Es hora de que el Tribunal Supremo ponga fin a estas ilegales prácticas
El diablo está en los detalles, sobre todo cuando a los detalles es difícil seguirles la pista. Todo un Parlamento prohibió al CGPJ seguir haciendo nombramientos de cargos judiciales, pero eso no impidió una práctica que viene de lejos: la de colar jueces a dedo en puestos clave. Esa gatera por la que jueces convenientes acceden a puestos sensibles se encuentra en la posibilidad de nombrar jueces de refuerzo, “en comisión de servicio” que debe limitarse a un periodo máximo de dos años.
¿Un periodo máximo? Va a ser que no. En la Audiencia Nacional hay una pléyade de magistrados nombrados a propuesta de una Sala de Gobierno de mayoría conservadora y autorizados por una Comisión Permanente del CGPJ de igual signo, que están trabajando en fraude de ley en asuntos especialmente sensibles para el Partido Popular o bien tienen un asentamiento en tránsito hacia nombramientos ahora paralizados. Lo de la ilegalidad y el fraude de ley no lo digo yo, lo dice un magistrado con plaza en la AN por escalafón, como manda la ley, al que se le han hinchado las narices y ha presentado una demanda ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo para impugnar uno de estos casos.
“La existencia de estos nombramientos ilegales causa estupor” —dice el magistrado en un recurso contra una de esas renovaciones que no escatima detalles—: “En la AN, en la Sala de lo Penal, en los juzgados centrales y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo se han venido aprobando comisiones de servicio con relevación de funciones que perduran más de los dos años fijados en el artículo 350.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, llegando a extenderse 5,6 años y hasta los 7 años”. No crean que la fórmula para que tanto los que les nombran como los magistrados en comisión se salten la ley es muy sutil o elaborada, el demandante también resalta el modus operandi : “La forma de llevarlo a cabo (...) transcurridos los dos años se vuelven a sacar a concurso las comisiones, adjudicándoselas a los mismos invocando como mérito preferencial el tener experiencia por haber estado ya en ellas”. No lo hacen tampoco de forma inocente: “Y muchas de ellas para resolver asuntos altamente sensibles como la corrupción política”. Y es que tales refuerzos se piden teóricamente para hacer frente a la alta carga de trabajo de un órgano judicial que, desaparecido el terrorismo, se circunscribe precisamente a los múltiples procesos complejos contra la corrupción, básicamente del PP.
Así que saltándose el artículo 350.1 de la LOPJ y el artículo 177 del Reglamento de la Carrera Judicial —que son claros y no interpretables— tenemos a magistrados como Joaquín Delgado, María Fernanda García Pérez, Ana María Rubio Encinas, Alejandro Abascal o Joaquín Gadea que continúan ejerciendo jurisdicción en esas circunstancias pero no constituyen, a todas luces, el juez predeterminado por la ley que exige el Estado de Derecho. Delgado, ex alto cargo del PP como director general, lleva en comisión tres años, él mismo lo proclama en su LinkedIn, y fue recusado por el PSOE en juicios de Gürtel por su relación política. La comisión de María Fernanda ya aparece mencionada en la Memoria de 2018, cuenten años, y la de Abascal se inicia en 2016 y tras una interrupción, vuelve desde 2019 en diferentes versiones de comisión aprovechando esa “experiencia” que siempre lo coloca por encima de otros. Ana María Rubio fue nombrada por primera vez en comisión en 2016. En otra sala, la Contencioso-Administrativa, Rafael Villafañez, contra cuya designación apunta el recurso, lleva en comisión dos años y seis meses y se le pide ahora otra renovación.
Esas plazas, de ser necesarias, deberían dotarse y cubrirse por magistrados que concursaran por escalafón o ser cubiertas por nuevos comisionados, pero entonces no habría una conveniente puerta trasera. Esto, evidentemente, ataca los derechos del justiciable, vulnera la ley y perjudica a otros miembros de la carrera judicial con número suficiente para solicitarlas. Puro caciquismo. Nepotismo ilegal. Es más, estas comisiones dejan en descubierto las plazas en propiedad de los comisionados durante años y, por ese motivo, el TSJM ha informado siempre negativamente la prórroga de comisiones de Alejandro Abascal y de María Reyes Jimeno, por poner dos ejemplos.
Esto no tiene visos de acabar. El pasado 27 de abril la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional deliberaba sobre una nueva comisión de servicio en la Sala de lo Penal. Había siete peticionarios. Según el acta se realizó una valoración y ponderaron a tres magistrados: Ignacio González-Vega (1.462 en el escalafón), Ricardo Rodríguez (1.908) y el ínclito Alejandro Abascal (3.852), que por cierto tiene que dejar el juzgado en el que está en comisión actualmente porque ha vuelto Luis Francisco de Jorge, su titular real. Bien, pues la AN decidió proponer una dupla compuesta por Rodríguez y Abascal, básicamente porque los dos ya habían estado en comisión antes (modus operandi habitual). Rodríguez salió de su anterior paso por la Sala no precisamente con loas, pero es amigo de Espejel, y Abascal no ha estado en su vida en un órgano colegiado pero tiene otros muchos amigos, al parecer.
La decisión debía haber sido tomada definitivamente en la Comisión Permanente del pasado jueves, pero no llegó a aprobarse. No pude, pues, ganar la apuesta de que el agraciado sería indefectiblemente Alejandro Abascal, el inefable magistrado con una flor. El nombramiento se detuvo, según mis fuentes, porque Justicia no la había dotado, es decir, que no había pasta para pagar el sueldo. Algo parece estar cambiando. Tengo todas conmigo de que no ha sido un despiste sino de que en el Ministerio han tomado conciencia de lo que está pasando. Puede que esta comisión no se dote y hasta que dejen de dotarse el resto de las que están por renovar. En esa misma Sala de Gobierno se solicitó la renovación de las comisiones de Joaquín Delgado, José Pedro Vázquez, Fermín Echarri, María Reyes Jimeno —que lleva desde 2015 en tan sensible puesto como el Juzgado Central de Vigilancia— y de Joaquín Gadea.
Es duro que sea el dinero el que tenga que acabar con este fraude de ley infame, pero sería un consuelo. Es inadmisible que desde los órganos gubernativos de los tribunales y desde el Consejo se esté burlando la ley de esta forma con argucias tan burdas y evidentes que dan sonrojo. Los propios miembros de la carrera judicial deberían reaccionar ante un enchufismo que proporciona carreras brillantes a algunos tocados por dioses con nombre y apellidos mientras les condenan a ellos —incluso con mejor número— a no poder optar a mejores plazas. El paso siguiente sería que el Tribunal Supremo dejara claro que no va a tolerar más estas felonías porque al ciudadano le asisten derechos constitucionales y porque es un cachondeo que sean jueces los que se salten a la torera la ley.