Jueces, políticos y excepcionalidad

En varias de las informaciones contextualizadoras del juicio a José Luis Trapero y la cúpula de los Mossos d'Esquadra se resaltaba la figura de la juez Concepción Espejel caracterizándola como amiga de Dolores de Cospedal (y por eso recusada en el juicio del caso Gürtel). En otro contexto esta información sería más bien propia de la prensa rosa que de la crónica política pero a día de hoy se trata de un dato importante. La relación entre política y justicia ha devenido central en el llamado proceso de judicialización de la política alrededor del procés y por eso se pone el foco en la cuestión. Ahora bien, esta vinculación entre ambas esferas se lleva a cabo a través de dinámicas distintas, que tienen relación, pero que conviene analizar separadamente.

En primer lugar, se ha producido una suerte de activismo judicial. Se ha activado un comportamiento corporativo en la cúpula de la magistratura destinado a la salvación de la unidad de España. Así pues, frente a una supuesta inacción de los líderes políticos hacia el desafío independentista, ellos toman las riendas en el contencioso. La alta magistratura entendía que se debía erigir como partisana en la defensa de un bien superior que afectaba al Estado. Este tipo de prácticas tienen más que ver con dinámicas endógenas de una élite judicial que con presiones externas. El uso del derecho con finalidades políticas, para proteger a un supuesto bien superior, no es la primera vez que se produce.

Podemos remontarnos, por ejemplo, al último periodo de la llamada lucha antiterrorista para encontrar lógicas similares. La construcción de los macrosumarios contra el “entorno” de ETA (sumario 18/98 y más), alargando como un chicle el concepto de terrorismo en manos del juez instructor Baltasar Garzón, normaliza este tipo de prácticas. Personas y colectivos que hasta el momento habían desarrollado actividades políticas y sociales publicas y legales pasan a ser acusados de pertenencia a banda armada.

Según mi opinión, hay mucho de activismo judicial en la primera fase del fenómeno de la judicialización de la crisis catalana. A pesar del papel activo de la Fiscalía General del Estado, mi hipótesis es que en el momento de los “hechos de octubre” hay más interés en escalar la dinámica represiva en jueces que en políticos. Además, no todos los protagonistas que activan la maquinaria judicializadora pueden tildarse de conservadores.

Desde el encarcelamiento de los líderes independentistas (16 de octubre y 2 de noviembre de 2017) hasta el triunfo de la moción de censura a Mariano Rajoy (1 de junio 2018) y, sobre todo, hasta la victoria en las urnas de Pedro Sánchez (28 abril 2019), puede afirmarse que el protagonismo de la gestión del contencioso recae en los jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

En segundo lugar, actúa una relación a modo de correa de transmisión entre políticos y magistrados. Es decir que, bien por convencimiento, bien a cambio de ciertos tratos de favor dentro de la carrera judicial, algunos magistrados actúan en beneficio de “su” partido. En este sentido, el PP, a partir del paso de Gallardón por el Ministerio de Justicia, ha conseguido consolidar mayorías conservadoras en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional y, de manera derivada, en la Junta Electoral Central. No solo se trata de mayorías conservadoras sino de jueces y juezas con una importante vinculación y compromiso con dirigentes del PP. Sin entrar a juzgar su valía profesional, lo cierto es que en la elección de algunos de ellos ha primado más su fidelidad partidista a otro tipo de consideraciones.

La voluntad de politizar, en el sentido de partidificar, la cúpula judicial la encontramos ya en tiempos de José Luís Rodríguez Zapatero. Con el objetivo de desgastar al gobierno socialista, el PP de Mariano Rajoy inicia una campaña contra el Estatut de Catalunya, a la vez que bloquea la renovación del propio Tribunal Constitucional que es quien debe tomar cartas en el asunto. Si hasta el momento el TC, con mayorías progresistas o conservadoras, había gozado de un importante consenso, a partir de aquel momento pasa a ser objeto de sospecha. Se partidifica una institución del Estado. Y de aquellos tiempos, esos lodos. La partidificación ha ido avanzando en toda la cúpula judicial.

Con la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez, la guerra judicial contra el Gobierno se activa. La lógica de actuación ya es exógena. El protagonismo de la judicialización de la política (o en su vertiente contraria, la resistencia a desjudicializar) pasa de la élite judicial a la esfera política. Son los dirigentes del PP de Casado los que mueven fichas e intervienen en el poder judicial para que no se distensione el contencioso. Saben que el éxito del Gobierno de Sánchez depende en gran parte de la capacidad de gestionar la crisis catalana que pasa, en un primer momento, por bajar el acelerador en la esfera judicial.

En definitiva, estamos frente a dos fenómenos que dan cuenta del excepcionalismo penal en relación con la crisis catalana. La cultura de la emergencia escala conflictos, a la vez que degrada el Estado de derecho y la propia democracia. Es evidente que el poder judicial español requiere de transformaciones. Quizá de modo inmediato lo más importante sea cosa de nombres: cambiar determinadas piezas en el organigrama. Y a ese objetivo responde, por ejemplo, el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Ahora bien, existen importantes retos de fondo que deben empezarse a plantear.

En primer lugar el proceso de selección y formación de magistrados, que genera sesgos de clase, ideológicos y de origen en los 5.400 jueces españoles, y que mantiene una cultura jurídica muy anquilosada en el pasado. En segundo lugar, el gobierno de los jueces: ¿debemos replantear como se elige el CGPJ y como este hace los nombramientos? No es tarea fácil, no existen soluciones mágicas. Además, aquello que ha pervertido más el sistema no es tanto la política sino el partidismo. Al nuevo gobierno y a su mayoría parlamentaria se les echa trabajo encima.