Si no hay una investidura el 23 de septiembre, se disolverán las cámaras, y se convocará las elecciones para el 10 de noviembre. Por las informaciones publicadas, parece que el PSOE prefiere un gobierno en solitario y UP un gobierno de coalición. El PSOE parece que está intentando retrasar mucho el inicio de las negociaciones para así dejar a UP sin margen para hacer contraofertas, y se vean más obligados a aceptar acuerdos “a la baja”. Tampoco han iniciado negociaciones con otras formaciones como el PNV, lo que indica que las intenciones de llegar a acuerdos no son muy altas.
En estas épocas de negociación, es difícil descifrar cuáles son las preferencias reales de cada formación política. Sin embargo, parece que el PSOE y, en menor medida, UP no tienen mucho miedo a volver a celebrar elecciones. Para ambos parece que puede ser su segunda preferencia. De hecho, si hacemos caso a las encuestas que se han publicado en los últimos días, el PSOE podría ganar apoyo, y UP no sufriría un embate muy pronunciado, pudiendo mantener muchos de los votos. Además, estas encuestas pronostican una mayoría absoluta del PSOE con UP, ya que descendería el apoyo de Cs y Vox.
Sin embargo, además de que con este tipo de encuestas resulta difícil calcular los escaños que finalmente puede obtener cada partido, es complicado identificar el nivel de participación electoral que se va a alcanzar. Es decir, los encuestados pueden declarar su intención de ir a votar, porque está socialmente más aceptado, pero luego pueden cambiar su comportamiento en la jornada de los comicios y quedarse en casa, como ya pasó en las elecciones de 2016.
Tener en cuenta el nivel de participación es especialmente relevante porque los abstencionistas tienen un perfil determinado, y suelen afectar a partidos concretos. En general, tienden a tener niveles menores de educación o de ingresos. Aquellos que provienen de clases económicas más pudientes, se han socializado en círculos donde tienen más recursos de tiempo, de educación y dinero para entender la política y hacer lo que les conviene más, dando mucha más importancia a obligación moral de votar. La edad es otro factor que afecta a la probabilidad de ir a las urnas. Aquellos que son jóvenes se encuentran más alejados de las problemáticas de la vida adulta, y tienden a votar mucho menos. Así, los jóvenes y gente de clase trabajadora, que son los que acostumbran a votar más a PSOE o UP, son aquellos que tienen más probabilidad de no ir a votar en la siguiente cita electoral.
Por otra parte, a los ciudadanos, al ver la imposibilidad de formar gobierno de las fuerzas de la izquierda puede invadirles un sentimiento de alejamiento hacia las instituciones o tener fatiga electoral, y desmovilizarlos en los siguientes comicios. De hecho, en las elecciones de junio de 2016, tuvo el mayor nivel de abstención desde que se instauró la democracia en las elecciones generales, un 66,4%. Además, en un contexto donde se ha ido normalizando la presencia de Vox en las instituciones, va a resultar más difícil que se apele a una campaña del miedo, como ocurrió en las elecciones de 2019. Aquellos que se habían movilizado por este hecho en las anteriores elecciones, se queden el domingo en casa para las siguientes.
No se puede olvidar el efecto del conflicto territorial entre el Estado y Catalunya en la formación del gobierno. Los partidos independentistas pueden ser necesarios ante una posible investidura, como lo son actualmente. Sin embargo, conseguir el apoyo de estas formaciones después de una sentencia dura sobre “el procés”, va a resultar muy difícil, y va a agravar el conflicto que existe. Incluso esta sentencia podría modificar el patrón de voto en Catalunya.
En definitiva, muchas veces existe una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Ante unas nuevas elecciones, el nivel de abstención se puede elevar mucho. Pudiendo afectar negativamente, especialmente, a las fuerzas de izquierda. Si se convocan unas nuevas elecciones, los partidos tendrán trabajo para movilizar ese voto.