Leo todas las noticias que encuentro sobre la dimisión del primer ministro de Luxemburgo por un escándalo de espionaje, y por ninguna parte encuentro el nombre del juez que inició la investigación, lo llamó a declarar o lo imputó. Busco y rebusco, porque me cuesta creer que alguien pueda dimitir tras “sólo” una comisión de investigación, un debate parlamentario y una votación.
Qué raros son estos luxemburgueses, pensarán nuestros dirigentes políticos, atornillados a sus sillones de los que no los mueve una comisión de investigación por mucho que desvele, ni un debate por adverso que sea, ni una votación aunque los deje solos. Aquí todo pasa por los tribunales, y si alguien acaba perdiendo su silla no será por presión parlamentaria, ni ciudadana ni periodística, sino porque sea condenado, y a veces ni por esas.
Dudo que vaya a ocurrir, pero si Rajoy dimitiese por la corrupción del PP, el gobierno andaluz cayese bajo sus ERE, o incluso la monarquía se derrumbase, no sería por obra de millones de manifestantes ni de ninguna investigación parlamentaria, sino por una decisión de los ya famosos Ruz, Alaya y Castro.
Lo mismo podríamos decir de las políticas de la crisis. Los únicos capaces de paralizar la privatización sanitaria son los jueces, después de que el gobierno madrileño ignorase la marea blanca y se echase unas risas en el parlamento regional. O el agujero negro de Bankia, preferentes incluidas: mientras el gobierno se lavaba las manos, han sido algunos jueces los que han sentado en el banquillo a directivos o han obligado a las entidades a devolver su dinero a los estafados.
Lo de la judicialización de la política viene de lejos, y nos hemos acostumbrado a que cualquier decisión política que suscita rechazo acabe sobre la mesa de un juez, incluido el Constitucional, que lo mismo suspende el decreto antidesahucios andaluz que la declaración soberanista catalana. También los ciudadanos vemos los tribunales como el lugar donde conseguir lo que no logramos ni en la calle ni votando, donde encontrar el amparo o la reparación que esta democracia nos niega.
Habrá quien lo vea por el lado bueno, y tome toda esta hiperactividad judicial como una prueba del buen funcionamiento de la Justicia, un motivo para confiar en ella. Pero un país que se pasa el día leyendo autos y sumarios para aclarar su vida política es un país donde la democracia falla. Un país donde un gobernante no da explicaciones hasta que un juez no lo llame a declarar.
Incluso el periodismo se ha vuelto cada vez más dependiente de la acción judicial, y lo que llamamos periodismo de investigación suele ser poco más que una filtración de un sumario.
Por supuesto que los jueces tienen que actuar allá donde haya delito. Pero si la palabra democrática es sustituida por la prosa jurídica, el juego cambia, y sobre todo sus reglas. Los tiempos de la Justicia son otros, y también sus consecuencias, que no son políticas sino penales, e incluyen prescripciones, anulaciones de pruebas, tretas de abogados, fiscales dirigidos, jueces afines, recursos interminables, y hasta indultos.
Si la democracia queda en manos de los jueces, es imprescindible avanzar en la democratización de la Justicia, en el control ciudadano. Pero vamos hacia lo contrario: cada vez mayor control gubernamental sobre la administración de Justicia.