“No hay espacio para la impunidad”, repite contundente Pedro Sánchez en la entrevista concedida este miércoles a elDiario.es e infoLibre. Lo hace en referencia a lo que denomina “informaciones perturbadoras” sobre el rey emérito y la fortuna multimillonaria que presuntamente oculta Juan Carlos I en cuentas y sociedades radicadas en paraísos fiscales. El presidente del Gobierno da un paso más para hacer creíble lo que por muchos motivos se quedaría si no en un simple eslogan ya muy gastado, y sugiere que la “inviolabilidad” del rey debe limitarse constitucionalmente a su actividad como Jefe del Estado, “y no a otra”, aplicando al asunto la misma argumentación que sujeta la reforma pendiente de los aforamientos de cargos públicos.
Ya iba siendo hora de empezar a llamar a las cosas por su nombre. La inviolabilidad del rey tiene tanto fundamento como la infalibilidad del papa. Que tal cosa esté escrita en la Constitución y sigamos aceptándola después de 40 años de democracia no significa que no nos parezca una solemne bobada. Debería ser obvio a todos los efectos que el blindaje de la Jefatura del Estado en sus acciones políticas no tiene nada que ver con una supuesta protección total ante latrocinios, irregularidades o delitos de cualquier índole que pueda cometer el titular de la misma. Si la monarquía parlamentaria es una solución pragmática para vestir de legitimidad democrática un régimen anacrónico de gobierno, lo de la inviolabilidad del rey es simplemente una antigualla que ofende a la inteligencia de una ciudadanía empoderada y contribuyente. De hecho, Felipe VI y Leticia Ortiz tendrían que ser, a estas alturas de este pandémico siglo, los primeros interesados en renunciar al dudoso privilegio que supone poder teóricamente hacer lo que les venga en su “real” gana al margen de las leyes. Por ese camino a la corona le quedan no muchos telediarios. Ellos sabrán.
Lo que Sánchez sugiere en esta entrevista es simplemente poner al día la arquitectura del sistema. Se echarán, seguro, las manos a la cabeza los eternos guardianes de las esencias
Lo que Sánchez sugiere en esta entrevista es simplemente poner al día la arquitectura del sistema. Se echarán, seguro, las manos a la cabeza los eternos guardianes de las esencias, ya sean “jóvenes” como Casado y Abascal o “mayores” como Felipe González, Cebrián u otros jarrones castizos. Si de algo hemos andado sobrados desde finales de los 70 es de vigilantes estrictos de la Constitución. Eso sí, de manera muy selectiva. Siempre ha habido mucho más interés en interpretar de forma cerrada y estricta lo que se refiere a privilegios de las élites que lo que pudiera albergar la extensión de derechos sociales. Ya saben: la progresividad fiscal, la vivienda digna, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera.
¿En serio alguien defiende que constitucionalmente un rey de quien se demuestre que ha violado a menores es jurídicamente inviolable? Lo más triste y grave es que en este país no tenga el mismo grado de rechazo social el presunto blanqueo de capitales y la acumulación de una fortuna multimillonaria e irregular que el homicidio involuntario o el abuso de menores. En España llevamos dos siglos largos considerando “antisistema” a cualquiera que ose destapar las vergüenzas de las élites, y un monarca que acumule patrimonio a espaldas de la Hacienda pública viene a ser considerado, como mucho, un “pícaro”, un listillo, un aprovechado, un Borbón cuyo padre ya proclamó de muy joven aquello de “¡nunca volveré a pasar hambre!” (que tampoco ha sido el caso, por cierto, de los borbones).
De modo que no se alarme nadie por lo que de forma muy moderada y sutil admite Sánchez en la entrevista que hoy publicamos. Lo verdaderamente antisistema es seguir permitiendo que se viole impunemente la democracia. Que funcionarios de policía dedicasen recursos públicos a espiar a adversarios políticos del gobierno de turno, o a periodistas, o a empresarios que legítimamente optaban a lograr la mayoría accionarial de un banco (ver aquí). Lo antisistema es que un rey, más o menos emérito, utilizara sociedades o fundaciones en Panamá para ocultar millones de euros de procedencia injustificable (ver aquí). Lo antisistema es que a estas alturas aún se ponga en duda que cualquier movimiento de ese dinero realizado con posterioridad a la abdicación de Juan Carlos I debe ser perseguido sin la menor duda de carácter constitucional (ver aquí). Lo antisistema es no admitir que si en 2014 se improvisó de forma chapucera una norma para proteger al rey emérito y otros familiares como aforados (ver aquí), ahora se pretenda impedir que el Supremo juzgue presuntos delitos del emérito denunciados por una examante y documentados por la fiscalía suiza.
Lo de “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal” no es un invento de Adolfo Suárez, ni de su redactor de discursos Fernando Ónega, ni del presunto cerebro de la transición Torcuato Fernández Miranda… Es obligatorio en la evolución de una democracia sana. Por mucho que sigan gritando algunos que se empeñan en mantener usos y abusos dignos del turnismo de la Restauración decimonónica. Hace sólo unos días han pretendido acaparar la memoria de los muertos por el COVID en un funeral organizado por la iglesia católica y arropado por las derechas. ¿Hace falta explicar que en una democracia laica, constitucionalmente aconfesional, todo homenaje de Estado debe ser estrictamente laico y aconfesional o, como mínimo, multirreligioso?
Pues eso. Lo que debe ser inviolable no es la Jefatura del Estado, sino la propia democracia.