo, no es así. Catalunya es el punto de conexión entre ambas fechas. La autonomía de Catalunya en 1980. El tránsito de la autonomía a la independencia en 2018. En ambos casos, además, se trata de consultas formalmente andaluzas pero materialmente españolas. Hemos votado los andaluces, pero en buena medida nuestra decisión se proyecta en el resto del Estado. Ni en 1980 se decidió exclusivamente la vía de acceso a la autonomía para Andalucía, ni en 2018 se ha decidido exclusivamente quién y cómo va a gobernar en Andalucía. Aunque es seguro que Susana Díaz no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía, no es seguro quién vaya a sustituirla o incluso no es completamente descartable, aunque sí improbable, que haya que repetir elecciones. De la misma manera que el 28F de 1980 fue el anticipo de la generalización del derecho a la autonomía en todas las “regiones”, el resultado del pasado domingo es el anticipo de lo que va a ocurrir en todas las regiones españolas y en los grandes municipios del país en mayo. Y Catalunya, repito, es el punto de “contacto”.
Pero entre el 28F de 1980 y el 2 de diciembre de 2018 hay, sobre todo, “separación”, que es para lo que esencialmente están pensadas las fronteras. La del 28F de 1980 fue una reacción al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Adolfo Suárez y los nacionalismos vasco y catalán, que permitió la aprobación de los Estatutos de Autonomía de ambas “nacionalidades”. Fue una reacción frente a lo que en Andalucía se entendió como “parcialidad territorial” por parte del Gobierno de la Nación en la interpretación de la Constitución Territorial. La interpretación de la Constitución no debía hacerse en clave nacionalista, sino que debía hacerse como un problema general de la estructura del Estado. Era el Estado en su totalidad el que debería “territorializarse”, con la extensión del ejercicio del derecho a la autonomía también a las “regiones”. Obviamente, en el referéndum votábamos solo los andaluces, pero con su resultado se fijó la norma para la descentralización política de todas las “regiones”.
El referéndum del 28F fue un referéndum que tiene su origen en el acuerdo entre el Gobierno de la Nación y Catalunya y País Vasco, pero que se dirigió contra el Gobierno de Adolfo Suárez exclusivamente, que pretendió excluir a las “regiones” del ejercicio del derecho a la autonomía que había sido reconocido para estas dos “nacionalidades”. No hubo antinacionalismo en aquella manifestación de voluntad del cuerpo electoral andaluz. Al contrario: la autonomía catalana y vasca fue un espejo en el que mirarse. Sí hubo un rechazo muy intenso de la “parcialidad territorial” del Gobierno de la Nación. Pero lo que se pretendía era algo en positivo. Que Andalucía se constituyera en comunidad autónoma en los mismos términos en que lo habían hecho Catalunya y País vasco. Del éxito político, que no jurídico, de aquel referéndum derivaron los Pactos Autonómicos de 1981 y la construcción del Estado de las Autonomías. El impacto del referéndum fue positivo. Para Andalucía y para España. Permitió la construcción del Estado más legítimo y eficaz que ha tenido España en toda su historia.
La del 2 de diciembre de 2018, por el contrario, ha sido una manifestación de voluntad completamente negativa. El anticatalanismo ha sido la nota dominante. Los partidos de izquierda que intentaron que la campaña electoral se desarrollara en clave andaluza no consiguieron conectar con los electores, mientras que los partidos de derecha que han planteado la campaña en clave de nacionalismo español frente a nacionalismo catalán, sí lo consiguieron. La fragmentación de la derecha incluso les vino bien los tres partidos. Ese vínculo de unión entre las tres opciones ha favorecido que no se perdiera ni un voto. El éxito ha sido inequívoco.
Queda por ver ahora cómo se gestiona dicho éxito. Y si es compatible la gestión del mismo con el Estado de las Autonomías tal como se ha constituido a lo largo de estos últimos casi cuarenta años. En la puja por ver quién era más anticatalanista, se han ido deslizando propuestas de acabar con la descentralización política y volver al Estado unitario y centralista (Vox), aplicación del 155 CE a Catalunya de manera inmediata e indefinida (Todos), atribución al Estado de la competencia en materia educativa (Ciudadanos y PP), prohibición de partidos nacionalistas, barrera electoral con referencia al censo electoral de todo el Estado con la finalidad de que los partidos nacionalistas no tengan acceso al Congreso de los Diputados (Ciudadanos)y otras varias.
Ninguna de ellas es compatible con el Estado de las Autonomías como ha venido operando en estas últimas décadas. Veremos qué ocurre a partir de ahora. ‘El futuro del Estado de la democracia en España’ fue el título del artículo que publiqué aquí el 24 de noviembre. Sostenía la tesis de que en las elecciones del 2 de diciembre se iba a jugar el futuro del Estado de las Autonomías. Tengo la impresión de que el resultado electoral ha introducido un factor de profunda incertidumbre.
Si el 28F de 1980 los andaluces contribuimos decisivamente a hacer el Estado de las Autonomías, me temo que el 2 de diciembre podemos haber contribuido a deshacerlo.