Decir que los jóvenes “lo tienen todo” cuando los datos demuestran que no tienen cubiertas necesidades básicas como la vivienda no es otra cosa que alimentar la estigmatización y el enfrentamiento entre generaciones. Ayuso se ha unido con esta afirmación a la oleada de declaraciones contra los jóvenes de los últimos días. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, “la falta cultura del esfuerzo se ha ido perdiendo”. Un discurso que va en la misma línea de quienes dicen que los jóvenes “no están preparados” y están “hiperprotegidos”, mientras aseguran que la solución al difícil acceso a la vivienda es que se vayan de las grandes ciudades. Pero los datos dicen lo contrario y demuestran que de lo que estamos hablando es de estigmatizar a una generación. De todos modos, ¿qué pasa si así fuera, si los jóvenes tuvieran una vida mejor que la de otras generaciones? ¿Acaso no sería un triunfo del progreso? ¿O no queremos que las futuras generaciones vivan mejor que las anteriores?
No es la primera vez que ante una crisis se echan balones fuera cuando se habla de cómo garantizar el futuro de los jóvenes. Ya ocurrió con la anterior, de la que salió el 15M, por cierto. Y, como entonces, conviene hablar de lo que estas voces quieren negar.
No se puede decir que una persona “lo tiene todo” cuando no tiene acceso a un techo bajo el que vivir. Las personas jóvenes no cobran suficiente como para emanciparse. Como señalaba Business Insider, los menores de 34 años solo pueden permitirse un alquiler de 320 euros al mes, cuando el precio medio de un piso está en 850 euros. De hecho, la edad de emancipación en 2021 fue de 29,8 años, mientras que la media en la UE es de 26,5 años, según los últimos datos de Eurostat. De manera que vivir de forma independiente, cuando eres joven, “se convierte en una utopía”. Y esto es consecuencia de precios de la vivienda inalcanzables con bajos salarios y una “inflación galopante”.
Vivir solos en una vivienda digna no se soluciona yéndote a Móstoles como se sugirió en un programa de televisión. Basta con hacerse la pregunta de qué porcentaje destinas de tu salario a pagar el alquiler. Lo recomendado es un 30% del sueldo. Como explicaba el pasado julio un banco español en su web, si se tiene en cuenta el SMI, aplicando a esta cantidad el 30% veríamos que una persona con el salario mínimo “solo podría aspirar a un alquiler de aproximadamente 330 euros al mes por persona”. Y, si se considera un salario mensual neto de 1.500 euros, el alquiler medio que nos podríamos permitir es 450 euros mensuales, “un importe complicado de conseguir en muchas ciudades españolas”- reconocían.
En este contexto se entiende la avalancha de peticiones que ha habido para solicitar el bono joven del alquiler para personas de entre 18 y 35 años. Una medida que es necesaria, pero no debería serlo si la juventud tuviera las condiciones para poder pagar un alquiler normal. Porque la solución no son ayudas, es una medida paliativa imprescindible en circunstancias como la actual, no dejan de ser medidas temporales que no resolverán un problema enquistado en el tiempo. Porque, seguramente, estas personas preferirán tener la autonomía de poder pagar por una vivienda antes que depender de una ayuda para acceder a una vivienda digna.
Lo que está claro es que el problema es real. Medios internacionales se han hecho eco de la “misión imposible de los jóvenes de comprar una vivienda, en España”. Euronews subrayaba hace unos días que los altos precios, combinados con los bajos ahorros y la inestabilidad laboral, hacen que “tan solo un 5% de los jóvenes españoles puedan convertirse en propietarios”.
Sin embargo, y a pesar de la gravedad de la situación, aún hay quienes se permiten frivolizar y acusar a los jóvenes de estar sobreprotegidos. Utilizando una situación de vulnerabilidad para atacar al adversario político, como han hecho este lunes Ayuso y Almeida, que se dirigió a los jóvenes diciendo: “La izquierda no quiere que vosotros decidáis por vosotros mismos. La izquierda quiere resolveros los problemas, haceros dependientes, cautivos...”. Supongo que con esto no se referirá al bono joven del alquiler que aprobó el Gobierno y que comunidades autónomas como la de Madrid se encargarán de repartir a la ciudadanía. De lo contrario, el PP estaría contribuyendo a esa “sobreprotección” que critican. Pero, la acusación de sobreprotección no es nueva y ya se usó en la crisis de 2008 para negar y perpetuar la precariedad y el paro juvenil hasta normalizarlo. En ese momento la suerte era tener trabajo, a cambio de cualquier salario.
Con los datos en la mano, cabe preguntarse en qué se fundamentan las voces que atribuyen privilegios a un colectivo que está en situación de precariedad. Para unos será el desconocimiento, para otros réditos políticos, a saber. Lo grave son las consecuencias de estos discursos: el enfrentamiento entre generaciones y el fomento de la desafección política.
Quizá esta estigmatización tenga que ver con respaldar a los verdaderamente privilegiados, a aquellos que no quieren ceder privilegios para que mejoren las condiciones de vida del resto. Es lo del “viejo debate entre ricos y pobres” que criticaba hace unas semanas el expresidente Mariano Rajoy. No hay más que ver el revuelo que generaron algunos con la subida del SMI. Pero, claro. Negarse a estas medidas es impopular, y necesitarán adeptos para justificar que sus privilegios están por delante de las condiciones mínimas de vida de una mayoría. Lo que revela que no hablamos solo de la situación de los jóvenes, sino de una mayoría social que está pasando por una situación similar. La reivindicación es la misma: tener cubiertas las necesidades básicas para vivir dignamente. Lo exigieron este fin de semana miles de sanitarios y sanitarias este fin de semana cuando salieron a las calles de Madrid para pedir condiciones laborales y sanitarias dignas. Una muestra más de que la precariedad atraviesa a toda la sociedad y que lo que está en juego es la calidad de vida de millones de personas, sean de la generación que sean.