Jueces y fiscales contra la estupidez
Desde que en diciembre pasado Vox se convirtió en el quinto actor de la escena política nacional consiguiendo doce escaños en el Parlamento de Andalucía, las majaderías sobre violencia machista que se sueltan impunemente en el debate público se han multiplicado.
Es lo que piensan los jueces y fiscales especializados en esta materia, que en los últimos meses han seguido trabajando, dictando sentencias, presentando acusaciones y consolidando jurisprudencia, mientras escuchaban cómo un fenómeno criminal que ha causado ya más muertes que el terrorismo de ETA se presenta como una cuestión intrafamiliar desvinculada del machismo y se menosprecia el trabajo de las asociaciones que ayudan a las víctimas, estigmatizadas como “chiringuitos” puestos al servicio de la “dictadura progre feminazi”.
La sentencia que el Supremo ha dictado contra los cinco miembros de 'la manada' es un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo machista y no sólo porque consolida la doctrina de que para tipificar unos hechos como agresión sexual no es necesario “una resistencia heroica por parte de la víctima”, como defendió en una soberbia intervención la fiscal Isabel Rodríguez.
También porque lanza a todas las manadas de España el mensaje de que, aunque en este caso no se haya podido hacer por un error de las acusaciones en la calificación jurídica, en el futuro se tipificará cada una de las violaciones como un delito autónomo de agresión sexual que será atribuible al violador como autor y a los demás como cooperadores necesarios. Es decir, que a poco que vayan sumando penas, los criminales sexuales estarán en prisión los veinte años de cumplimiento máximo para este tipo de delitos.
Mientras Francisco Serrano, juez en excedencia y líder de Vox en Andalucía, defiende que “hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión”, el Supremo ha ido perfilando su jurisprudencia sobre la violencia necesaria para aplicar el tipo de agresión sexual. Lo hizo el 25 de abril al condenar a un hombre que violó a una mujer en 2016 en el baño de un bar de Alsasua tras agarrarla por los brazos, voltearla con fuerza y provocarle una contusión. Y el 14 de mayo al aplicar este mismo delito a otro violador que forzó a una mujer en su casa de Avilés en 2017 tras darle un tirón en el pelo y sujetarla con los antebrazos a la altura del cuello.
Serrano utiliza su tribuna en el Parlamento andaluz para llamar “putas, brujas o bolleras” a las “piojosas de ultraizquierda” mientras sus compañeros en el Tribunal Supremo continúan modernizando la jurisprudencia. El 19 de noviembre pasado la Sala Segunda, con ponencia del ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, dictó una sentencia en la que se consolidaba la agravante de género, que debe aplicarse a todos los casos en los que se actúe contra una mujer por el mero hecho de serlo, sin que exista la necesidad de que entre el autor del delito y la víctima exista algún tipo de relación. Esta agravante puede sumarse a la de parentesco, que sí requiere que entre ambos exista una relación familiar o de pareja. El 26 de febrero se dictó otra sentencia, escrita por el magistrado Luciano Varela, en la que se establecía que para aplicar esa agravante no es necesario que exista una intención específica de querer humillar a la víctima sino que basta con que la situación sea humillante para ella.
Al tiempo que Serrano, o el escriba al que atribuye haber usurpado su cuenta de Facebook, sostienen que la prostitución será el único refugio para que los hombres puedan tener relaciones “seguras” con las mujeres, el alto tribunal sentencia que el “débito conyugal” no existe. Lo hizo el 21 de mayo pasado en una resolución redactada por el juez Vicente Magro en la que condenaba a nueve años de cárcel por agresión sexual a un hombre que golpeó y violó a su mujer tras reprocharle que debía mantener relaciones sexuales con él con el siguiente argumento: “Es tu obligación, que es domingo y toca”.
Mientras el juez de Vox carga contra “la turba feminista supremacista” y es corregido incluso por la dirección del partido de extrema derecha, que también considera que se ha pasado de frenada, el Supremo consolida en sus sentencias la veracidad del testimonio de las víctimas de violencia machista cuando han existido episodios previos de maltrato o destaca la importancia del “lenguaje gestual” a la hora de valorar su credibilidad.
Es lo que hizo la fiscal del caso de 'la manada', Elena Sarasate, que defendió en El Objetivo de laSexta que el relato que realizó la víctima desde el momento en el que pidió ayuda, llorando, a dos policías locales de Pamplona fue “absolutamente veraz” y que no es lícito poner en cuestión su comportamiento porque en un procedimiento penal “solo se enjuicia a los acusados”. Está demostrado. Los jueces y fiscales que trabajan de forma callada, que hablan poco pero alto y claro en sus informes y sentencias, son el mejor antídoto contra la estupidez.
